Chile -y sobre todo nuestra región de La Araucanía- es un territorio marcado por la deuda histórica con el pueblo mapuche. En este contexto, los resultados de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento representan un hito significativo, no sólo por su alcance, sino por su profundidad, amplitud y por el consenso transversal que la sostiene. Esta iniciativa, impulsada por el Presidente Gabriel Boric, es muchísimo más que un gesto simbólico, más bien sino un compromiso concreto por alcanzar soluciones duraderas y sostenibles en un territorio largamente tensionado.

Durante casi dos años, ocho comisionadas y comisionados, provenientes de diversas sensibilidades políticas y sociales, trabajaron para escuchar a miles de personas, en un ejercicio de profunda democracia que incluyó a: comunidades mapuche, gremios, asociaciones de víctimas de violencia rural, gobiernos locales y regionales, organizaciones civiles y expertos internacionales. Asimismo, la comisión fue respaldada por los 19 partidos políticos que tienen representación parlamentaria, reflejando un consenso que pocas veces se ve en el país.

El informe entregado por la Comisión no evade los problemas estructurales. Por el contrario, señala con claridad que el actual sistema de restitución de tierras es ineficiente, previendo que podría tardar más de un siglo en cumplir los compromisos pendientes. Por ello, propone un nuevo sistema de tierras indígenas, junto con medidas de reparación integral a las víctimas de la violencia, un plan de reactivación económica para Arauco y Malleco, y una nueva institucionalidad indígena. Todo esto enmarcado en una propuesta de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, como base de una convivencia futura.

Más allá de su valor histórico, estos avances representan una estrategia integral para la seguridad pública. Esto se debe a que la paz y la seguridad genuinas son imposibles si persisten la exclusión, la injusticia social, territorial y la desconfianza mutua. Es crucial entender que la seguridad no se limita única y exclusivamente a la presencia territorial de las policías o militares, cuyo rol –por cierto- es esencial, sino que también implica el reconocimiento, el desarrollo y la reparación

Al acoger las propuestas de la comisión, el Gobierno ha demostrado que cree en el poder de la buena política. Como bien señaló el presidente Gabriel Boric en la cadena nacional: “En estas propuestas hay acuerdos transversales, visión histórica, conciencia del presente y futuro”. Esto marca una diferencia fundamental: aquí no se trata de imponer soluciones, sino de construirlas colectivamente.

Hoy, Chile tiene una oportunidad irrepetible de reconciliación. No es sólo una agenda indígena o regional, por supuesto que no. Es una hoja de ruta para un país más justo, más seguro y más cohesionado. Y La Araucanía, por su historia y su presente, puede y debe ser el territorio donde florezca esta nueva convivencia.

Seremi (I) de Seguridad Pública

Titular de Gobierno, Verónica López-Videla