El Senado aprobó este miércoles la idea de legislar la denominada megarreforma impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, permitiendo que el proyecto continúe avanzando en su tramitación legislativa.

La propuesta obtuvo 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, correspondiente al senador Pedro Araya, alcanzando así el quórum mínimo requerido del 50% más uno para seguir su curso en el Congreso.

Con este resultado, el denominado Plan de Reconstrucción Nacional pasará ahora a ser analizado en particular por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente, para posteriormente continuar su discusión en la Comisión de Hacienda.

Además, el Ejecutivo renovó la suma urgencia de la iniciativa, fijando como plazo para la presentación de indicaciones el próximo 6 de julio.

Tras la votación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el respaldo obtenido y destacó la unidad de los parlamentarios oficialistas durante esta primera etapa de la discusión.

“Quiero agradecer a la coalición que apoya al Presidente Kast por lo que ha sido su cohesión y sus aportes. En la etapa que viene, en la discusión en particular, vamos a ir recogiendo muchas de las ideas que hemos recibido y pensamos que en esa etapa vamos a ir consiguiendo más apoyos”, afirmó.

El secretario de Estado agregó que el Gobierno espera ampliar la base de respaldo político al proyecto durante las próximas semanas. “Este apoyo de hoy fue muy relevante, pero vamos a ir ampliando esa base de apoyo y vamos a terminar con un proyecto que le va a cambiar la cara al futuro de nuestro país”, sostuvo.

Por su parte, el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, destacó que la discusión recién comienza y llamó a los senadores a contribuir al perfeccionamiento de la iniciativa.

“Este es un paso en el trámite legislativo y en la discusión en particular no tengo dudas que la contribución de todos y cada uno de ustedes va a ser importante y bienvenida para el éxito de este proyecto”, señaló.

La aprobación en general representa uno de los principales hitos legislativos del Gobierno en sus primeros meses de gestión y abre una nueva etapa de negociación política para intentar consolidar los respaldos necesarios que permitan convertir la iniciativa en ley.

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Un importante revés sufrió el proyecto que busca crear un nuevo subsistema de inteligencia económica, luego que el Senado rechazara la norma que permitía el levantamiento del secreto bancario por vía administrativa.

La iniciativa quedó desechada en la Cámara Alta tras registrarse un tercer empate consecutivo, esta vez por 24 votos a favor y 24 en contra, resultado que según el reglamento del Senado impide su aprobación. Sin embargo, como la medida ya había sido aprobada previamente por la Cámara de Diputados, su futuro deberá definirse ahora en una Comisión Mixta.

La sesión estuvo marcada por un intenso debate y también por las ausencias de los senadores Matías Walker y Ximena Órdenes. La semana anterior la propuesta ya había enfrentado dos empates consecutivos de 23 votos, anticipando una definición estrecha.

Quienes se opusieron a la norma argumentaron que permitir el levantamiento del secreto bancario sin una autorización judicial previa podría afectar garantías fundamentales. Desde el oficialismo, en tanto, defendieron la herramienta señalando que facilitaría el trabajo de organismos como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en investigaciones relacionadas con corrupción, lavado de activos, crimen organizado y financiamiento ilícito.

La discusión ocurre además en medio de antecedentes recientes vinculados a la denominada “Operación Tokio”, investigación que permitió desarticular una red financiera ligada al Tren de Aragua y que dejó al descubierto decenas de cuentas bancarias utilizadas para el movimiento de recursos provenientes de actividades ilícitas.

Ante la necesidad de conformar una Comisión Mixta, el senador Daniel Núñez solicitó discusión inmediata para acelerar la tramitación del proyecto. El Ejecutivo comprometió otorgar dicha urgencia con el objetivo de evitar mayores retrasos en una iniciativa considerada estratégica para la persecución del crimen organizado.

Respecto de la votación, el senador por La Araucanía, Ricardo Celis (PPD), manifestó su preocupación por las señales que este debate entrega a la ciudadanía.

“Espero que finalmente en comisión mixta poder encontrar algunas soluciones para que esto tenga la expedición necesaria que la gente espera y la transparencia necesaria que la gente también espera en una cuestión tan sensible como el secreto bancario, porque con razón la gente supone que el mundo político, o algunos del mundo político, esconden algunos elementos de recibir dinero para sus campañas o recibir, incluso, dineros no bien habidos o que puedan estar comprometidos en cuestiones que son comprometedoras para el funcionamiento del país”, señaló el parlamentario.

La discusión continuará ahora en la Comisión Mixta, instancia donde diputados y senadores deberán buscar una fórmula de consenso para destrabar uno de los aspectos más controvertidos de la reforma.

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El senador por La Araucanía, Francisco Huenchumilla, realizó un crítico análisis de los anuncios efectuados por el Presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública, especialmente en lo relacionado con las futuras modificaciones a la Ley Indígena y la política de tierras para el pueblo mapuche.

El parlamentario sostuvo que las señales entregadas por el Gobierno confirman advertencias que, según afirmó, había realizado durante la campaña presidencial. En ese contexto, llamó a los dirigentes y comunidades mapuche a reflexionar sobre el escenario político actual.

“El presidente anunció que va a modificar la Ley Indígena, que va a cambiar la política de compra de tierras, la política de arriendos y de hipotecas. Creo que la dirigencia mapuche y todo el mundo de las comunidades tienen que hacerse una autocrítica”, señaló.

Huenchumilla defendió la vigencia de la Ley Indígena y recordó que las restricciones existentes respecto de la venta, arriendo o hipoteca de tierras indígenas tienen un fundamento histórico. Según explicó, durante décadas numerosas familias mapuche fueron víctimas de abusos, engaños y mecanismos irregulares que terminaron reduciendo significativamente sus territorios.

“Hubo mucho abuso, mucho engaño, muchas corridas de cerco y documentos truchos mediante los cuales le iban quitando la tierra a mucha gente. Por eso la gente defiende tanto la Ley 19.253, dictada durante el gobierno del Presidente Patricio Aylwin”, afirmó.

El senador también emplazó a quienes respaldaron electoralmente al actual Mandatario. “Muchísima gente en La Araucanía votó por el señor Kast. Legítimamente. Pero uno tiene que medir las consecuencias. No se puede votar por alguien y después quejarse de que le están colocando la soga al cuello. Porque aquí van a venir cambios”, advirtió.

Pese a sus reparos, manifestó que espera que el Ejecutivo impulse un proceso de consulta indígena amplio y respetuoso antes de avanzar en modificaciones legales. “Espero que el Gobierno haga una consulta real, legítima, verdadera, dialogante y respetuosa para conocer de qué se trata este tema”, indicó.

Respecto de los anuncios presidenciales vinculados a vivienda, Huenchumilla aseguró que existen herramientas legales que han permitido durante años desarrollar soluciones habitacionales en comunidades indígenas, destacando especialmente la figura del Derecho Real de Uso contemplada en la legislación vigente.

Finalmente, el legislador cuestionó las referencias realizadas por el Presidente sobre la situación del turismo regional. Citando cifras entregadas por el gobernador regional René Saffirio, sostuvo que la llegada de turistas extranjeros a La Araucanía mostró un crecimiento importante durante el último año.

“Quiero decirle al Presidente que sus asesores tienen que darle las cifras correctas para hacer buena política pública”, concluyó.

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Un intenso debate se vivió este miércoles en el Senado durante la discusión del proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, iniciativa destinada a fortalecer la prevención, detección y persecución de actividades vinculadas al crimen organizado.

Uno de los puntos más controvertidos fue la norma que permitiría el levantamiento del secreto bancario en investigaciones relacionadas con organizaciones criminales. La disposición no logró ser aprobada luego de registrar dos empates consecutivos de 23 votos a favor y 23 en contra, por lo que deberá volver a ser votada la próxima semana.

En ese contexto, el senador por La Araucanía, Ricardo Celis (PPD), intervino en la Sala para defender la medida y cuestionar duramente la postura de los sectores que votaron en contra. “Lo que no se entiende es que la derecha esté dispuesta a revisar la mochila de los estudiantes, que esté allanada absolutamente a sancionar a quienes hagan un rayado o tengan un overol blanco, y no tenga la misma disposición y se niegue de forma sistemática al levantamiento del secreto bancario, que es en realidad donde está la raíz del narcotráfico y el crimen organizado”, afirmó.

El parlamentario sostuvo que el combate contra las organizaciones criminales requiere herramientas eficaces para seguir la ruta del dinero y detectar las redes financieras que sustentan actividades ilícitas. “Perseguir el dinero es la forma correcta de avanzar en aclarar la red del narcotráfico y el crimen organizado. ¿Por qué la derecha se opone de forma sistemática al levantamiento del secreto bancario? Es un misterio. Todavía no nos queda claro y solo nos deja dudas respecto a esa actitud”, señaló.

Durante su intervención, Celis insistió en que las investigaciones patrimoniales son una de las herramientas más efectivas para enfrentar delitos complejos vinculados al narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado.

Asimismo, cuestionó lo que calificó como una contradicción entre quienes promueven medidas más restrictivas en materia de orden público, pero rechazan entregar mayores facultades para rastrear recursos provenientes de actividades ilícitas.

“¿Qué racionalidad tiene que la intimidad de una mochila sea más fácil de vulnerar que el secreto bancario, cuando sabemos que es ahí donde opera el dinero del crimen organizado, que mata personas, comete crímenes y secuestra personas? Démosle una señal de transparencia a los ciudadanos. No cabe ninguna duda de que uno tiene que votar a favor de levantar el secreto bancario”, concluyó.

La iniciativa forma parte del proyecto que busca crear nuevas herramientas de inteligencia económica para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, una de las prioridades legislativas que actualmente se discuten en el Congreso.

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Por Italo Soto Villarroel.

En una entrevista sin filtros, el senador Ricardo Celis lanzó una dura ofensiva contra el Gobierno de José Kast, cuestionando la política de recortes fiscales, el enfoque económico del Ejecutivo y el impacto que, según él, tendrá la denominada Ley Miscelánea en La Araucanía.

El parlamentario aseguró que el Gobierno está impulsando una reforma “ideológica” que favorecerá a las grandes empresas mientras reduce programas sociales, apoyo en salud y recursos para sectores vulnerables. Además, criticó la falta de un verdadero plan de desarrollo para la región, advirtiendo que La Araucanía sigue atrapada entre el conflicto político y la ausencia de crecimiento económico real.

— ¿Cuál es su diagnóstico de lo que lleva el Gobierno?

Es un gobierno que lleva 3 meses y parece que llevará 3 años, porque ha sido un gobierno que ha pesado mucho en el día a día, en el sentimiento de la gente.

Ha sido un Gobierno duro, de una gran dureza y que ha provocado mucho temor en muchas personas. Según la expresión que la gente me ha dicho, que tiene temor, y eso no es bueno para la región y no es bueno para Chile.

— Usted se dedica a la medicina y ha sido director del Servicio de Salud Araucanía Sur, desde esa mirada, y en su posición como senador, ¿comparte la política de recortes fiscales?

No, y lo he dicho públicamente. Este proyecto dejará un déficit fiscal importante cercano a 4.500 millones por varios años, reconocido incluso por organismos técnicos como el Comité Fiscal Autónomo, el FMI y el propio Ministerio de Hacienda. Cuando falta plata, alguien termina pagando el costo, y el Gobierno ha optado por recortar programas sociales, pese a que se prometió lo contrario.

Ya estamos viendo cierres y reducciones en programas como Fundación de la Familia, que hacen un trabajo social importante con familias de Pedro de Valdivia en Temuco; o Elige Vivir Sano, prevención del suicidio y atención domiciliaria. Eso afecta directamente a las personas más vulnerables y a la clase media.

Lo que más preocupa es que mientras los grupos que tienen más, con la reducción del impuesto de primera categoría del 27% al 23%, si le sumas la reintegración, ellos van a acumular mucho dinero, en tanto quienes tienen menos, verán disminuido el apoyo en salud y programas sociales fundamentales.

— Conociendo la realidad regional en salud, y derechamente respondiendo a los dichos del ministro Quiroz, ¿cree que “con menos a veces se hace más”?

En salud eso es imposible, porque de partida el IPC en salud es superior al IPC de la canasta básica, los insumos en salud, son mayores en el sistema sanitario.

Los costos en salud han ido en aumento por distinta naturaleza porque los insumos, los medicamentos, los dispositivos van aumentando de precio, pero además, la población que se atiende hoy día, requieren más cuidado y su atención es de elevados costos.

Antes un hospital podía pensar que podía estar tranquilo con 10 camas UCI, pero hoy día eso es absolutamente insuficiente.

— Senador, usted ha dicho que el Plan de Reconstrucción Nacional podría transformarse en una herramienta para favorecer a grandes empresas. ¿Cree que el Gobierno está utilizando el concepto ‘reconstrucción’ como una justificación política para impulsar una agenda económica e ideológica más profunda?

De todas maneras, esta es una reforma ideológica.

Si el Gobierno hubiera presentado solo un verdadero plan de reconstrucción, se habría aprobado rápidamente, porque nadie discute que las familias afectadas necesitan recuperar sus casas y barrios.

El problema es que el concepto de “reconstrucción” se está usando para impulsar una contrarreforma tributaria, y digo que es contrarreforma porque se han hecho reformas de forma sucesiva para aumentar, justamente, el impuesto de las empresas, los impuestos de primera de categoría, y este proyecto echa pie atrás todo ello.

Además, preocupa la invariabilidad tributaria por 25 años para empresas que lleguen al país. Eso podría tener sentido en casos estratégicos específicos, pero no como una regla general sin límites ni condiciones claras.

— Centrándonos en La Araucanía, usted ha señalado que la región necesita ‘un plan de verdad, más serio’. ¿Por qué considera que este Plan de Reconstrucción Nacional no responde a las necesidades estructurales de la región?

La reforma tributaria escondida que hemos conversado no trae beneficios concretos para La Araucanía. Es un proyecto nacional, pero cuando uno pregunta cuáles son los planes específicos para la región, simplemente no están.

Sí, hemos participado en conversaciones con el delegado Ljubetic para pensar un verdadero plan de desarrollo para La Araucanía, como ocurrió en otros gobiernos con planes especiales para impulsar el crecimiento, como el Plan Araucanía de Piñera o el Plan Procedimiento de Lagos. Hoy existe coincidencia en temas importantes, como mejorar la conexión con Argentina, potenciar la agricultura o crear un puerto seco en Victoria.

El problema es que el gobierno no ha tenido claridad, y así lo dice, incluso, el diputado René Manuel García, respecto al agro, con la crisis de fertilizantes, ni la agricultura en general, ni para el desarrollo económico regional.

Cada vez que se habla de La Araucanía, se termina hablando solo del conflicto y no de crecimiento, empleo o desarrollo. Y eso es grave para una región que incluso cuenta con seis universidades y un enorme potencial que hoy no se está aprovechando.

— De aprobarse esta reforma ¿mejora o empeora la relación entre el Estado y el Pueblo Mapuche?

Empeora de todas maneras porque si uno mira el oficio que sacó hacienda respecto a los ministerios, en el de Desarrollo Social, lo que tiene que ver específicamente con el Fondo de Tierras disminuye de forma sustantiva.

Además conceptualmente e ideológicamente el gobierno no cree que la restitución de tierras sea un derecho a discutir y revisar. El gobierno tiene una visión distinta y cree que finalmente eso es una mala señal para la región, porque no tiene una visión de nuestra multiculturalidad, ni de la forma de integración social de nuestra región.

— La Araucanía enfrenta pobreza, rezago productivo y problemas de seguridad hace décadas. Desde su mirada, ¿de qué forma esta megarreforma va a cambiar la realidad regional?

Mi respuesta es la misma: una mega reforma de este tipo no traerá beneficios para La Araucanía si al mismo tiempo genera déficit fiscal y recortes en programas sociales, porque esta región depende fuertemente de los programas sociales.

Cuando el presidente Lagos impulsó planes de crecimiento en la región, lo hizo mediante inversión y obras públicas, pero nunca a costa de disminuir programas sociales. Esa es la diferencia entre una mirada social y una mirada puramente economicista que cree que el crecimiento económico viene de la mano del “chorreo”.

Yo lo digo fuerte y claro, la idea de que bajando impuestos a los grandes grupos económicos habrá “chorreo” no ha funcionado en ninguna parte. No ocurrió en Chile durante la dictadura, tampoco en Inglaterra con Margaret Thatcher ni en Estados Unidos con Reagan. Incluso en Chile hubo comisiones técnicas que concluyeron que no está demostrado que reducir impuestos a las empresas genere más crecimiento económico.

— Beatriz Sanchez indicó este fin de semana que “la oposición está organizada, unida y fuerte” para oponerse a Ley Miscelánea, sin embargo, siendo minoría y con un PDG alineado hacia el oficialismo, ¿cómo pretenden marcar tendencia en el Congreso?

En el Senado el PDG no tiene representación. Hoy el gobierno logra mayoría principalmente con el apoyo de demócratas, especialmente de parlamentarios como Matías Walker y Miguel Ángel Calisto, y probablemente buscará sumar algunos votos más.

Pero, al menos desde la oposición y como bancada, lo que hemos conversado es que no estamos disponibles para avanzar en esta reforma en los términos en que está planteada actualmente.

— ¿Pero de qué forma? ¿hay algún mecanismo?

Primero hay que esperar la votación. Yo voy a votar en contra de la idea de legislar y varios senadores han manifestado una postura similar, aunque creo que el Gobierno tiene los votos para avanzar.

Pero aquí también importa la señal política que se entregue. Si una reforma de este tipo se aprueba apenas por uno o dos votos, los inversionistas extranjeros pueden preguntarse qué tan estable es realmente el escenario, pensando que en un próximo gobierno todo podría volver a cambiar.

Por eso la votación en el Senado será clave. Hoy el mercado ha reaccionado positivamente, pero esa confianza podría moderarse dependiendo de cómo avance el debate y del nivel de respaldo político que finalmente tenga el proyecto.

— Usted es una persona muy apegada al deporte, de hecho en algún momento usted impulsó la creación de un parque en el Cerro Mariposa, ¿cómo evalúa la postura del Gobierno frente a los recursos naturales, ecosistemas como humedales y protección de áreas verdes?

Cuando un ministro de La Araucanía, a quien estimo, viene y dice que tres araucarias no van a impedir el desarrollo, yo quedo estupefacto. Porque allí se nota que ve que hay una colisión entre el desarrollo y el cuidado medioambiental.

El planeta vive una emergencia climática.

Parte de los grandes desafíos que tenemos hoy día, a nivel planetario, a nivel país, de futuro, tiene que ver tanto con la inteligencia artificial como también tiene que ver con la emergencia climática.

Entonces, cuando alguien ve que esto es una realidad que colisiona es porque no ha entendido que finalmente aquí hay una complementariedad para darle sostenibilidad en el futuro a la industria y también a nivel social.

— Comunidades mapuche recurrieron a la justicia tras el recorte de más de $7.600 millones al Fondo de Tierras y Aguas de Conadi, advirtiendo que la medida afecta directamente el acceso al agua en sectores rurales que ya dependen de camiones aljibe. ¿No cree que el Gobierno está profundizando deliberadamente una crisis humanitaria?

Sí, yo diferenciaría el tema del agua respecto la disponibilidad de agua potable para consumo humano, respecto a lo que tiene que ver con tierra, la 20-A o 20-B de la Ley Indígena.

Claramente hay una diferenciación y como decía, claramente hay una afectación social categórica en esta materia.

Lo que sí llama la atención profundamente, es que en nuestra región hay comunidades con alta densidad de población mapuche que hayan votado masivamente por Kast, habiéndole siempre uno dicho, que el gobierno de Kast iba a hacer esto y mucho más.

— Finalmente, ¿algo que quiera decirle a las personas que lean esta entrevista?

Sí, que siempre la esperanza es un elemento necesario en la política, y muchos de nosotros, por lo menos, vamos a jugárnosla porque los derechos sociales sean respetados. Todo lo que se ha logrado, en términos de derechos sociales, por largo tiempo, porque los derechos sociales no se ganan por arte de magia, sino que se ganan con lucha, con movilización, con esfuerzo, con mucha decisión de sus dirigentes y de la gente, de los ciudadanos.

Por lo tanto, nosotros nos la vamos a jugar, porque eso no se vea afectado. Lamentablemente, las noticias no son buenas en la materia, pero de que nos la vamos a jugar, sí va a ocurrir.

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La anunciada acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, comenzó a abrir una nueva grieta en la oposición, luego de que senadores de Renovación Nacional y la UDI cuestionaran públicamente la ofensiva impulsada por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano.

La polémica se originó tras las declaraciones del actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien denunció inconsistencias por más de US$10.500 millones en la proyección de deuda pública heredada del gobierno anterior. A raíz de ello, parlamentarios libertarios y republicanos anunciaron que buscarán presentar un libelo acusatorio contra Grau antes del 11 de junio.

Sin embargo, desde Chile Vamos comenzaron a marcar distancia. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, sostuvo que “si queremos construir un acuerdo serio, necesitamos coherencia política”, advirtiendo que no resulta compatible llamar al diálogo mientras se tensiona el ambiente político con una acusación constitucional en plena discusión de la Ley de Reconstrucción.

Las palabras de Núñez fueron respaldadas por distintos senadores oficialistas y de oposición dialogante. El senador Sergio Gahona señaló que este tipo de herramientas “deben evaluarse con responsabilidad jurídica y política y no desde la lógica del enfrentamiento coyuntural”, mientras que Gustavo Sanhueza aseguró no ser partidario de las acusaciones constitucionales, cuestionando incluso su efectividad política.

En la misma línea, el senador Miguel Ángel Becker afirmó que “no es el momento” para impulsar una ofensiva de este tipo, considerando que actualmente se negocia uno de los proyectos más relevantes del Gobierno de José Kast. Una postura similar manifestó el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, quien aseguró que presentar ahora la acusación “enrarece” el ambiente político y podría terminar afectando directamente las negociaciones legislativas.

Desde RN también hubo advertencias por el riesgo de profundizar la polarización. El senador Andrés Longton sostuvo que avanzar en la acusación podría generar un clima político adverso justo cuando el Ejecutivo busca sacar adelante su principal proyecto estructural.

Pese a ello, sectores libertarios mantienen la presión. El diputado Pier Karlezi advirtió que, si Chile Vamos no se suma a la ofensiva, serán ellos quienes presentarán igualmente el libelo. Incluso dentro de RN comenzaron a surgir diferencias internas, luego de que el diputado independiente pro RN, Daniel Valenzuela, manifestara públicamente su apoyo a la acusación, desalineándose de la estrategia de cautela impulsada por la directiva de su bancada.

Mientras tanto, en La Moneda crece la preocupación por el eventual impacto político de esta disputa. Tanto el ministro del Interior, Claudio Alvarado, como el titular de la Segpres, José García, encabezan actualmente las negociaciones de la Ley de Reconstrucción en el Senado, proceso que podría verse seriamente tensionado si finalmente prospera la ofensiva contra Grau.

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La senadora libertaria por La Araucanía, Vanessa Kaiser, salió en defensa del ministro de Seguridad, Martín Arrau, luego de las críticas que recibió por afirmar que la Política Nacional de Seguridad promulgada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric era “suficiente” y entregaba espacio para desarrollar distintos planes y estrategias.

Las declaraciones del ministro generaron cuestionamientos desde distintos sectores políticos, especialmente por producirse en medio de las críticas hacia el Ejecutivo por la ausencia de un plan integral de seguridad a pocos días de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.

Frente a ello, Kaiser evitó profundizar en la polémica y atribuyó la situación a un problema comunicacional derivado de la formación profesional del secretario de Estado.

“Lo que pasa es que el ministro no supo hacer la distinción, y yo creo que es porque es ingeniero; él vio el cascarón ingenieril y los pasos con los que tiene que cumplir, y a eso se le llama estrategia nacional”, sostuvo la parlamentaria.

La senadora agregó que la diferencia real está en la ejecución concreta de las medidas de seguridad y no solo en el marco institucional existente. “Pero luego, cómo tú das los pasos, qué órdenes das, cuántos carabineros pones para el cumplimiento de las órdenes, cómo tú avanzas en el poder legislativo una ley, ahí está toda la impronta y la diferencia. El problema es comunicacional”, afirmó.

Pese a respaldar a Arrau, Kaiser reconoció su molestia por la demora en la presentación de un plan de seguridad más contundente, especialmente considerando que esta materia fue uno de los principales ejes de campaña del actual Gobierno.

En ese contexto, señaló que esperaba que la administración de José Kast contara desde el inicio con una estrategia clara para enfrentar a las orgánicas radicales y reforzar el control territorial en zonas complejas como La Araucanía. “Se suponía que el Gobierno tenía un plan rígido para perseguir a las orgánicas radicales y que, por alguna razón, se decidió dejar para otra fase”, indicó, haciendo referencia a operativos realizados recientemente en Temucuicui.

Asimismo, la parlamentaria fue enfática al reconocer una “la decepción de que no tengan un plan robusto, trabajado, en profundidad, por supuesto que está. Si no hay seguridad, nadie invierte. No sacamos nada con tener el megaproyecto si es que el país sigue estando de los primeros en la lista de los con mayor nivel de terrorismo (…) entonces, primero tenía que ser el plan de seguridad”, recalcó.

Finalmente, Kaiser sostuvo que proyectos estructurales impulsados por el Gobierno, como la denominada “megarreforma”, difícilmente podrán avanzar si no existe previamente una sensación de seguridad y estabilidad en el país.

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El senador Pedro Araya, integrante del Partido por la Democracia, marcó distancia de la postura más dura de la oposición frente al denominado Plan de Reconstrucción Nacional —también conocido como “megarreforma”— impulsado por el gobierno de José Kast.

Luego de que el proyecto fuera despachado desde la Cámara de Diputados al Senado, el parlamentario se mostró dispuesto a dialogar con el Ejecutivo y eventualmente apoyar la iniciativa, siempre que el Gobierno entregue garantías y acepte modificaciones durante la tramitación.

En conversación con Radio 13c, Araya aseguró que no comparte la idea de rechazar automáticamente el proyecto sin abrir espacios de negociación. “Lo he dicho en todos los tonos: Yo estoy disponible a conversar; no soy de los que digo ‘esto hay que rechazarlo porque sí’. Yo quiero escuchar una exposición clara del gobierno a qué se va a comprometer antes de la votación en general”, afirmó.

El senador por la región de Antofagasta advirtió que si el Ejecutivo intenta imponer su propuesta sin modificaciones será difícil conseguir respaldo opositor, aunque insistió en que todavía existe margen para alcanzar acuerdos. “Si el gobierno se sienta y hace una propuesta distinta a la que está haciendo hoy, por ejemplo, a la rebaja al impuesto corporativo, que tenga compensaciones y exista una explicación clara de qué va a pasar con las pymes, perfectamente creo que puede abrir una puerta de negociación”, sostuvo.

Araya también cuestionó directamente la estrategia política adoptada por sectores del Socialismo Democrático y el Frente Amplio, señalando que la centroizquierda se está “encajonando” al rechazar cualquier posibilidad de conversación. “Yo creo que aquí la izquierda y la centroizquierda cometieron un error táctico de casarse con una frase para los medios de comunicación y redes sociales, sin dimensionar que aquí lo que había que hacer es sentarse a conversar”, expresó.

Incluso comparó la actitud de parte de la oposición actual con la postura que —a su juicio— mantuvo el Partido Republicano durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric frente a la reforma previsional.

Pese a sus críticas, Araya reconoció que el proyecto del Gobierno presenta “falencias técnicas y problemas políticos”, aunque insistió en que mediante negociación podría terminar transformándose en una iniciativa beneficiosa.

Las declaraciones del senador se producen en momentos en que la oposición intenta mostrar unidad para frenar la megarreforma en el Senado, luego de que representantes del PS, PC, FA y PPD anunciaran públicamente que rechazarán la idea de legislar.

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El senador por La Araucanía Francisco Huenchumilla criticó duramente la forma en que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha impulsado la denominada megarreforma económica y acusó al Ejecutivo de intentar aprobarla sin diálogo político real.

En entrevista con medios de prensa, el parlamentario cuestionó el mecanismo de tramitación utilizado por La Moneda y aseguró que existe un “diseño estratégico” para sacar adelante la iniciativa aprovechando la mayoría oficialista en el Congreso.

“Esto es un proyecto importante, de materias muy complejas, un proyecto inmenso con distintas materias, que tiene 203 páginas (…) hemos visto que el Gobierno ha querido sacarlo todo esto con discusión inmediata, sin posibilidad de invitar a organismos técnicos, a profesores, a académicos especialistas en el rubro. Entonces, no ha habido un ambiente que sea propicio para el diálogo, de entendimiento”, afirmó.

Huenchumilla sostuvo que el problema no sólo es el contenido del proyecto, sino también la forma en que el Ejecutivo se está relacionando con el Senado. “Naturalmente que hay un problema de forma, nosotros en el Senado no estamos acostumbrados a trabajar así. Si el Gobierno va a replicar en el Senado este fast track, de un par de días y pasar máquina, no va a haber ninguna posibilidad de conversar”, señaló.

El senador apuntó directamente a la estrategia política del Ejecutivo y advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, podría tener aprobar una reforma sin acuerdos amplios. “El Gobierno tiene los votos, en la Cámara y en el Senado. Entonces esto tiene que resolverlo el Gobierno: si quieren pasar máquina y tienen los votos, bueno, ese es un escenario, pero esto va a salir sin legitimidad total, porque va a haber un conjunto de gente, que somos senadores, que vamos a decir ‘no hemos tenido ninguna posibilidad de conversar y de dialogar con el Gobierno en esta materia’”, sostuvo.

En la misma línea, cuestionó la forma en que el oficialismo estaría entendiendo la relación entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. “¿Vamos a partir de la base que el Gobierno nos considera a nosotros meros buzones? Si lo quieren hacer así, creo que va a crear un clima que no es bueno para el país”, afirmó.

El legislador también enfatizó que “Aquí no sólo es el fondo, es la forma cómo tú te relacionas para los efectos de crear confianza, en este caso con el Senado”.

Sobre el rol de la oposición y particularmente de la Democracia Cristiana, Huenchumilla defendió la necesidad de mantener espacios de diálogo político. “La DC, yo lo he dicho, no es el partido que fue en el pasado (…) pero si alguien piensa que en política hay enemigo chico, está profundamente equivocado. Y por lo tanto estos 4 años van a pasar, vamos a llegar a las elecciones, se van a requerir coaliciones, y por lo tanto hay que sumar y no restar”, planteó.

El senador además diferenció que “una cosa es conversar, y otra cosa es que esa conversación tenga por objeto realmente escuchar las proposiciones que nosotros hacemos. Yo converso en el Senado todas las semanas con Claudio Alvarado, con José García (…) pero estoy hablando de una negociación política en serio”, aseguró.

Finalmente, Huenchumilla cuestionó el fondo económico de la megarreforma y puso en duda los efectos que podría generar una rebaja de impuestos. “Si usted ve la experiencia internacional, en EEUU y en el Reino Unido (…) todas las rebajas de impuestos no significaron más inversión, más crecimiento ni más empleo”, sostuvo.

“Nunca se va a recuperar el déficit que va a significar bajar los impuestos. Es una apuesta, como tal, que puede ser o no puede ser. Pero no nos garantiza más crecimiento ni sostenibilidad fiscal”, concluyó.

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El senador Rodolfo Carter abordó las críticas que enfrenta la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, por el manejo comunicacional del Gobierno y defendió parcialmente a la secretaria de Estado, aunque advirtió que el Ejecutivo ya no tiene mucho margen de tiempo para mostrar resultados concretos en seguridad.

Consultado por Radio Bio-Bio sobre los cuestionamientos hacia la ministra, Carter señaló que “probablemente no todas las personas tienen las facilidades comunicacionales que otras”, reconociendo dificultades en el desempeño público de Steinert.

Sin embargo, también criticó el trato recibido por la ministra durante su exposición en la Cámara de Diputados. “No se le permitió exponer, era lo mínimo que se podía permitir con una ministra de Estado y además con una mujer, en una izquierda que, teóricamente, es feminista”, afirmó.

Pese a ello, el parlamentario aseguró que el tema de fondo es la urgencia que enfrenta el país en materia de seguridad pública y sostuvo que «se está acabando el tiempo», en el sentido de que el Gobierno debe llegar al invierno con medidas mucho más claras y efectivas. “Tenemos que llegar al invierno con un plan mucho más sofisticado, más claro y también con resultados”, advirtió Carter, agregando que “no se trata de la carrera de la ministra, ni siquiera de la carrera del Presidente de la República, se trata de la seguridad de las familias de Chile”, enfatizó.

Respecto a las denominadas “100 medidas de seguridad” trabajadas antes de la llegada del Gobierno de José Kast, el senador aseguró que supone que esos antecedentes están siendo revisados y priorizados por el equipo ministerial. “La ministra y su equipo, con toda seguridad, tienen esos antecedentes, los están modulando, priorizando y estableciendo métricas para que esto tenga resultados”, indicó.

De todas formas, Carter volvió a reconocer que existe un problema comunicacional en el Ministerio de Seguridad. “No es obligación para ser ministro de Estado ser un gran orador, pero evidentemente los chilenos no pueden esperar mucho más allá del mes de junio”, sostuvo.

Finalmente, al ser consultado sobre una eventual llegada al Ministerio de Seguridad en caso de cambios de gabinete, el senador evitó alimentar especulaciones y descartó referirse al tema mientras Trinidad Steinert continúe en el cargo.

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