El Ministerio de Seguridad Pública, encabezado por el ministro Martín Arrau, presentó una querella contra los 17 imputados formalizados en el marco de la denominada “Operación Tokio”, investigación que permitió desarticular una de las mayores estructuras de lavado de activos vinculadas al Tren de Aragua en Chile.

La acción judicial se suma al trabajo desarrollado por la Fiscalía Metropolitana Sur, que durante el fin de semana logró que 14 de los imputados quedaran en prisión preventiva por su participación en la organización criminal.

Según los antecedentes expuestos por el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, junto a los fiscales Milibor Bugueño y Luis Barraza, la estructura conocida como “Los Shelby” operaba como el brazo financiero del Tren de Aragua y habría lavado cerca de 75 mil millones de pesos provenientes de actividades ilícitas como extorsiones, tráfico de drogas, trata de personas, contrabando y otros delitos.

La investigación permitió formalizar delitos de asociación criminal, extorsión, contrabando, asociación ilícita para el lavado de activos, lavado de activos y tráfico de drogas en pequeñas cantidades. De los 19 detenidos inicialmente durante el megaoperativo, 17 fueron formalizados por su participación en la red financiera de la organización.

Uno de los antecedentes más relevantes expuestos por el Ministerio Público señala que la estructura criminal habría sacado de Chile cerca de 84 millones de dólares entre los años 2022 y 2026, utilizando empresas fachada, cuentas bancarias y mecanismos financieros destinados a ocultar el origen ilícito de los recursos.

De acuerdo con la investigación, el líder de esta estructura era un sujeto conocido como “Yefri” o “El Shelby”, quien mantenía bajo su control las operaciones de extorsión y contrabando, además de recibir recursos provenientes del tráfico de drogas y la trata de personas desarrolladas por el Tren de Aragua.

Actualmente, el principal imputado se encontraría fuera del país y habría delegado funciones a diversos testaferros encargados de crear empresas de papel y facilitar cuentas corrientes para el movimiento de dinero. Como parte de las diligencias, las autoridades lograron congelar 140 cuentas bancarias presuntamente utilizadas para blanquear ganancias ilícitas.

La Fiscalía sostiene además que la estructura dependía directamente de Carlos Gómez Moreno, considerado el máximo líder del Tren de Aragua en Sudamérica y quien actualmente permanece recluido en una cárcel de Colombia.

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Cuatro personas fueron detenidas durante un amplio operativo desarrollado por la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de Cañete, región del Biobío, en el marco de una investigación por un ataque incendiario registrado en septiembre de 2020 en el sector Laguna de Lloncao.

El procedimiento contempló allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la zona sur de la comuna y permitió la captura de cuatro presuntos integrantes vinculados a la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), organización que se ha adjudicado diversos hechos de violencia en la Macrozona Sur.

La causa está relacionada con un atentado incendiario ocurrido hace casi seis años, donde un joven de 20 años perdió la vida y tres viviendas resultaron completamente destruidas. Por estos hechos, dos personas ya habían sido condenadas anteriormente a penas que suman 28 años de cárcel.

Sin embargo, las diligencias investigativas continuaron y permitieron identificar a otros presuntos involucrados en la planificación y ejecución del ataque, antecedentes que derivaron en los allanamientos concretados durante la madrugada.

Entre los detenidos figura un sujeto que además estaría vinculado a otro ataque incendiario registrado en el sector Los Ríos, en la comuna de Los Álamos, acción que también fue reivindicada por la Resistencia Mapuche Lafkenche. Según antecedentes de la investigación, una cámara de seguridad instalada en un camión habría captado al individuo portando un fusil durante el desarrollo de ese atentado.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la justicia mientras continúan las diligencias para determinar su grado de participación en los hechos investigados.

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La subametralladora UZI que había sido extraviada por un funcionario de Carabineros durante una fiscalización en Puerto Montt, región de Los Lagos, fue recuperada durante la noche del lunes en un sitio eriazo del sector rural de La Colonia. Junto al arma también fue encontrado el cargador con 30 cartuchos calibre 9 milímetros.

El hallazgo se produjo tras una serie de diligencias investigativas coordinadas con la Fiscalía Militar, luego de que se denunciara la pérdida del armamento de grueso calibre, situación que generó preocupación por los riesgos asociados a que este tipo de arma quedara fuera del control policial.

El general de la Décima Zona de Carabineros, Jorge Valdivia, confirmó la recuperación del armamento y destacó que con ello se pone fin a la búsqueda. “Ya no existe armamento extraviado… ya está en nuestras manos y recuperado”, afirmó la autoridad policial.

Según explicó el general, en el marco de la investigación una persona colaboró con la recuperación del arma. “Tuvo la voluntad de devolver” el armamento, señaló.

Respecto del funcionario involucrado en la pérdida de la subametralladora, Valdivia confirmó que se adoptaron medidas administrativas inmediatas. “El carabinero fue separado del servicio y se inició un sumario administrativo para establecer responsabilidades”, indicó.

La autoridad policial agregó que la institución reforzó las instrucciones relacionadas con el resguardo del armamento institucional. “Esto corresponde a un error personal y, por supuesto, de forma inmediata se reiteran a nivel nacional las instrucciones para el cuidado del armamento”, sostuvo.

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Nuevos antecedentes surgieron en torno a la denominada “Operación Tokio”, investigación que permitió desarticular una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua y que terminó con 14 imputados en prisión preventiva. Según informó Radio Bío Bío, una de las detenidas corresponde a Rossana Magdalena Blanco Blanco, ciudadana venezolana que además mantenía vínculos laborales con una entidad bancaria.

La mujer se suma a José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo bancario detenido la semana pasada en el marco del mismo operativo. De acuerdo con los antecedentes recopilados por la Fiscalía Metropolitana Sur, la organización criminal habría movilizado millonarios recursos provenientes de extorsiones, trata de personas, secuestros y otras actividades ilícitas.

El fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, explicó que la imputada mantenía vínculos con uno de los integrantes de la estructura criminal y que su participación estaba relacionada con el brazo operativo dedicado a las extorsiones. “Ella se vinculaba principalmente a través de su pareja, en este caso, que estaba vinculada con las extorsiones y con los espectáculos nocturnos que se realizaban y desde los cuales también empezaban a extorsionar a los demás comerciantes que se dedicaban a estas funciones”, señaló el persecutor.

Barros agregó que la investigación se originó precisamente a partir de denuncias por extorsión en eventos realizados en la comuna de San Ramón. “Este incluso fue uno de los orígenes de la investigación en la Fiscalía Sur, puesto que a propósito de una persona que realiza fiestas en la comuna de San Ramón, la pareja de esta imputada es quien ingresa junto a Bárbara Hernández, que llaman ‘Barbie’, a estos eventos y empiezan a tener una relación más cercana con la víctima de la extorsión”, indicó.

Según la investigación, el caso se remonta a una serie de amenazas contra la propietaria de un centro de eventos que se negó a ceder su recinto para actividades organizadas por la banda. Posteriormente, las diligencias derivaron en el denominado “parcelazo” de Lampa, donde ocurrió un quíntuple homicidio en 2024. Fue en ese contexto cuando la policía recuperó el teléfono celular de Bárbara Hernández, alias “Barbie”, aparato que contenía información clave sobre extorsiones, secuestros, explotación sexual y movimientos financieros de la organización.

La denominada “Operación Tokio” es considerada por la Fiscalía como uno de los mayores golpes patrimoniales contra el Tren de Aragua en Chile, permitiendo detectar una compleja estructura de lavado de activos que habría movilizado cerca de 85 millones de dólares hacia el extranjero mediante cuentas bancarias, empresas de fachada y criptomonedas.

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La Fiscalía solicitó una audiencia ante el Juzgado de Garantía de Temuco para reformalizar a uno de los imputados por la muerte de Joaquín Garrido Sáez, estudiante de 18 años que falleció en marzo pasado en el Hospital Regional tras sufrir una violenta agresión a las afueras de una discoteca de la capital regional.

El caso generó amplio impacto público luego de que se viralizara un video en redes sociales donde se observa a la víctima siendo atropellada en medio de una pelea. En las imágenes también se aprecia cómo, una vez en el suelo e imposibilitado de defenderse, otro de los involucrados le propina una fuerte patada en la cabeza.

La fiscal Claudia Turra explicó que la decisión apunta a precisar los hechos y atribuir una figura penal de mayor gravedad al imputado que habría conducido el vehículo involucrado en el atropello.

“Vamos a reformalizar la investigación, en especial respecto del imputado que causó el atropello de la víctima por un delito de mayor gravedad que, en relación al delito por el cual actualmente se encuentra formalizado, recordemos que actualmente se encuentra en prisión preventiva. Sin embargo, la Fiscalía requiere reformalizar para precisar estos hechos”, señaló.

La solicitud se produce luego de que el Tribunal de Garantía acogiera una petición de la defensa de uno de los acusados y reemplazara su prisión preventiva por una medida cautelar menos gravosa. La decisión se basó, entre otros antecedentes, en el informe de autopsia que determinó que la causa de muerte fueron las lesiones provocadas por el atropello.

El abogado querellante, Dionisio Ulloa Berrocal, indicó que durante la audiencia tanto la defensa como la Fiscalía expusieron los resultados del informe pericial.

“La defensa y el Ministerio Público dieron a conocer el informe de autopsia que concluye que esa patada no tuvo incidencia en la muerte de la víctima”, afirmó.

Pese a ello, el querellante valoró la decisión del Ministerio Público de reformalizar al conductor involucrado, señalando que existen antecedentes suficientes para sostener que los hechos podrían configurar un delito de homicidio calificado.

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Una autodenuncia presentó Carabineros luego de que un carro lanza gases de Control de Orden Público (COP) impactara a una joven durante los incidentes registrados tras una manifestación convocada por las federaciones estudiantiles y el Colegio de Profesores en Concepción.

La movilización reunió a cientos de personas en el centro de la capital del Biobío y se desarrolló inicialmente de forma pacífica por las principales arterias de la ciudad. Sin embargo, una vez finalizado el recorrido comenzaron algunos desórdenes en el sector del paseo peatonal Barros Arana.

Fue en ese contexto cuando un vehículo policial que realizaba maniobras en reversa rozó e impactó a una mujer, hecho que quedó registrado tanto en videos difundidos en redes sociales como en las cámaras corporales utilizadas por funcionarios de Carabineros.

El coronel Marco Jiménez confirmó que la institución decidió informar voluntariamente el incidente a las autoridades competentes. “Realizamos una autodenuncia de un hecho que nosotros registramos en nuestras cámaras corporales”, explicó.

Según detalló el oficial, las imágenes muestran que una persona se acercó al vehículo mientras este retrocedía y que posteriormente cayó tras ser alcanzada por el carro policial. Tras el incidente, la joven recibió asistencia inmediata por parte del personal de Control de Orden Público.

“El personal de COP mantiene los registros de una persona que se acerca al vehículo y, efectivamente, cae al ser rozado por el vehículo. Es así que la persona es auxiliada por el mismo personal de COP y después de no entregar mayores antecedentes, se retira del lugar”, señaló Jiménez.

Desde la institución precisaron que los registros audiovisuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público, organismo que deberá determinar si corresponde iniciar una investigación o adoptar otras medidas relacionadas con el caso.

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La diputada por La Araucanía, Flor Contreras (PDG), se pronunció respecto de las movilizaciones estudiantiles convocadas por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) en la Región Metropolitana, en medio de denuncias por incidentes ocurridos durante la jornada.

La parlamentaria sostuvo que el derecho a manifestarse y expresar demandas sociales debe resguardarse dentro de un marco de respeto y legalidad, enfatizando que la protesta pacífica constituye una herramienta legítima de participación ciudadana. “Toda persona tiene derecho a manifestarse pacíficamente y a expresar sus demandas de manera legítima. Del mismo modo, es fundamental que las fuerzas policiales actúen siempre dentro del marco de la ley, resguardando la integridad de quienes participan en las movilizaciones y de los equipos de prensa”, señaló.

Contreras también manifestó que «no compartimos ni justificamos hechos de violencia, daños a bienes públicos o privados ni agresiones de ningún tipo. Existen muchas formas de hacerse escuchar sin afectar a terceros ni dañar espacios que pertenecen a todos los chilenos”, afirmó.

Asimismo, la legisladora sostuvo que «la defensa de las causas estudiantiles y el respeto por el orden público no son objetivos incompatibles”.

Finalmente, la diputada expresó su respaldo a la labor que desarrolla Carabineros durante este tipo de movilizaciones, especialmente en tareas relacionadas con la seguridad y protección de la infraestructura pública. “Por ello, expresamos nuestro respaldo a la labor de Carabineros de Chile en el resguardo de la seguridad y la protección de la infraestructura pública”, concluyó.

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El fiscal nacional, Ángel Valencia, entregó su respaldo al proyecto de Registro de Vándalos e Incivilidades anunciado por el Presidente José Kast durante su primera Cuenta Pública, aunque planteó observaciones respecto de su diseño y alcance.

En entrevista con CNN Chile, el jefe del Ministerio Público calificó la iniciativa como una “idea positiva”, señalando que apunta a fortalecer el respeto por la legalidad y enfrentar conductas que afectan la convivencia social.

Sin embargo, advirtió que cualquier registro de este tipo debe ser compatible con las normas internacionales sobre protección de datos personales. A su juicio, el desafío es equilibrar la necesidad de combatir las incivilidades con el resguardo de los derechos de las personas.

Valencia sostuvo además que el país enfrenta un problema relacionado con el cumplimiento de las normas y la valoración de la legalidad. En ese contexto, consideró pertinente avanzar en mecanismos que permitan desincentivar conductas que, aunque puedan parecer menores, terminan afectando el orden público.

El fiscal nacional también planteó que el eventual registro no debería limitarse únicamente a quienes cometen actos de vandalismo o incivilidades. “Uno esperaría también que ese registro incluyese a las personas que han cometido quizás delitos económicos o delitos de otra naturaleza”, afirmó.

Respecto a la posibilidad de que quienes figuren en el registro pierdan acceso a determinados beneficios sociales, Valencia indicó que es importante establecer normas que incentiven el cumplimiento de la ley y desincentiven las faltas menores, recordando la denominada teoría de las ventanas rotas, que vincula las pequeñas infracciones con la generación de delitos de mayor gravedad.

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Un amplio operativo de seguridad desplegó Gendarmería de Chile en distintos recintos penitenciarios de La Araucanía, en el marco del Procedimiento Nacional de Registro y Allanamiento impulsado a nivel nacional para reforzar el control interno de las cárceles y prevenir delitos al interior de los penales.

Las intervenciones se desarrollaron de manera simultánea durante dos jornadas en unidades penales de Angol, Victoria, Villarrica y Temuco, con participación de funcionarios especializados y personal operativo de cada recinto.

Uno de los procedimientos más relevantes ocurrió en el módulo F de comuneros del CDP de Angol, donde personal penitenciario logró incautar nueve teléfonos celulares, módems de internet, cargadores, dispositivos electrónicos, un arma blanca y sustancias ilícitas.

Desde Gendarmería confirmaron que los internos vinculados a estos hallazgos fueron denunciados al Ministerio Público, iniciándose las respectivas investigaciones.

En paralelo, en el CDP de Villarrica se detectó una grave vulneración a la seguridad luego que funcionarios descubrieran forados realizados en el muro de un dormitorio del módulo de condenados, situación que encendió las alertas dentro del recinto penitenciario.

Gracias a la rápida intervención del personal, se logró identificar a los internos involucrados, concretar su traslado inmediato y ejecutar reparaciones estructurales para restablecer las condiciones de seguridad del penal.

Por otra parte, en el CCP de Temuco se efectuó un allanamiento en el módulo de comuneros, procedimiento que terminó sin incidentes y permitió la incautación de un teléfono celular, cables USB y diversa documentación que ahora será analizada por unidades de inteligencia penitenciaria.

La directora regional de Gendarmería en La Araucanía, Denise Melgarejo Gómez, destacó el despliegue realizado por los funcionarios y aseguró que estos procedimientos reflejan “el trabajo serio, permanente y estratégico” que desarrolla la institución para mantener el control de los recintos penales.

Asimismo, la autoridad enfatizó la necesidad de fortalecer las herramientas tecnológicas, mejorar infraestructura y reforzar el apoyo institucional al trabajo penitenciario, señalando que la seguridad carcelaria constituye una responsabilidad clave para la seguridad pública del país.

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Dos médicos oncólogos del Hospital Regional de Temuco fueron suspendidos de sus funciones mientras avanza una investigación administrativa y penal por eventuales derivaciones de pacientes hacia un centro privado ligado a ambos profesionales.

El caso quedó al descubierto tras una investigación de la Contraloría General de la República, cuyos antecedentes fueron contenidos en el Informe Final N.º 887.

Según el organismo fiscalizador, los médicos —padre e hijo— habrían accedido a información sensible desde el Comité Oncológico del hospital para orientar derivaciones hacia el centro médico James Lind, establecimiento privado de su propiedad.

La situación encendió alertas respecto a un eventual conflicto de interés y posibles vulneraciones a la probidad administrativa dentro del principal recinto asistencial de La Araucanía.

El seremi de Salud regional, José Bravo, abordó públicamente la situación y explicó inicialmente que el centro privado se encontraba sin funcionamiento debido a un sumario administrativo relacionado con eventuales irregularidades en la atención de pacientes.

Sin embargo, posteriormente la propia Seremi de Salud emitió un comunicado aclarando que el centro de investigación médica James Lind se encuentra actualmente abierto y funcionando conforme a su resolución sanitaria vigente.

“La Seremi de Salud reitera su compromiso con la transparencia, la tranquilidad de los pacientes y un activo rol fiscalizador y preventivo para asegurar, respecto de este tipo de establecimientos, una atención conforme a la normativa sanitaria”, indicaron desde la autoridad sanitaria.

En paralelo, el Ministerio Público ya mantiene abierta una investigación por presuntos delitos de fraude al Fisco, violación de secreto y negociación incompatible, luego que los antecedentes fueran remitidos desde Contraloría.

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