La iniciativa fue respaldada por estrecho margen y continuará su tramitación legislativa. El Gobierno y sectores del oficialismo advirtieron que podría beneficiar a condenados por violaciones a los derechos humanos recluidos en el ex penal Punta Peuco.

En medio de un intenso debate político y jurídico, el Senado aprobó en general el proyecto de ley que busca permitir el cumplimiento alternativo o la suspensión de penas privativas de libertad para personas privadas de libertad de edad avanzada o con enfermedades graves o terminales. La iniciativa fue respaldada por 23 votos a favor y 22 en contra, lo que refleja la fuerte división que existe en el Congreso respecto a este tema.

El proyecto propone establecer mecanismos para que determinados internos —principalmente personas mayores de 70 años, con enfermedades terminales o con graves condiciones de salud— puedan cumplir sus condenas fuera de la cárcel, bajo modalidades como arresto domiciliario u otras medidas alternativas.

La propuesta fue impulsada por senadores de oposición, entre ellos Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel, quienes han argumentado que el objetivo es introducir criterios humanitarios en el sistema penitenciario para casos donde la condición de salud o la avanzada edad hacen incompatible la permanencia en un recinto carcelario.

Sin embargo, la iniciativa ha generado una fuerte controversia política debido a que podría beneficiar también a condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, muchos de los cuales cumplen penas en el ex penal Punta Peuco, ubicado en Tiltil.

Desde el Gobierno manifestaron su rechazo a la propuesta. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, advirtió que el proyecto podría entrar en conflicto con las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos, particularmente en relación con la sanción efectiva de delitos de lesa humanidad.

Las críticas también provinieron desde sectores del oficialismo. Algunos parlamentarios señalaron que el proyecto podría abrir la puerta a beneficios carcelarios para personas condenadas por delitos graves, mientras que otros acusaron que se trata de una iniciativa que podría generar impunidad en crímenes de alta connotación pública.

Pese a la aprobación en general, la iniciativa aún debe enfrentar nuevas etapas legislativas. El Senado fijó plazo hasta el 16 de marzo para presentar indicaciones, tras lo cual continuará la discusión en particular antes de avanzar en su tramitación en el Congreso.

De este modo, el proyecto abre un nuevo capítulo en el debate sobre el sistema penitenciario chileno, enfrentando argumentos humanitarios sobre el trato a reos de edad avanzada con las exigencias de justicia y reparación en casos de delitos graves.