La vocera de Gobierno rechazó las acusaciones de Chile Vamos y Republicanos sobre blindajes de personal a meses del cambio de mando. Vallejo sostuvo que la nueva normativa solo busca frenar «despidos arbitrarios» mediante actos administrativos fundados, separando la estabilidad de los funcionarios de carrera de la salida natural de los asesores de confianza.

Sin embargo, la tensión no solo radica en los contratos, sino también en el diseño del Estado. La ministra reforzó la crítica a la figura de la Primera Persona, asegurando que el parentesco no justifica el ejercicio de autoridad, aunque reconoció que serán respetuosos del sello que la próxima administración decida imponer.

El cierre de año político en La Moneda está marcado por una fuerte pulseada administrativa. La ministra vocera, Camila Vallejo, enfrentó las críticas de la oposición que acusan al Ejecutivo de introducir normas de «amarre» en el reajuste al sector público para limitar futuras desvinculaciones. Vallejo fue tajante al señalar que no existe intención de blindar cargos de forma irregular, sino de establecer garantías mínimas que eviten la discrecionalidad absoluta. Según la ministra, la normativa busca recordar que cualquier desvinculación debe estar respaldada por fundamentos de derecho y hechos concretos, eliminando la lógica de «desvincular así como así» cada vez que cambia un gabinete.

La secretaria de Estado matizó que esta protección no alcanza a los asesores o personal de confianza, quienes —por definición— presentarán sus renuncias con la salida del actual Gobierno. El foco, asegura, está en los trabajadores del sector público en general, exigiendo que la causal de «necesidad del servicio» sea especificada y respaldada con mayor profundidad. Pese a estas explicaciones, desde la derecha han advertido que insistir en estas cláusulas «dinamita» la relación con el Gobierno saliente, sugiriendo que la medida busca proteger a cuadros políticos instalados durante la presente administración.

En paralelo, Vallejo se sumó a los cuestionamientos realizados por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, respecto al posible retorno de la figura de la Primera Dama en el próximo Gobierno. La portavoz insistió en que un Estado moderno no debe delegar funciones públicas basadas en vínculos de parentesco, defendiendo el traspaso de las fundaciones de la Dirección Sociocultural a diversos ministerios. No obstante, en un tono de repliegue estratégico, reconoció que cada administración tiene su propia impronta y que, aunque mantengan una mirada crítica, respetarán las decisiones del futuro Gobierno si este decide restaurar dicho rol mediante los actos administrativos correspondientes.