El testimonio de Patricia, vendedora ilegal del barrio Meiggs, vuelve a instalar la discusión sobre informalidad, permisos y subsistencia, en medio de los operativos de fiscalización y el endurecimiento del discurso contra el comercio ambulante.

“¿Dónde me van a dar un trabajo donde gane $2 millones?”. La pregunta, formulada sin rodeos por Patricia, vendedora ilegal del sector Meiggs, en una entrevista con el matinal de Chilevisión, resume una realidad que tensiona el debate público sobre el comercio ambulante, la informalidad laboral y las políticas de ordenamiento urbano en Santiago.

Patricia aseguró que el comercio informal es la única actividad que hoy le permite sostener a su familia, considerando que debe pagar arriendo, mantener a sus tres hijos y costear la residencia de su madre, quien padece Alzheimer. En ese contexto, sostuvo que abandonar esta fuente de ingresos no es una alternativa viable frente a la falta de oportunidades laborales que ofrezcan ingresos equivalentes.

La vendedora también reafirmó que ella y otras personas no buscan evadir responsabilidades, sino que aspiran a regularizar su situación, solicitando un permiso que les permita instalarse en algún puesto formal, pagando las patentes correspondientes y operando bajo reglas claras.

Su testimonio surge en un escenario marcado por operativos de desalojo, críticas al comercio informal y llamados a “recuperar el espacio público”, una discusión que, para muchos vendedores, omite las condiciones sociales y económicas que empujan a miles de personas a subsistir fuera del mercado laboral formal.

La experiencia de Patricia vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para el debate político: cómo se enfrenta la informalidad sin ofrecer alternativas reales, y hasta qué punto el orden urbano puede desligarse de la precariedad estructural que atraviesa a amplios sectores de la población.