Diputada Sofía Cid (RN) anunció que solicitará al organismo fiscalizador un pronunciamiento sobre la prolongada suspensión de varios directores ejecutivos de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), quienes han continuado percibiendo remuneraciones pese a no desempeñar sus cargos.

Parlamentarios de oposición presentaron un recurso ante la Contraloría General de la República cuestionando la situación de varios directivos de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) que, pese a estar suspendidos por sumarios administrativos, siguen recibiendo sueldo sin ejercer funciones, según informó la diputada Sofía Cid (Renovación Nacional).

La denuncia surge luego de un reportaje que reveló que cinco directores ejecutivos de SLEP mantenían remuneraciones completas pese a estar suspendidos por problemas de probidad o gestión, mientras los sumarios internos de remoción —reservados y en algunos casos abiertos hace años— no se han resuelto. 

En este contexto, Cid señaló que “mientras nuestros estudiantes pierden clases y las escuelas siguen sin condiciones mínimas, un exdirector suspendido por mala gestión sigue cobrando millones. ¿Quién responde por este nivel de descontrol?”, criticando la demora en la tramitación de estos procedimientos. 

Uno de los casos emblemáticos mencionados es el del SLEP de Valparaíso, donde el director ejecutivo fue suspendido en mayo de 2022 y, pese a no ejercer desde entonces, ha recibido, según estimaciones, 44 sueldos y bonos que suman cerca de $296 millones en remuneraciones. 

La diputada agregó que, en el caso del SLEP de Atacama, el director suspendido Carlos Pérez Estay, apartado del cargo desde marzo de 2022, recibe alrededor de $5 millones mensuales, incluyendo pagos por bonos de desempeño institucional y colectivo, lo que Cid considera una muestra clara de la falta de gestión del actual gobierno para cerrar estos sumarios. 

Además de estos casos, hay otros directivos suspendidos en regiones como O’Higgins, Magallanes y Aconcagua, con sumarios que se prolongan por años y remuneraciones que continúan pagándose mientras las investigaciones internas no concluyen. 

Desde la Dirección de Educación Pública (DEP), organismo que supervisa los SLEP, han explicado que la lentitud en los procesos de remoción obedece a la complejidad de los sumarios administrativos y a la legislación vigente, que exige múltiples etapas de investigación y la intervención de varios órganos del Estado, incluyendo el Ministerio de Educación, Presidencia y la propia Contraloría. 

Los opositores esperan que la Contraloría se pronuncie sobre estos casos y que, de paso, exija transparencia sobre la duración y razones de los sumarios que mantienen a directores suspendidos cobrando salarios pese a no estar al frente de sus funciones en los Servicios Locales de Educación Pública.