La anunciada acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, comenzó a abrir una nueva grieta en la oposición, luego de que senadores de Renovación Nacional y la UDI cuestionaran públicamente la ofensiva impulsada por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano.

La polémica se originó tras las declaraciones del actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien denunció inconsistencias por más de US$10.500 millones en la proyección de deuda pública heredada del gobierno anterior. A raíz de ello, parlamentarios libertarios y republicanos anunciaron que buscarán presentar un libelo acusatorio contra Grau antes del 11 de junio.

Sin embargo, desde Chile Vamos comenzaron a marcar distancia. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, sostuvo que “si queremos construir un acuerdo serio, necesitamos coherencia política”, advirtiendo que no resulta compatible llamar al diálogo mientras se tensiona el ambiente político con una acusación constitucional en plena discusión de la Ley de Reconstrucción.

Las palabras de Núñez fueron respaldadas por distintos senadores oficialistas y de oposición dialogante. El senador Sergio Gahona señaló que este tipo de herramientas “deben evaluarse con responsabilidad jurídica y política y no desde la lógica del enfrentamiento coyuntural”, mientras que Gustavo Sanhueza aseguró no ser partidario de las acusaciones constitucionales, cuestionando incluso su efectividad política.

En la misma línea, el senador Miguel Ángel Becker afirmó que “no es el momento” para impulsar una ofensiva de este tipo, considerando que actualmente se negocia uno de los proyectos más relevantes del Gobierno de José Kast. Una postura similar manifestó el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, quien aseguró que presentar ahora la acusación “enrarece” el ambiente político y podría terminar afectando directamente las negociaciones legislativas.

Desde RN también hubo advertencias por el riesgo de profundizar la polarización. El senador Andrés Longton sostuvo que avanzar en la acusación podría generar un clima político adverso justo cuando el Ejecutivo busca sacar adelante su principal proyecto estructural.

Pese a ello, sectores libertarios mantienen la presión. El diputado Pier Karlezi advirtió que, si Chile Vamos no se suma a la ofensiva, serán ellos quienes presentarán igualmente el libelo. Incluso dentro de RN comenzaron a surgir diferencias internas, luego de que el diputado independiente pro RN, Daniel Valenzuela, manifestara públicamente su apoyo a la acusación, desalineándose de la estrategia de cautela impulsada por la directiva de su bancada.

Mientras tanto, en La Moneda crece la preocupación por el eventual impacto político de esta disputa. Tanto el ministro del Interior, Claudio Alvarado, como el titular de la Segpres, José García, encabezan actualmente las negociaciones de la Ley de Reconstrucción en el Senado, proceso que podría verse seriamente tensionado si finalmente prospera la ofensiva contra Grau.

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La posibilidad de presentar una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, comenzó a generar divisiones al interior de la oposición, luego de que partidos libertarios y republicanos anunciaran que impulsarán un libelo por el presunto error de más de US$10 mil millones en la proyección de la deuda pública correspondiente al gobierno anterior.

La controversia surgió tras los antecedentes dados a conocer por el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien informó que el reporte fiscal del cuarto trimestre de 2025 habría omitido cerca de US$10.500 millones de deuda pública.

A raíz de estos antecedentes, desde el Partido Nacional Libertario comenzaron a presionar al resto de los sectores opositores para respaldar la ofensiva constitucional. “Si no está presentada esta acusación constitucional de aquí a una semana, la presentaremos nosotros”, advirtió el diputado Pier Karlezi.

Sin embargo, en Chile Vamos las posturas han sido más cautelosas. Tanto la UDI como Renovación Nacional señalaron que primero revisarán los antecedentes antes de adoptar una definición política respecto a un eventual libelo.

La jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, afirmó que los hechos conocidos “son de gravedad”, aunque precisó que corresponde analizar “cuáles son las infracciones constitucionales” y evaluar si existen los votos suficientes para que una acusación prospere en el Congreso.

En la misma línea, el jefe de bancada de RN, Diego Schalper, sostuvo que los antecedentes “son graves”, pero indicó que esperan primero los pronunciamientos de organismos como la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado.

El parlamentario agregó que Renovación Nacional evaluará el tema junto a sus equipos jurídicos durante la próxima semana y enfatizó la necesidad de actuar “con cautela” frente al caso.

Desde el Partido de la Gente también marcaron distancia de la ofensiva impulsada por republicanos y libertarios. La diputada Zandra Parisi sostuvo que “una acusación por sí sola no recupera recursos ni corrige eventuales fallas”, agregando que la ciudadanía espera “rigor, control y un uso responsable de los recursos fiscales”.

El debate se instala en medio de crecientes cuestionamientos por el manejo de las cuentas fiscales del gobierno anterior y podría transformarse en uno de los principales focos de tensión política en las próximas semanas.

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Un fuerte malestar se instaló esta semana al interior de La Moneda luego que dirigentes de Renovación Nacional (RN), partido oficialista, retomaran públicamente sus críticas al manejo comunicacional del Gobierno del Presidente José Kast.

Las declaraciones apuntaron principalmente al rol de la ministra vocera, Mara Sedini, quien ha enfrentado cuestionamientos por errores comunicacionales y por ser una de las ministras peor evaluadas en distintos sondeos de opinión.

En Palacio, según trascendió, existía la sensación de que el tema había logrado salir parcialmente de la agenda pública durante las últimas semanas, especialmente tras concentrar el debate en la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional y otras iniciativas legislativas.

Sin embargo, el conflicto volvió a instalarse luego de nuevas declaraciones de dirigentes RN, particularmente de la secretaria general del partido, Katherine Martorell. La dirigenta ya había criticado anteriormente la coordinación interna del Ejecutivo, especialmente tras la polémica generada por los oficios de la Dirección de Presupuestos (Dipres) que hablaban de “descontinuar” más de 140 programas sociales. “Falta coordinación y uno ve que el Presidente Kast está respondiendo todos los días por errores de sus ministros”, señaló Martorell en una entrevista televisiva realizada a fines de abril.

Esta semana, la secretaria general RN volvió a insistir en el tema durante una conversación con La Tercera, donde planteó que el equipo comunicacional del Gobierno necesita ajustes. “Hay equipos que se deben reforzar. Creo que el equipo comunicacional, y aquí hablo como equipo, no solo está la vocera, está la Secom, porque hay un diseño distinto desde La Moneda. Creo que ahí hay que hacer ajustes”, afirmó.

Martorell incluso respaldó la posibilidad de que el Presidente realice cambios de gabinete si algunos ministros no están cumpliendo las expectativas.

Las declaraciones generaron molestia dentro de Palacio, donde algunos sectores interpretan estas críticas como una presión indirecta de RN para ganar mayor influencia dentro del comité político y eventualmente acceder a la vocería de Gobierno.

No obstante, desde el entorno de Martorell descartan que exista interés en asumir ese cargo y aseguran que sus declaraciones apuntan únicamente a fortalecer los equipos.

Las críticas tampoco quedaron solo en la dirigencia partidaria. La senadora RN María José Gatica también cuestionó el desempeño de Mara Sedini y aseguró que la vocería requiere cambios urgentes. “La vocería de Gobierno es un ministerio 100% político comunicacional. Cualquier falla repercute sí o sí en el Presidente”, sostuvo.

La parlamentaria agregó que “ya pasaron los dos meses de aprender y acomodarse” y afirmó que “tiene que haber un cambio de estilo completamente”.

A esto se sumaron declaraciones del asesor político Pablo Matamoros, cercano a sectores de RN, quien habló de un “abismo comunicacional gigante” dentro del Gobierno y cuestionó a varias ministras del gabinete.

El escenario refleja una creciente incomodidad dentro del oficialismo, especialmente en momentos donde el Ejecutivo enfrenta debates sensibles por los recortes presupuestarios, la Ley de Reconstrucción Nacional y las tensiones políticas generadas por distintas polémicas comunicacionales.

Mientras tanto, desde el entorno de Mara Sedini aseguran que la ministra ha realizado cambios en su estrategia comunicacional, reforzando su despliegue territorial y moderando el tono de sus intervenciones públicas.

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La excandidata presidencial Evelyn Matthei abordó el proyecto de reconstrucción impulsado por el gobierno del Presidente José Kast, cuestionando tanto su contenido como el tono político con que ha sido presentado.

En conversación con Radio Pauta, la exministra descartó visiones catastrofistas sobre la situación del país, afirmando que «Chile tiene problemas, estamos con un gasto fuera de control. Estamos creciendo poco, generando poco empleo, nivel de desempleo alto. Faltan muchas cosas, pero de ahí a decir que el país está destruido, no. No nos podemos comparar con los 70, con los 80».

En esa línea, insistió en que el foco debe estar en soluciones sin exacerbar el escenario: «lo que se trata es de cómo sacamos a Chile adelante pero sin tanto drama. No es como que se esté cayendo el país a pedazo».

Respecto al plan de reconstrucción, Matthei apuntó a cuestionamientos de fondo y forma, advirtiendo que el discurso del Ejecutivo puede profundizar divisiones: «La forma de hacer política importa. La forma siempre importa. Cuando tú todo lo extremas, todo lo polarizas, yo siento que el país no avanza».

Además, fue crítica con propuestas específicas del proyecto, particularmente en materia tributaria y laboral. Sobre el incentivo a la contratación, afirmó que «esa graciecita cuesta 1.400 millones de dólares al año. Eso es una brutalidad. Con eso podrías bajar casi tres puntos de la tasa de impuesto altiro», calificándolo como «una propuesta muy que te recontra mala».

En la misma línea, rechazó la eventual eliminación del pago de contribuciones para adultos mayores, señalando que es «un contrasentido absoluto».

Finalmente, Matthei insistió en que, si bien Chile enfrenta dificultades económicas, estas no justifican un relato extremo: «Sí, Chile tiene problemas graves y serios (…) pero nadie puede decir que somos Nicaragua, ni Venezuela».

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La exalcaldesa de Providencia y excandidata presidencial Evelyn Matthei emplazó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras conocerse una circular que sugiere ajustes a programas del Ministerio de Educación, incluyendo la eventual descontinuación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La polémica surge a partir de un oficio del Ministerio de Hacienda que propone revisar 42 programas y descontinuar 15 iniciativas, entre ellas el PAE, una política que entrega alimentación diaria a estudiantes en situación de vulnerabilidad en distintos niveles educativos .

Frente a este escenario, Matthei manifestó su preocupación a través de redes sociales, señalando que “En los anexos, la Dipres propone como ‘recomendación’ descontinuar el programa de alimentación. Ministro, instruya a su equipo porque nos pone a todos nerviosos”, enfatizando además el impacto social de la medida.

En la misma línea, advirtió que “Para muchos niños y niñas, esta es la única comida del día. Con eso no se juega”, marcando una de las críticas más duras al planteamiento surgido desde Hacienda .

Las declaraciones se dan en medio de un creciente debate político por los lineamientos presupuestarios del Gobierno, donde distintos sectores han cuestionado el alcance de los ajustes fiscales y sus efectos en políticas sociales sensibles.

Ante la controversia, el propio ministro Quiroz abordó el tema desde La Moneda, aclarando que el documento corresponde a un proceso habitual de revisión del gasto público y descartando recortes en esta área. En ese contexto, aseguró que “No va a haber ningún tipo de recorte alimentario, becas, para nada; de ninguno, por supuesto que no”, agregando que la decisión final corresponde al Ministerio de Educación .

El Programa de Alimentación Escolar ha sido históricamente una de las principales herramientas del Estado para garantizar condiciones básicas de nutrición en estudiantes, por lo que su eventual modificación o eliminación ha generado preocupación transversal, instalando un nuevo foco de tensión en el debate presupuestario.

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El Partido Republicano, el Partido Social Cristiano (PSC) y el Partido Nacional Libertario (PNL) oficializaron este viernes ante el Servicio Electoral (Servel) el pacto “Cambio por Chile”, con el que buscan posicionarse como una alternativa sólida dentro de la oposición de cara a las elecciones parlamentarias.

La coalición, que se presenta como el primer pacto inscrito para esta contienda, competirá con 183 candidatos a la Cámara de Diputados, de los cuales 77 son mujeres. Según sus dirigentes, la distribución será equitativa, con un tercio de los cupos para cada colectividad y presencia en todas las regiones del país.

Aunque las tres fuerzas políticas descartaron sumarse a una lista única con Chile Vamos, mantienen la opción de negociar pactos por omisión en las cuatro regiones con sistema binominal. “La manera de competir en la oposición es con dos listas. Así maximizamos la representación en el Congreso”, afirmó el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

La presidenta del PSC, Sara Concha, destacó que la inscripción del pacto “es un paso importante para lograr una mayoría en el Congreso Nacional, lo que nos permitirá hacer los cambios que Chile necesita. La derecha tradicional ha perdido fuerza y convicción”.

Por su parte, el vicepresidente del PNL, Hans Marowski, enfatizó que la alianza “enfrenta con determinación la crisis de seguridad y la inmigración descontrolada. Queremos recuperar el crecimiento, reducir la carga tributaria y dar libertad para emprender e invertir con seguridad”.

El pacto se comprometió a coordinar sus campañas de forma conjunta, definir candidaturas con criterios de probidad y representación territorial, y trabajar por reformas estructurales desde el Congreso a partir de 2026.

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