Receptora judicial, trabajadores en dos camiones y patrullas de policías, fueron rechazados por el propietario de una vivienda de alto valor que fue rematada en cinco millones. Proceso judicial llevado a efecto en el Tercer Juzgado civil fue duramente cuestionado por el dueño, ex oficial de Carabineros.

Por Héctor Cárcamo y Tania Márquez.

Difíciles horas vivió el miércoles en horas de la mañana, una familia de un condominio ubicado en el sector de Botrolhue, cuando llegó hasta el lugar dos camiones y tres furgones policiales para prestar apoyo judicial a una receptora judicial para el desalojo de una propiedad, habitada por el ex oficial de Carabineros, Jorge Aguirre Hrpic, junto a su esposa, su madre y tres pequeñas hijas.

El hecho fue creciendo en tensión, por cuanto el ex policía se negó a hacer abandono de su hogar, el que luego de un largo y complejo proceso judicial, La propiedad de un valor comercial supera los 360 millones de pesos, fue rematada en el Tercer Juzgado Civil de Temuco, en la modesta suma de 5 millones de pesos.

La nota editada por Tiempo21.cl en la mañana del miércoles acerca de este hecho, tuvo en las primeras horas más de 20 mil visualizaciones solo en facebook y los comentarios surgieron de inmediato señalando las contradicciones de un proceso que criticaron y la mayoría apoyó al ex oficial que hizo público un hecho que por su formación policial, jurídica se resistió, pero también los mismos comentarios lamentaron que miles de personas y familias modestas han perdido sus viviendas porque no tuvieron asesorías judiciales y conocimientos para defender sus bienes.

Los oficiales de Carabineros ingresaron a la vivienda para informar al propietario que de acuerdo a una orden judicial, estaban encargados de prestar apoyo para el cumplimiento de la decisión del tribunal, Jorge Aguirre les explicó comprendía su labor pero que no aceptaba entregar su hogar porque observaba irregularidades en el proceso. El diálogo sostenido por los oficiales con Aguirre Hrpic fue claro y en términos cordiales, pese a la tensa situación, recordándoles que seguramente estudiaron acerca de procedimientos policiales que el mismo había escrito.

“Nunca dispararé contra un carabinero”

Los policías le dijeron que no hiciera uso de sus armas, a lo que el ex oficial les señaló que “nunca voy a disparar contra un carabinero, mi institución”, pero que estaba dispuesto a todo para defender el único bien que tenía para sus pequeñas hijas, su casa.

El punto más crítico, fue cuando la receptora judicial a cargo del desalojo, Ivonne Navarrete, ordenó a los trabajadores que retiraran un cerco y fueron repelidos con una bomba de humo y balazos al aire, arrancando todos, momento en que camiones y trabajadores abandonaron el recinto a toda carrera en el condominio.

El ex uniformado explicó a Tiempo21 que el proceso que fue llevado en su contra lo rechaza porque señala que se llevó a efecto en forma irregular y reclamó porque todo fue llevado adelante “entre gallos y medianoche”, terminando con su remate por una suma irrisoria en tribunales que no le ofrecieron garantías de imparcialidad.

Acerca del valor de su vivienda, señaló que esta es alta y que la construyó con recursos propios y también con créditos hipotecarios, cuya última cuota vence el 2018 “y que tendrá que seguir pagando”, dijo su propietario.

Explicó que según sus antecedentes, en estos casos operan personas que desde las sombras participan en estén tipo de operaciones, para después vender las viviendas en condiciones económicas de acuerdo a valores del mercado, por supuesto en condiciones económicas muy atractivas a costa de adjudicaciones a muy bajo precio.

Tercer Juzgado Civil

Según documentos presentados por su defensor legal, tanto el remate corno actuación procesal, el acta a que ésta actuación procesal dio lugar, y la escritura de adjudicación en remate de fecha  9 de Julio de 2015, “fueron suscritas por la secretaria titular del Tercer Juzgado Civil de Temuco (abogada Patricia Ríos Rojas) en su calidad de ‘Suplente’, fundando su suplencia legal en el artículo 47 del Código Orgánico de Tribunales, ello por así permitírselo la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, en acuerdo de pleno”.

Fundamenta que la secretaria titular del Tercer Juzgado Civil, valiéndose de una suplencia que por el sólo ministerio de la Ley que le confiere el artículo 47 A del Código Orgánico de Tribunales, ha ejercido la función de Jueza Suplente desde marzo de 2015 hasta la fecha “sobrepasando los plazos constitucionales (…) y que no están sujetos a excepción”.

En concreto, según se acredita de resoluciones judiciales que se acompañan, desde marzo de 2015, hasta la última resolución dictada en la causa del Tercer Juzgado Civil de Temuco de fecha 11 de diciembre del corriente, la Secretaria Titular Srta. Ríos Rojas, ha ejercido la Suplencia de la Jueza, ello en virtud una serie ininterrumpida de acuerdos de pleno de la Corte de Apelaciones de Temuco.

Su defensor señaló que “Como se puede ver entre la primera resolución transcripta y la segunda, han transcurrido 9 meses, que la Secretaria Titular ha estado en situación de suplencia, pese a que el máximo de tiempo fijado por la Constitución para el cargo de suplente, es de 60 días, improrrogables”.

Cuestionada suplencia

Agregó el abogado defensor, Rodrigo Moretti Oyarzún, que de las resoluciones del Tercer Juzgado Civil como de la Corte de Apelaciones de Temuco,  “se desprende irrefragablemente (que no cabe contrarrestar) que una de la suplencias de la referida secretaria duró 6 meses, espacio de tiempo en que se dictaron importantes resoluciones en situación jurídica de suplencia, que dicen relación con el patrimonio de mis mandantes, excediéndose en la especie los plazos constitucionales”.

No obstante, el 13 de abril de 2015, la Corte de Apelaciones en su acuerdo N°80, acordó “Disponer que a contar del 5 de mayo y hasta el 31 de noviembre de 2015, la señora Jueza del Tercer Juzgado Civil de Temuco, se avoque de modo exclusivo a la tramitación de los juicios ordinarios, sumarios, procedimientos por leyes especiales y causas laborales y la señora Secretaria Titular en su calidad de Juez Suplente asumirá las causas en materia de juicios ejecutivos, gestiones preparatorias y causa voluntarias”.

De acuerdo a la versión entregada por Aguirre, se trata de un remate realizado por el cobro de una boleta de garantía por servicios prestados a la Universidad de La Frontera y que finiquitó el ex oficial por considerar que no estaban las condiciones para seguir trabajando con la entidad estudiantil.

La decisión de Aguirre generó que se cobra esta boleta de garantía, pero que “a los días fue pagada, cuestión que no detuvo el remate de su casa y de un terreno aledaño que ya fue rematado por 35 millones de pesos”.

Según los antecedentes presentados por el ex oficial, existe una serie de irregularidades en el remate efectuado, primero porque sólo había una persona cuando se realizó el remate público, del cual no fue notificado, así como también se remató la vivienda que es parte de una sociedad con su señora, pues al momento de separarse no estaba liquidada la sociedad y ello significa que ambos son propietarios.

Finalmente, el 9 de junio de 2015, la jueza (s) Patricia Ríos Rojas, ofrece a remate el inmueble, adjudicándolo a José Luis Gay Mellado, quien remata para Hernán Francisco Guiloff Carvallo, en cinco millones de pesos.

Ayer, el ex uniformado esperaba la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco, donde la semana pasado se presentó un recurso de no innovar y ayer su defensa esperaba entregar un nuevo recurso, de protección.