Con profunda indignación, la senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, condenó enérgicamente el ataque ocurrido en Temuco, donde un niño de solo dos años resultó baleado en la cabeza por su propio padre. El menor permanece en riesgo vital en el Hospital Regional, mientras que la Fiscalía confirmó que “la intención siempre fue quitarle la vida”.

El fiscal a cargo del caso relató que el ataque se produjo tras una discusión entre el imputado y su pareja, momento en el que el padre desenfundó un arma de fuego y disparó directamente contra el niño. Posteriormente, huyó en motocicleta y, al momento de su captura, incluso apuntó a un carabinero con un arma.

Condena absoluta y exigencia de máxima sanción

Frente a la brutalidad del caso, la senadora Aravena expresó su repudio y exigió sanciones ejemplares:

“Estamos frente a un acto de crueldad absoluta. No existe justificación alguna para intentar asesinar a un hijo. Espero que Dios proteja la vida de este niño inocente y que su agresor sea condenado con todo el rigor de la ley, sin beneficios ni atenuantes”, afirmó.

Un crimen de las penas más duras del ordenamiento

Desde una perspectiva legal, este hecho se enmarca en el delito de parricidio frustrado —o consumado en caso de fallecimiento del menor—, uno de los crímenes más graves contemplados por la legislación chilena.

• Parricidio frustrado: sancionado con penas que van de 10 a 20 años de cárcel efectiva.

• Parricidio consumado: puede llegar a presidio perpetuo, con un cumplimiento efectivo de entre 20 y 40 años antes de postular a beneficios.

“Estamos hablando de las sanciones más duras de nuestro ordenamiento. Sin embargo, cuando se trata de parricidio frustrado, la ley permite una rebaja que abre un espacio de debate. ¿Es razonable que exista rebaja de pena por el solo hecho de que el niño logre sobrevivir, pese a la atrocidad del acto? Como país debemos avanzar hacia penas más altas y sin beneficios para quienes atenten contra la vida de sus propios hijos”, cuestionó Aravena.

Llamado a responsabilidades institucionales

La parlamentaria también emplazó al Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en La Araucanía a pronunciarse sobre este caso, considerando el deber del Estado en resguardar la integridad de los menores:

“La gran pregunta que surge es si existían denuncias previas en la Defensoría de la Niñez, en tribunales o en las policías que debieron activar alertas para proteger a este pequeño. Aquí no solo hay un padre imputado, también puede haber un Estado que falló en su deber de proteger. Por eso pido que el Servicio de la Niñez se pronuncie y dé explicaciones sobre qué mecanismos se activaron o no se activaron”, enfatizó la senadora.

Finalmente, la parlamentaria reiteró que la infancia debe ser prioridad absoluta en Chile y que este caso debe marcar un antes y un después en la discusión sobre penas, protección y prevención:

“No podemos seguir reaccionando solo después de las tragedias. El país necesita leyes más duras, un Estado más presente y una justicia que ponga en el centro la vida de los niños”, concluyó.