Proyecto del Gobierno fija un valor de referencia similar a febrero, amplía el fondo de estabilización y establece subsidios al transporte, en plena crisis por el aumento del petróleo.

En medio de la fuerte alza de los combustibles, el Congreso despachó a ley el proyecto impulsado por el Gobierno que establece medidas transitorias para contener el precio de la parafina, uno de los insumos más utilizados por los hogares durante los meses de frío.

La iniciativa fue aprobada por el Senado con 32 votos a favor, sin rechazos y con seis abstenciones, y posteriormente ratificada por la Cámara de Diputadas y Diputados en su tercer trámite constitucional, quedando lista para su promulgación. 

El objetivo central del proyecto es asegurar el acceso al kerosene doméstico en un contexto de alza internacional del petróleo, evitando que el incremento de precios afecte de manera directa a las familias, especialmente en temporada de otoño e invierno. 

Uno de los ejes principales de la ley es el fortalecimiento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), el cual aumentará de forma transitoria en 60 millones de dólares. Esta inyección de recursos permitirá amortiguar el alza del precio de la parafina en el mercado interno. 

En paralelo, el proyecto modifica la fórmula de cálculo del FEPP, con el objetivo de mantener el precio de la parafina en niveles similares a los registrados en febrero de 2026, antes de que se intensificara la crisis internacional del petróleo. 

Además, se estableció que el fondo podrá recibir aportes fiscales extraordinarios o incluso permitir retiros durante la vigencia de estas medidas, que se extenderán hasta el 30 de septiembre de 2026, asegurando flexibilidad para enfrentar la volatilidad del mercado energético. 

El plan también incorpora medidas dirigidas al transporte, considerando el impacto del alza de los combustibles en este sector. Entre ellas, se incluye un bono mensual de $100 mil para propietarios de taxis, taxis colectivos y transporte escolar, destinado exclusivamente a la compra de combustible. 

Este beneficio será pagado por el Instituto de Previsión Social (IPS) y tendrá una duración de seis meses, comenzando a regir desde el 1 de abril de 2026, como una forma de mitigar el aumento en los costos operacionales del transporte menor. 

Desde el Ejecutivo se ha señalado que estas medidas buscan priorizar a los sectores más vulnerables, considerando que la parafina es ampliamente utilizada por hogares de menores ingresos para calefacción durante los meses de mayor demanda. 

El proyecto se enmarca en un contexto de crisis energética internacional que ha elevado significativamente el precio del petróleo, generando presiones inflacionarias y obligando a distintos países —incluido Chile— a adoptar medidas de mitigación para proteger a la población.

Con la aprobación de esta ley, el Gobierno busca contener parcialmente el impacto del alza de los combustibles, en un escenario donde el costo de la energía se ha transformado en uno de los principales factores de preocupación económica para las familias.