La propuesta de reforma constitucional impulsada por el Gobierno dentro de su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) abrió diferencias dentro del propio oficialismo, luego de conocerse un borrador que contempla restringir prestaciones financiadas por el Estado a personas condenadas por narcotráfico, terrorismo o crimen organizado.

Según el documento conocido hasta ahora, las restricciones podrían aplicarse durante el cumplimiento de la condena y extenderse por 15 años posteriores, incluyendo determinadas prestaciones vinculadas a derechos sociales. El Gobierno todavía debe presentar oficialmente el detalle definitivo del proyecto.

El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, manifestó que su bancada no respaldaría la iniciativa en sus condiciones actuales, argumentando reparos institucionales. Otros parlamentarios oficialistas y de sectores cercanos al Ejecutivo también han planteado dudas.

El borrador considera además restricciones a beneficios penitenciarios y modificaciones destinadas a ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en situaciones especiales relacionadas con seguridad interior.

Al tratarse de reformas constitucionales, el Gobierno necesitará alcanzar el quorum correspondiente en el Congreso, escenario que podría complicarse si las diferencias dentro de las derechas se mantienen.

Fuente: elpais.com/cl