La autoridad regional afirmó que, «la comunidad regional sabe perfectamente cuáles son las condiciones en que asumimos la gestión del gobierno regional«

Tras la publicación del CPLT sobre instruir sumarios sobre distintas gobernaciones regionales en relación a infracciones a normas de acceso a información pública, el Gobernador de La Araucanía, René Saffirio le respondió a la presidenta de la entidad Natalia González.

«Me llama profundamente la atención que el Consejo para la Transparencia solicite y haga referencia a un estudio que corresponde al periodo de enero de 2025 respecto del retraso de este gobierno regional en entregar la información necesaria respecto de la ley de transparencia».

Además la autoridad sostuvo que, «Esto porque el propio consejo para la transparencia debía informar de esta materia a más tardar al décimo día hábil de febrero de 2025. Sin embargo, recién hemos recibido el oficio 11191 del Consejo para la Transparencia el 15 de mayo de este año».

«En consecuencia, la comunidad regional sabe perfectamente cuáles son las condiciones en que asumimos la gestión del gobierno regional», respondió Saffirio.

Pero no se quedó ahí, porque dijo que, «un caos total, un órgano fracturado internamente, de con una intensa actividad investigativa por parte del Ministerio Público, del Consejo de Defensa del Estado y de la Contraloría General de la República que nos hizo poner el énfasis precisamente en aquellas materias más acuciantes y que más preocupaban a la comunidad».

«Al día de hoy el 100% de la información requerida por la Ley de Transparencia está disponible para todo todos los ciudadanos del país a través de la de la página web y que da cuenta del cumplimiento absoluto de todas y cada una de las obligaciones que como servicio público tenemos para con la probidad y la transparencia de nuestra gestión», indicó el Gobernador.

Finalmente sostuvo que, «a 6 días de haber asumido era prácticamente imposible abocarse con toda la disposición necesaria a este tipo de materia cuando estábamos frente a querellas, allanamientos, investigaciones, consultas de distintos organismos fiscalizadores e investigadores producto de las la mala gestión de los recursos del gobierno regional».