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Publicado por: Tiempo21 | lunes 2 de noviembre de 2026 | Publicado a las: 18:13
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 121 votos a favor los cambios a la Ley 21.802. La iniciativa permite contratar inspectores bajo el Código del Trabajo y establece nuevos márgenes de gasto para reforzar los equipos de seguridad comunal.
Un nuevo marco de contratación y financiamiento para fortalecer la seguridad municipal quedó establecido tras la aprobación de las modificaciones a la Ley 21.802 por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados.
La iniciativa fue respaldada este lunes 2 de noviembre por 121 votos a favor, siete en contra y seis abstenciones, quedando despachada del Congreso y en condiciones de convertirse en ley.
El proyecto busca resolver dificultades detectadas durante la implementación de la normativa de seguridad municipal, vigente desde agosto de 2026, y entregar mayores herramientas a los municipios para organizar y ampliar sus equipos de prevención y seguridad.
Uno de los principales cambios permitirá que las municipalidades contraten inspectores de seguridad bajo las normas del Código del Trabajo.
Aunque su vínculo laboral se regirá por ese régimen, estos trabajadores tendrán la calidad de funcionarios públicos y estarán sujetos a las normas de responsabilidad administrativa establecidas para el personal municipal.
En materia de remuneraciones, los sueldos deberán asimilarse a un grado de la planta municipal y no podrán superar los montos establecidos para funcionarios de planta o contrata que realicen labores de seguridad. También se fijan límites para las indemnizaciones.
Uno de los aspectos centrales de la modificación es el establecimiento de márgenes especiales para financiar la contratación de inspectores de seguridad.
La normativa contempla un límite ordinario anual de hasta el 5% de los ingresos propios percibidos por cada municipio durante el año anterior.
Sin embargo, ese porcentaje podrá ampliarse excepcionalmente:
Para evaluar estas solicitudes se considerarán factores como la condición de capital regional, sostenibilidad financiera, población residente y flotante, extensión territorial, ruralidad, vulnerabilidad sociodelictual y dependencia del Fondo Común Municipal.
Además, las contrataciones deberán informarse en los reportes correspondientes y los alcaldes tendrán que dar cuenta anualmente al concejo municipal sobre la aplicación de estos límites.
La iniciativa también flexibiliza la acreditación de idoneidad física y psicológica exigida para desempeñar funciones de seguridad municipal.
Las evaluaciones podrán realizarse en establecimientos de salud públicos, privados o mutuales de seguridad.
Para quienes ya se encuentran desempeñando estas labores, se contempla un plazo de doce meses, contado desde la dictación del respectivo decreto alcaldicio de nombramiento, para acreditar este requisito.
En cuanto a la conducción de vehículos municipales de seguridad, los conductores deberán contar con la licencia no profesional correspondiente a las características del vehículo y una antigüedad mínima de tres años.
Otro de los cambios incorpora un plan anual de oferta programática de seguridad a cargo de SUBDERE, al que podrán postular los municipios.
Este programa podrá incluir capacitaciones y formación para inspectores, infraestructura de seguridad y otras iniciativas destinadas a fortalecer las capacidades comunales.
En la asignación de puntajes podrán considerarse elementos como la vulnerabilidad sociodelictual, la condición de zona extrema y la dependencia del Fondo Común Municipal o los menores ingresos propios de una comuna.
La modificación también amplía de 60 a 180 días uno de los plazos transitorios contemplados en la normativa.
Las nuevas disposiciones abren una posibilidad para que los municipios de La Araucanía revisen sus capacidades presupuestarias y proyecten el fortalecimiento de sus equipos de seguridad.
Sin embargo, el acceso a mayores recursos dependerá de las condiciones financieras de cada comuna, las autorizaciones correspondientes y los criterios que se utilicen para distribuir los programas de apoyo.
Con la aprobación de la Cámara, el proyecto quedó despachado del Congreso y en condiciones de convertirse en ley, sujeto a las etapas constitucionales correspondientes.
