El país enfrenta uno de los errores tarifarios más graves de los últimos años. Un fallo metodológico de la Comisión Nacional de Energía y el Ministerio de Energía de Chile derivó en un sobre cobro de más de $112 mil millones a miles de usuarios.

Este error no solo afectó directamente a las familias, sino también distorsionó indicadores macroeconómicos, como el IPC y la UF, con efectos en créditos, arriendos y contratos indexados.

En este contexto, conversamos con Marcelo Carrasco, quien ha manifestado que ha existido una lenta y ambigua respuesta institucional.

Marcelo, usted ha señalado que la renuncia del ministro de energía era necesaria pero insuficiente. ¿Por qué?

La renuncia del ministro responde a una responsabilidad política evidente. Pero las personas no viven de gestos políticos, viven de su presupuesto familiar. Aquí el foco no debe ser solo quién renuncia, sino cómo y cuándo se devuelve la plata mal cobrada. Esto no puede quedar en manos de tecnicismos ni dilatarse meses. La gente ya pagó y espera justicia económica, no solo declaraciones.

¿Qué riesgos ve usted en la forma en que se está abordando la devolución?

Hoy no hay un cronograma claro. Se habla de fórmulas, de abonos, de negociaciones con las empresas eléctricas, pero no se habla de plazos vinculantes, de intereses compensatorios ni de garantías de equidad. Me preocupa que esto termine como en el caso de las Isapres: devoluciones en cuotas, lentas, y con un trato desigual hacia los usuarios.

Esto no es un error administrativo menor, es un error que afectó el bolsillo de millones de personas y distorsionó indicadores económicos clave.

El impacto económico va más allá de las cuentas de luz. ¿Qué lectura hace usted sobre este efecto en el IPC y la UF?

Exacto. Cuando se aplica mal el IPC en tarifas, no solo se encarece la boleta eléctrica. Se altera toda la cadena económica:

Con esto, el IPC sube artificialmente lo cual lleva a que también suba la UF y esto trae consigo que suban créditos hipotecarios, arriendos, seguros y otros contratos que generan deudas en UF a las personas.

Esta situación afecta directamente a la clase media y sectores vulnerables, que ya están tensionados por la inflación. Además, introduce ruido estadístico en la política económica: el Banco Central toma decisiones con indicadores que ahora sabemos estaban inflados por un error estatal. Eso es gravísimo.

¿Cree usted que esto revela una falla estructural más amplia en la gestión pública?

Sin duda. Cuando un error metodológico de este tipo pasa sin que nadie lo detecte a tiempo, significa que los mecanismos de control y validación están debilitados o no existen.

Aquí no falló solo un ministro o una comisión técnica, falló el sistema de fiscalización cruzada, falló la auditoría interna, y falló la transparencia.

Este error debe ser un precedente para una reforma institucional profunda, no solo un episodio político pasajero.

Usted ha mencionado el riesgo de que errores similares ocurran en otros ámbitos, como el presupuesto 2026. ¿A qué se refiere?

Lo que preocupa es que se esté normalizando la mala gestión técnica. Hoy fue un error en tarifas eléctricas, mañana puede ser un error en proyecciones presupuestarias, en transferencias sociales, en indicadores de inversión pública.

Si se priorizan los intereses del Ejecutivo por sobre la precisión técnica y falta de claridad, terminamos con políticas públicas basadas en cifras equivocadas, y eso afecta directamente a las regiones más pobres como la nuestra.

¿Qué medidas concretas propone para evitar que esto vuelva a ocurrir?

1. Auditorías externas obligatorias a los cálculos tarifarios e índices sensibles antes de su publicación.
2. Claridad total de las fórmulas y metodologías usadas por la CNE y ministerios.
3. Plazos fijos y legales para compensaciones automáticas, no negociaciones discrecionales.
4. Responsabilidad administrativa efectiva para quienes validaron los cálculos erróneos.
5. Participación ciudadana y parlamentaria en la revisión de tarifas e impactos.

Finalmente, ¿qué mensaje le daría a quienes están hoy afectados por este sobrecobro?

Esperamos que haya una devolución rápida, justa y completa, que las personas exijan aquello porque están en su derecho. Aquí el Estado debe estar con la gente, no dejarlos solos. Esto no es caridad, es deuda legal y moral del Estado y de las empresas. No puede haber perdonazos para estos graves errores que afectan el bolsillo de las personas.

Marcelo Carrasco Carrasco

Candidato a Diputado