La dirigenta cuestionó los recortes presupuestarios y el cambio de gabinete del Gobierno, advirtiendo que una eventual reducción del Estado afectaría directamente a los sectores más vulnerables de La Araucanía.

Claudio Núñez Q.

La presidenta regional de la ANEF Araucanía, Sandra Marín, abordó el escenario que enfrentan actualmente los funcionarios públicos tras los primeros meses del nuevo Gobierno, en medio de las alertas por eventuales recortes presupuestarios, eliminación de programas, despidos y el reciente cambio de gabinete realizado por el Ejecutivo.

En conversación con Tiempo21, la dirigenta sostuvo que existe preocupación en el sector público regional, especialmente por las señales entregadas desde el nivel central respecto a la elaboración del presupuesto 2027 y los ajustes que podrían afectar programas sociales, estabilidad laboral y servicios vinculados directamente con la ciudadanía.

“Salieron esas circulares donde se hablaba de eliminaciones de programas y rebajas de presupuesto. Y al eliminar programas y rebajar presupuesto también se daña la estabilidad laboral”, afirmó Marín.

La dirigente explicó que, durante abril, comenzó el proceso de elaboración presupuestaria y que fue en ese contexto donde los gremios conocieron lineamientos que generaron inquietud en distintas reparticiones públicas. “Fue la gran sorpresa que tuvimos todos: eliminaciones de programas, rebaja de presupuesto. Y eso, la verdad, no nos sorprende”, sostuvo.

Marín recordó que la ANEF ya había fijado una posición política frente al actual Gobierno en una asamblea nacional, aunque remarcó que los trabajadores del Estado mantienen su compromiso con la función pública. “Claramente este Gobierno no era nuestra opción. Sin embargo, como trabajadores del Estado tenemos que seguir construyendo y ejerciendo la labor de la función pública para el servicio de las personas usuarias”, indicó.

Críticas al argumento del “Estado quebrado”

La presidenta regional de la ANEF también cuestionó el discurso del Ejecutivo respecto a la situación fiscal del país, señalando que no se justificarían los recortes bajo el argumento de haber recibido un Estado en crisis. “¿Se justifican estos recortes? No se justifican, porque aquí también se ha actuado de mala fe al decir que se encontraron con un Estado quebrado”, afirmó.

Según Marín, durante la administración anterior ya existieron dificultades con la Dirección de Presupuestos, precisamente porque —a su juicio— se cuidaban las arcas fiscales y no se permitían con facilidad mejoras laborales o salariales. “Nosotros tuvimos hartas dificultades con la Dipres porque no permitían mejoras. Para mejorar condiciones laborales o salariales había que hacer toda una fundamentación, y ni así se permitía”, señaló.

En esa línea, sostuvo que el presupuesto destinado a mejoras dentro del sector público generalmente ha sido mínimo, incluso en servicios donde existen funcionarios con alta responsabilidad y trayectoria, pero con remuneraciones que considera insuficientes.

Cierre de programas y alerta por el INJUV

Uno de los puntos que más preocupación generó en la ANEF fue el cierre o revisión de programas en instituciones públicas. Marín mencionó casos como CONADI, INDAP, Bienes Nacionales e INJUV, donde —según indicó— se han revisado o eliminado iniciativas, algunas de ellas relacionadas con pueblos originarios.

Sobre el INJUV, la dirigenta fue especialmente crítica por la forma en que, según señaló, se comunicó la decisión a los funcionarios. “En los últimos días de abril nos llega la noticia de que se cierra el INJUV, y la noticia la reciben las y los funcionarios a través de Meet, como a las siete de la tarde, cuando ya estaban en su domicilio”, relató.

A su juicio, este tipo de decisiones reflejan una mala práctica institucional, debido a que no son conversadas previamente con las organizaciones sindicales ni con los trabajadores afectados.

Cambio de gabinete: “Otra mala señal política”

Consultada por el cambio de gabinete realizado por el Gobierno a solo 69 días de iniciado el mandato, considerado el más rápido desde el retorno a la democracia, Marín sostuvo que se trata de una señal preocupante. “Esa es otra mala señal política”, afirmó.

La dirigenta cuestionó que este ajuste ministerial tampoco haya sido abordado con las organizaciones sindicales del sector público, especialmente considerando que existen instancias formales de diálogo con el Ejecutivo. “Tampoco fue conversado con las organizaciones sindicales. Por ejemplo, la Mesa del Sector Público, donde estamos alrededor de 15 organizaciones nacionales, se fue enterando igual que con el marco regulatorio: de un día para otro”, sostuvo.

Marín agregó que esta forma de actuar se ha repetido en distintas decisiones del Gobierno. “Todo ha sido como en el día. Igual que el marco regulatorio, igual que el INJUV. Eso es una mala práctica”, cuestionó.

Respecto a si el ajuste ministerial responde a problemas comunicacionales, de seguridad o a dificultades más profundas en la conducción del Gobierno, la dirigenta planteó que cada administración tiene derecho a elegir a sus autoridades, pero advirtió que ya existen costos visibles. “Puede tener costos como los que ha tenido últimamente con estas dos exministras, que eran costos comunicacionales, pero también de desconocimiento de lo que es la gestión pública”, señaló.

“Claro que hay improvisación”

Marín también fue consultada sobre si, a su juicio, existe improvisación en el actual Gobierno. Su respuesta fue directa. “Por la presión que está dando la ciudadanía frente a las situaciones que están pasando día a día, claro que hay improvisación”, afirmó.

Agregó que, desde su perspectiva, parte de los problemas del Ejecutivo se relacionan con el desconocimiento del funcionamiento del aparato estatal por parte de algunas autoridades. “Del gabinete que está tampoco tengo mayores expectativas, porque no son personas que sean del mundo público”, indicó.

Para la presidenta regional de la ANEF, esa falta de experiencia puede derivar en desaciertos o responder a una intención política más profunda. “Al no conocer lo que es el sistema público, pueden ser desaciertos o puede ser también la intención de disminuir el Estado”, sostuvo.

Temor por despidos y estabilidad laboral

En cuanto a las preocupaciones de los funcionarios fiscales en La Araucanía, Marín afirmó que uno de los principales temores está relacionado con la estabilidad laboral.

La dirigenta explicó que actualmente las personas con menos de cinco años en el sector público son las más expuestas, aunque también han conocido casos de funcionarios con trayectorias más extensas que han sido desvinculados. “Las personas que están más expuestas son todas las que tienen menos de cinco años en el sector público. También hemos estado con situaciones de personas que llevan 18 años y que son despedidas”, afirmó.

Según Marín, la eliminación de programas también impacta directamente en la continuidad laboral de los equipos, debido a que muchos trabajadores dependen de esas líneas de financiamiento.

Programas indígenas y preocupación en La Araucanía

La presidenta regional de la ANEF manifestó especial preocupación por la eliminación de programas vinculados a pueblos originarios, señalando que en una región como La Araucanía este tipo de decisiones tiene un impacto mayor. “Lo primero fueron los programas de pueblo indígena en INDAP, en Bienes Nacionales y en otras instituciones”, indicó.

Marín sostuvo que estos programas tienen sustento en normativas como la Ley Indígena, el Convenio 169 y la Ley Lafkenche, por lo que su revisión o eliminación genera inquietud tanto en las comunidades como en los funcionarios públicos. “Desde la mirada de orgánica indígena, estructura indígena y personas indígenas, claro que tenemos una preocupación al respecto”, afirmó.

La dirigenta fue más allá y planteó que cualquier modificación que debilite estos instrumentos puede significar una pérdida para los territorios. “Si se eliminan programas, si se elimina algún artículo o se cambia desde el punto de vista de ellos, siempre va a ser una pérdida para las comunidades y para los territorios”, sostuvo.

Críticas a la revisión de la Ley Indígena y Ley Lafkenche

Marín también abordó el debate sobre permisología y las críticas que se han levantado contra la Ley Lafkenche. A su juicio, existe una ofensiva política orientada a revisar normas que protegen derechos indígenas y territoriales. “Siempre han querido revisar la Ley Indígena”, señaló.

La dirigenta explicó que esta legislación tiene un carácter protector, especialmente en materias relacionadas con patrimonio cultural, tierras indígenas y recuperación territorial.

“La Ley Indígena es una ley que cuida y protege el patrimonio cultural, las tierras indígenas y la recuperación de las tierras”, sostuvo.

Respecto a la Ley Lafkenche y las iniciativas vinculadas a permisología, Marín advirtió que también existe preocupación desde el punto de vista ambiental. “El medioambiente está en riesgo y siento que en algún momento va a llegar un anuncio tan crudo como los que hemos ido recibiendo”, manifestó.

“Una reducción del Estado es una reducción de los derechos sociales”

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el impacto que tendría una reducción del Estado en una región con alta demanda social como La Araucanía.

Marín fue enfática. “Una reducción del Estado es una reducción de los derechos sociales”, afirmando que los efectos de una política de recorte fiscal no golpean de la misma manera a todos los sectores, sino principalmente a quienes dependen más directamente de la acción pública. “Los que sufren son las personas vulneradas, la niñez, los adultos mayores, los trabajadores y las dueñas de casa”, señaló.

Agregó que, en una región históricamente postergada, disminuir programas o debilitar servicios públicos implica profundizar brechas sociales. “Somos todos parte de un Estado, pero si esta estructura la quieren disminuir, los postergados y los vulnerados serán los más conmocionados con esta situación”, afirmó.

Denuncias por maltrato laboral

La presidenta regional de la ANEF también se refirió a las denuncias por abuso y maltrato laboral en servicios públicos de La Araucanía, una situación que el gremio ha venido denunciando durante los últimos años.

Marín señaló que la ANEF ha cumplido un rol relevante en acompañar a asociaciones y trabajadores afectados, especialmente cuando se han denunciado malas prácticas de autoridades. “Nosotros como ANEF cumplimos un tremendo rol de denuncia y de acompañamiento a las asociaciones”, afirmó.

Según explicó, durante la administración anterior hubo casos en que autoridades fueron alejadas de sus cargos, lo que marcó un precedente dentro del sector público regional. “Eso marcó un precedente y hubo un cambio, hubo un entendimiento”, indicó.

No obstante, sostuvo que el tema sigue siendo parte de las preocupaciones del gremio y que ha sido planteado en reuniones con autoridades actuales. “En las reuniones que hemos tenido con el delegado hemos dado a conocer nuestro currículum sindical en el ámbito de la defensa de las y los trabajadores ante los abusos de las autoridades”, señaló.

Relación con autoridades regionales

Respecto a la relación con el delegado presidencial regional, Marín explicó que el encuentro sostenido fue principalmente protocolar y que estuvo centrado en explicar la estructura y funcionamiento de la ANEF.

La dirigenta señaló que durante la reunión se le consultó por la organización interna del gremio, su historia y presencia territorial. “Nos pidió una minuta, una estructura, que le enviáramos por correo. Puede ser por interés, pero era lo mismo que estábamos conversando y está en nuestra página web”, comentó.

Sin embargo, Marín reconoció que percibió una brecha en el conocimiento del mundo público y sindical. “Puede ser una persona técnica, pero nosotros hemos tenido conversaciones con distintos delegados en distintos gobiernos y claramente hay brecha”, sostuvo.

Distinta fue su evaluación del delegado provincial de Malleco, Justo Manoli, con quien —según dijo— hubo una mejor recepción. “Tuvimos buena recepción en Malleco con el delegado provincial, porque ya conoce algo de la administración pública”, señaló.

Marín afirmó que con Manoli quedó el compromiso de instalar una mesa de trabajo orientada a abordar la seguridad en el ejercicio de la función pública.

Caso Gobernación y hortaliceras mapuche

Consultada por la situación en el Gobierno Regional y eventuales despidos asociados a la administración del gobernador René Saffirio, Marín aclaró que hasta ahora la ANEF no ha recibido denuncias formales por parte de las asociaciones de funcionarios del Gore. “En la Gobernación, como lo hemos señalado en varias partes, no hemos tenido denuncias por parte de la asociación”, explicó.

La dirigenta agregó que, mientras no exista una solicitud formal de apoyo, la ANEF no puede intervenir, debido a que sus espacios se rigen por decisiones democráticas de las bases. “Nuestros espacios son democráticos y las asambleas son las que mandatan”, sostuvo.

No obstante, confirmó que solicitaron una audiencia mediante Ley de Lobby, aunque fueron recibidos por la asesora Érica López, instancia que valoró positivamente.

Marín explicó que el objetivo de esa reunión estuvo relacionado con el apoyo a hortaliceras mapuche y la búsqueda de un espacio de comercialización en el centro de Temuco. “Fuimos por una situación que estamos apoyando nosotros a las hortaliceras mapuche”, indicó.

La dirigenta sostuvo que la demanda apunta a que estas mujeres puedan contar con un lugar adecuado en el centro de la ciudad, no en la periferia. “No es la periferia, tiene que ser en el centro de Temuco, porque esa es la demanda y ahí es donde ellas históricamente han estado”, afirmó.

Finalmente, señaló que esperan avanzar en gestiones tanto con la Gobernación Regional como con la Municipalidad de Temuco, debido a que la ejecución de un espacio de este tipo requiere coordinación institucional.

“La Gobernación no tiene la potestad de decir: vamos a hacer aquí una feria para las hortaliceras. Ellos entregan el presupuesto, pero ese presupuesto tiene que venir solicitado”, concluyó.