Las diputadas Daniela Serrano y Lorena Fries, junto al diputado Marcos Barraza, cuestionaron duramente la decisión de Gendarmería de trasladar internos comunes desde el ex penal Punta Peuco hacia otras cárceles del país. Desde la institución penitenciaria aseguraron que se trató de un procedimiento técnico, voluntario y ajustado a la normativa vigente.

Una fuerte controversia política se abrió luego de que Gendarmería concretara el traslado de reos comunes desde el Centro Penitenciario de TilTil —conocido históricamente como el ex penal Punta Peuco— hacia distintos recintos penitenciarios del país.

La medida fue cuestionada por parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio, quienes acusaron opacidad y advirtieron que detrás de la decisión podría existir un intento por devolver privilegios al recinto donde permanecen condenados por crímenes de lesa humanidad.

La diputada y jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, calificó la situación como “un retroceso histórico y una vergüenza moral para nuestro país”, apuntando directamente al simbolismo que tiene Punta Peuco en materia de derechos humanos.

“Lamentablemente, detrás de estas decisiones se podría estar escondiendo el real propósito de todo esto, que es reconstruir a Punta Peuco como una cárcel privilegiada para criminales de lesa humanidad”, afirmó la parlamentaria.

En la misma línea, el diputado Marcos Barraza sostuvo que “un gobierno también se define por a quién protege”, cuestionando que existan condiciones especiales para internos condenados por violaciones a los derechos humanos. “Esto es extremadamente grave. Lo que está en juego no es solo una decisión penitenciaria, sino la credibilidad del Estado de Derecho y la igualdad ante la ley”, enfatizó.

Por su parte, la diputada Lorena Fries criticó la falta de transparencia en el proceso y acusó que el Ejecutivo ha manejado el tema “de manera opaca”, sin asumir públicamente las decisiones adoptadas.

Desde Gendarmería, en tanto, defendieron el procedimiento señalando que los traslados responden a criterios técnicos y administrativos establecidos por la normativa vigente. A través de un comunicado, la institución indicó que los internos solicitaron voluntariamente su reubicación mediante peticiones escritas.

Asimismo, aseguraron que estas medidas buscan responder a exigencias de seguridad, habitabilidad y operatividad de los distintos recintos penitenciarios, reafirmando además su compromiso con el respeto a los derechos humanos y la correcta administración del sistema carcelario.