La bancada gremialista solicitó al Consejo de Defensa del Estado iniciar acciones judiciales para recuperar los recursos entregados a profesionales que incumplieron la obligación de retornar a Chile tras cursar estudios de postgrado en el extranjero. Los parlamentarios aseguran que se trata de casi 1.806 casos que representan cerca del 15% de los beneficiarios del programa.

La bancada de diputados de la UDI pidió formalmente al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que impulse acciones judiciales, incluyendo querellas, contra más de 1.800 beneficiarios del programa Becas Chile que no regresaron al país tras finalizar sus estudios en el extranjero, incumpliendo las condiciones establecidas por el beneficio estatal.

La solicitud fue presentada por la jefa de bancada, Flor Weisse, junto al diputado integrante de la Comisión de Ciencias, Cristóbal Martínez, quienes respaldaron las medidas impulsadas por el Ministerio de Hacienda para recuperar recursos fiscales comprometidos en programas públicos.

El requerimiento se sustenta en una auditoría del Ministerio de Ciencia que detectó que, entre 2008 y 2025, el Estado desembolsó cerca de $100 mil millones en profesionales que hasta ahora no han acreditado su retorno a Chile, pese a que dicho compromiso forma parte de las obligaciones del programa.

Según los antecedentes entregados por los parlamentarios, existen 1.806 beneficiarios en situación de incumplimiento, cifra que equivale a cerca del 15% de los 12.505 becados que han participado en la iniciativa desde su creación.

“Estamos hablando de becas financiadas con recursos de todos los chilenos, por lo que no puede existir ningún espacio para tolerar un mal uso de este programa. Si postularon con pleno conocimiento de las condiciones y hoy no han cumplido con su deber, corresponde adoptar todas las medidas necesarias para recuperar esos recursos”, señalaron Weisse y Martínez.

Los legisladores anunciaron además el envío de un oficio al CDE para que utilice todas las herramientas legales disponibles con el objetivo de restituir los fondos comprometidos. A juicio de la bancada, cada recurso que no retorna al Estado deja de estar disponible para áreas prioritarias como salud, seguridad o inversión social.

La ofensiva ocurre en medio del debate sobre las medidas impulsadas por el Gobierno para fortalecer la recaudación fiscal, discusión que también ha estado marcada por la controversia generada tras los embargos aplicados a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) con altos ingresos.