La megarreforma del Gobierno de José Antonio Kast superó el Congreso, sobrevivió a una dura confrontación política y logró incluso que esta semana ambas cámaras aprobaran los tres vetos supresivos presentados por La Moneda. Pero antes de convertirse definitivamente en una de las principales transformaciones legislativas de la actual administración, encontró un límite en el Tribunal Constitucional.

El pleno del TC resolvió este jueves acoger parcialmente los requerimientos presentados por parlamentarios de oposición, declarando inconstitucionales distintas disposiciones del proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social.

No es una derrota completa para el Ejecutivo. Tampoco una victoria total para sus adversarios. Pero políticamente el resultado entrega a la oposición algo que hasta ahora había tenido dificultades para conseguir en el Congreso: demostrar que una parte de sus cuestionamientos contra la megarreforma tenía sustento suficiente para superar el examen constitucional.

El alcance del pronunciamiento no es menor. Entre las disposiciones afectadas están materias relacionadas con las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), beneficios asociados a inversiones, reclamaciones ambientales y relocalización de concesiones acuícolas. En las restantes normas cuestionadas, sin embargo, el TC rechazó los requerimientos.

Entre las disposiciones cuestionadas se encuentran normas relacionadas con compensaciones por la anulación judicial de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), invariabilidad tributaria, reclamaciones ambientales y relocalización de concesiones acuícolas.