El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la norma del proyecto «Aula Segura» que inhabilitaba a los condenados por ciertos delitos graves para acceder a la gratuidad universitaria. El Ejecutivo la presentó como una señal de firmeza frente a la violencia escolar. El TC la rechazó. Y tuvo razón, aunque las razones van más allá del fallo, que conoceremos en detalle en los próximos días.

Lo cierto es que hay un riesgo profundo en convertir la educación en un mecanismo de castigo. Cuando el Estado condiciona el acceso al conocimiento al comportamiento previo del ciudadano, transforma silenciosamente un derecho social en una recompensa condicionada. La gratuidad no es un privilegio que se otorga por buena conducta: su titularidad depende de condiciones socioeconómicas, no del historial delictual del postulante.

Con su sentencia el Tribunal Constitucional lo dijo con claridad: la sanción accesoria carecía de proporcionalidad y afectaba el núcleo esencial del derecho a la educación, constituyendo además una discriminación arbitraria contraria a la igualdad ante la ley. Una doble sanción que, además, recaería principalmente sobre los jóvenes más vulnerables, precisamente quienes más necesitan el financiamiento estatal para acceder a la universidad y, desde ahí, a la reinserción.

La violencia en los establecimientos escolares es un problema real que exige una respuesta institucional seria. Legislar con el impulso del escarmiento no protege a nadie: simplemente perpetúa la exclusión bajo el disfraz de la firmeza. El fallo no es un obstáculo; es una invitación a legislar de mejor forma.

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El deterioro de una ciudad rara vez comienza con un gran acontecimiento. Suele instalarse de forma silenciosa: una luminaria que deja de funcionar, una plaza abandonada, un grafiti que nadie limpia o una norma básica de convivencia que deja de respetarse. Con el tiempo, esas pequeñas señales terminan modificando la forma en que las personas perciben el espacio público y se relacionan entre sí.

En 1982, James Wilson y George Kelling formularon la conocida teoría de las «ventanas rotas». Su argumento era simple: cuando una ventana permanece rota y nadie la repara, transmite la idea de que nadie está a cargo y que las reglas han dejado de importar. No porque una pared rayada produzca automáticamente delitos graves, sino porque el abandono debilita las señales cotidianas que sostienen la convivencia.

Aunque esta teoría ha sido ampliamente debatida, su intuición sigue siendo vigente. Las sociedades funcionan gracias a expectativas compartidas. Cuando las personas perciben que las normas se respetan, tienden a cooperar; cuando observan desinterés o impunidad, la disposición a colaborar disminuye. Robert Putnam mostró que la confianza social constituye uno de los principales activos de una comunidad, mientras que Niklas Luhmann la entendía como el mecanismo que permite reducir la complejidad de la vida cotidiana. Sin confianza, cada interacción se vuelve más lenta, costosa y conflictiva.

Este fenómeno también puede entenderse desde la sociología organizacional. Toda organización —y una ciudad también lo es, en cierto sentido— depende de reglas informales que permiten coordinar conductas sin necesidad de supervisión permanente. Cuando esas normas se erosionan, aumentan los costos de control, fiscalización y vigilancia. La paradoja es evidente: mientras más se debilita la confianza, mayor esfuerzo institucional se requiere para mantener el orden.

En Chile y en distintas ciudades de América Latina, el deterioro del espacio público ha reabierto el debate sobre seguridad y convivencia. Una plaza que deja de ser utilizada, una estación vandalizada o un barrio percibido como abandonado no solo afectan el paisaje urbano; también reducen la apropiación comunitaria y debilitan el sentido de pertenencia.

Por eso, si bien las discusiones sobre mayores atribuciones de fiscalización o endurecimiento de sanciones responden a preocupaciones legítimas, ninguna sociedad puede sostener indefinidamente su convivencia únicamente sobre la vigilancia. La experiencia internacional demuestra que recuperar los espacios públicos también implica reconstruir las señales de cuidado, responsabilidad compartida y presencia institucional.

Las sociedades modernas enfrentan desafíos cada vez más complejos, pero ningún sistema político ni ninguna policía pueden reemplazar la cooperación cotidiana de millones de personas. Reparar una luminaria, mantener limpia una plaza o respetar una fila puede parecer un gesto menor. Sin embargo, son precisamente esas pequeñas acciones las que fortalecen el capital social y transmiten el mensaje más importante para cualquier comunidad: aquí todavía es posible confiar.

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Por Viviana Díaz, Psicopedagoga Presidenta Fundación Karün

Hay una escena que se repite con tal regularidad en La Araucanía que ya casi parece normal. Una sala municipal, sillas plásticas dispuestas en semicírculo, un pendón institucional al fondo y, al frente, una facilitadora hablando de «empoderamiento», «marca personal» y «propuesta de valor». Las mujeres asisten, muchas de ellas mapuche, muchas rurales, casi todas con hijos o adultos mayores a cargo, toman apuntes con diligencia, reciben sus diplomas y vuelven a sus casas con una carpeta llena de buenas intenciones y ninguna respuesta para la pregunta que más importa: ¿dónde vendo?

No es un juicio a quienes diseñan estos programas ni a quienes los ejecutan. El problema es anterior y más profundo, es un error de diagnóstico que lleva décadas instalado en las políticas públicas de fomento productivo. Se asume que la pobreza de las mujeres es un problema de habilidades, de autoestima o de actitud emprendedora. Y entonces se interviene sobre eso. Pero la pobreza de las mujeres en esta región no es un déficit de motivación. Es la consecuencia acumulada de mercados que no las incluyen, de trabajos de cuidado que el Estado no reconoce ni remunera, y de un territorio que concentra las peores condiciones socioeconómicas del país.

Los datos son contundentes. La Araucanía encabeza el ranking nacional de informalidad laboral con un 34,7%, casi diez puntos por sobre la Región Metropolitana. Las mujeres de la región registran una tasa de informalidad del 35,9%, con alza interanual. Y el dato que más debería incomodar a quienes diseñan política pública: el 90,7% de las personas que permanecen fuera del mercado laboral por responsabilidades familiares permanentes en nuestra región son mujeres. No están «inactivas». Están trabajando. Lo que ocurre es que ese trabajo, cuidar a los hijos, a los adultos mayores, al familiar enfermo, trabajar para la comunidad, simplemente no existe para las estadísticas ni para los presupuestos.

Sobre ese suelo ya frágil, el Estado llega con un taller de doce sesiones. Y cuando termina, se va.

Lo he visto de cerca. Una mujer termina el taller con ideas, con ganas, con un cuaderno lleno de anotaciones, y se enfrenta sola a preguntas que nadie le ayudó a responder: ¿dónde vendo?, ¿cómo me certifico sanitariamente?, ¿quién cuida a mi hijo mientras estoy en la feria?, ¿cómo traslado lo que produzco si no tengo vehículo? Para que esa mujer pueda desarrollar una actividad económica real y sostenida, necesita cosas concretas que hoy no existen articuladas en ningún programa público de esta región. Un espacio de comercialización permanente, físico o digital, no una feria que depende del clima y del presupuesto municipal del año. Capital semilla que considere el ciclo productivo completo, no un cheque simbólico para comprar materiales. Acompañamiento técnico durante al menos un año después del taller, no ocho sesiones y una foto para el informe de gestión. Que el Estado la incluya como proveedora en sus propias compras públicas, porque el Estado compra miles de millones en bienes y servicios y podría priorizar a emprendedoras locales si quisiera. Y, antes que todo lo anterior, que alguien resuelva con quién deja a sus hijos mientras trabaja.

Sin eso, el taller no es una herramienta. Es una ilusión administrada.

No digo esto para desacreditar a quienes trabajan en estos programas, muchas veces con recursos escasos y con vocación genuina. Lo digo porque ese esfuerzo merece más que seguir repitiendo un modelo que lleva veinte años sin mover los indicadores. Seguimos midiendo el éxito en «número de mujeres capacitadas» cuando la pregunta que deberíamos hacernos es cuántas de ellas tienen hoy un ingreso estable, cuántas acceden a seguridad social, cuántas pueden proyectarse sin depender de que el próximo gobierno renueve el convenio.

La Araucanía es la región con el índice de desarrollo humano más bajo del país. Tiene la tasa de informalidad más alta. Tiene la pobreza multidimensional más acentuada. Y tiene, también, una historia larga de mujeres que sostienen comunidades, crían familias, transmiten cultura y cuidan la tierra con una resiliencia que ningún taller les enseñó.  La capacitación no es la falla. Les hemos fallado en construir el ecosistema real que les permita convertir ese trabajo en recursos y así mejorar su calidad de vida.

Quizás sea hora de dejar de preguntarles cómo van a emprender y empezar a preguntarnos por qué el sistema que construimos hace que emprender sea la única salida que les ofrecemos.

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Como cada año, el Día Internacional del Orgullo LGBTIQA+ invita a reflexionar sobre los avances que hemos alcanzado como sociedad en materia de derechos, igualdad e inclusión. Sin embargo, también nos recuerda que aún existen brechas importantes que requieren compromiso y acción sostenida desde todos los sectores, especialmente desde el mundo empresarial.

La estrategia adoptada en 2024 por la ONU para proteger a las personas LGBTIQ+ frente a la violencia y la discriminación constituye una señal clara de que la inclusión ya no puede entenderse únicamente como una aspiración ética o una declaración de principios. Hoy representa una responsabilidad compartida que exige generar entornos seguros, respetuosos y capaces de garantizar que todas las personas puedan desarrollarse plenamente, sin importar su identidad de género, orientación sexual o características personales.

En este contexto, el concepto de «belonging» o sentido de pertenencia adquiere una relevancia cada vez mayor. La diversidad no consiste únicamente en incorporar personas con distintos orígenes, experiencias o perspectivas, también implica crear las condiciones para que cada una de ellas pueda participar de manera auténtica y sentirse valorada por lo que es. Cuando sentimos que pertenecemos, llevamos al trabajo nuestra versión más autentica y mejor.

La verdadera inclusión ocurre cuando las personas no necesitan ocultar aspectos de su identidad para ser aceptadas, cuando sus opiniones son escuchadas con respeto y cuando tienen las mismas oportunidades para crecer y aportar valor.

La experiencia nos indica que las organizaciones más avanzadas han comprendido que la diversidad es mucho más que una iniciativa de recursos humanos. Se trata de una capacidad estratégica que fortalece la innovación, mejora la toma de decisiones y permite responder con mayor eficacia a los desafíos de un mundo cada vez más complejo y diverso. Cuando distintas miradas convergen en torno a un mismo objetivo, surgen soluciones más creativas, innovadoras y una comprensión más profunda de las necesidades de las personas.

Pero construir culturas inclusivas no es sencillo. Liderar equipos diversos implica salir de las zonas de confort. Es mucho más fácil trabajar con personas que piensan de manera similar, que comparten experiencias parecidas o que reaccionan de forma predecible. La verdadera riqueza aparece precisamente cuando existen diferencias. Gestionarlas requiere apertura, empatía y la disposición permanente a aprender de otros puntos de vista.

Finalmente, la gran oportunidad para las empresas no es sólo mejorar sus resultados o fortalecer su capacidad de innovación, sino que también contribuir a una sociedad más justa, donde todas las personas tengan la posibilidad de desarrollarse plenamente y aportar desde su autenticidad.

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La situación demográfica de Chile tiene una mirada económica importante, ya que el rápido envejecimiento de la población genera efectos directos sobre el sistema de pensiones, la salud pública y las cuentas fiscales. El incremento en las expectativas de vida en el país lleva a que cada día gane más relevancia la economía plateada no solo como un problema, sino como una oportunidad para la innovación, la productividad y el desarrollo de nuevos mercados.

Generalmente, el envejecimiento de la población se ha mirado como una carga estructural tanto para las familias como para el país, asumiendo un elemento estático de la vejez. Pero si uno mira a las personas mayores de 60 años en el Chile actual, el escenario es completamente distinto a lo que observaban nuestros padres a nuestra edad. Por ejemplo, hoy las personas de la tercera edad poseen más años de escolaridad, mayor conectividad digital y un firme deseo de mantener una participación en la economía. No se les puede restringir a ser receptores de ayudas del Estado, pues es desperdiciar un capital humano acumulado invaluable. La economía plateada nos invita a modificar la estructura productiva considerando que el empleo sea adaptativo, y generar un consumo especializado.

Para ello, el mercado laboral chileno debe extender la vida laboral de forma voluntaria. Esto puede ser mediante jornadas de trabajo flexibles, teletrabajo o roles de mentoría, lo que permite suavizar el déficit de fuerza laboral joven y mantener la transferencia de conocimiento en sectores complejos.

Asimismo, este desafío requiere una alianza público-privada, donde el Estado actúe como catalizador, modernizando las regulaciones, buscando incentivar la contratación de este segmento de la población, y promoviendo y garantizando la inclusión digital. Por su parte, la academia y el sector privado deben abandonar los estereotipos comerciales y entender que la población mayor es un motor de demanda sofisticado y creciente.

El envejecimiento no es el fin del crecimiento; es la reconfiguración de este. Si logramos articular políticas públicas flexibles y un entorno empresarial que valore la experiencia y la innovación adaptativa, Chile no sufrirá el invierno demográfico. Al contrario, podrá capitalizar un robusto «dividendo canoso», demostrando que una sociedad más longeva es también una economía más resiliente, integrada y desarrollada.

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A diario me encuentro, casi al llegar a mi trabajo con una postal muy bella. Un papá y en otras ocasiones una mamá llevando a su pequeña hija al jardín de Integra. Les veo las caras, sus ojos, tanta esperanza puesta en la formación de una pequeña que solo sabe, en esta etapa de su vida, entregar amor. Esta pequeña no sabe que se enfrentará en Chile a un muro invisible que decidirá su futuro.

El economista Seth D. Zimmerman, en su estudio sobre universidades de élite, revela que ingresar a estas instituciones multiplica las posibilidades de acceder a empleos de liderazgo y altos ingresos, pero solo para un grupo reducido de hombres de colegios privados de alto costo. Mujeres y estudiantes de origen menos privilegiado no obtienen los mismos beneficios. Así, la universidad, que debería ser motor de movilidad social, se convierte en un filtro que reproduce privilegios.

Autores como Raymond Boudon y John Goldthorpe han señalado que la educación es el principal mecanismo de movilidad social en las sociedades modernas. En América Latina, Fernando Reimers y José Joaquín Brunner destacan que escuela y universidad deben romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Sin embargo, los datos del SIMCE en Chile muestran que ese ideal está lejos: las brechas de aprendizaje entre estudiantes de colegios particulares pagados y municipales superan los 60 puntos en lectura y matemáticas. En la Araucanía, región históricamente rezagada, los puntajes se ubican por debajo del promedio nacional, reflejando exclusión desde la educación básica.

El muro no es solo educativo: también se traduce en desigualdad de acceso a empleos de calidad, salud, previsión y conectividad digital. La pandemia evidenció que la falta de internet en zonas rurales profundizó las brechas, consolidando un círculo de exclusión que se perpetúa en la universidad y el mercado laboral.

Frente a ello, programas como Proenta UFRO y los propedéuticos universitarios han intentado derribar ese muro, ofreciendo acompañamiento académico y socioemocional a estudiantes vulnerables. Gracias a ellos, jóvenes de liceos municipales han accedido a la universidad y desarrollado competencias que el currículum escolar no garantiza. Sin embargo, la decisión del gobierno de José Antonio Kast de eliminar su financiamiento representa un retroceso, cerrando una de las pocas vías de movilidad ascendente para sectores desfavorecidos.

La pregunta de fondo es por qué competencias básicas como pensamiento crítico, habilidades socioemocionales y preparación para la vida universitaria dependen de programas externos y no están integradas en la educación media. Si la educación es realmente un vehículo de movilidad social, el Estado debe garantizar que todos los estudiantes, sin importar su origen, reciban las herramientas necesarias para transitar hacia la universidad y el mundo laboral.

La investigación de Zimmerman recuerda que las universidades de élite pueden ser motores de movilidad, pero también reproductores de privilegios. Los datos del SIMCE y la realidad de la Araucanía muestran que el muro de exclusión se construye mucho antes de la admisión universitaria. Derribarlo exige políticas públicas que fortalezcan la educación media, integren competencias transversales en el currículum y mantengan programas de apoyo como Proenta UFRO. De lo contrario, la movilidad ascendente seguirá siendo un privilegio reservado para unos pocos.

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El 2 de junio de 2026, el Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó la Resolución Exenta N°69, que obliga a plataformas extranjeras de apuestas online, juegos de azar y casinos digitales sin domicilio en Chile a inscribirse en el registro de contribuyentes y pagar IVA sobre el total de sus ingresos. Esta es una medida polémica por definición, toda vez que estas plataformas operan en una zona gris en Chile, por lo que es lícito cuestionarse ¿puede el SII cobrar impuestos a quienes operan al margen de la ley sin validarlos tácitamente? La respuesta no es tan evidente como parece y por eso es necesario reflexionar sobre las implicancias jurídicas y tributarias de esta medida, que tiene la virtud de recaudar impuestos en una industria llena de polémicas en Chile.

La propia resolución reconoce que estas empresas operan fuera de la normativa vigente; sin embargo, sostiene que es deber del Servicio asegurar que realicen el pago de los impuestos que les corresponden. La postura tiene respaldo en la dogmática tributaria, puesto que el hecho gravado no exige que la actividad sea lícita, aunque se da por sentado que lo es. La renta es tributable con independencia de su origen, criterio que el propio Código Tributario recoge de manera implícita y que distintos sistemas comparados aplican sin mayor controversia. En ese sentido estricto, el SII no estaría inventando una facultad, sino ejerciendo una que ya tenía.

El problema, no obstante, es de otra naturaleza. El IVA es un impuesto a las ventas y servicios que funciona sobre la base de una cadena de débitos y créditos. Cuando el SII inscribe a un prestador, le otorga Rol Único Tributario, acceso al sistema de facturación electrónica y, en la práctica, una identificación formal ante el Estado. Eso no es neutralidad, es reconocimiento tácito.

Aquí reside la tensión de fondo. El Congreso debate un proyecto de ley para regular las apuestas en línea, precisamente porque la actividad carece de marco legal. El SII, en cambio, actuó por resolución exenta sin esperar ese marco, lo que llevó a la Contraloría General de la República a oficiar al organismo exigiéndole que explique, en un plazo de diez días hábiles, las atribuciones normativas empleadas. Esa exigencia no es menor, puesto que las resoluciones exentas son instrumentos de gestión interna, no normas habilitantes para modificar el estatus jurídico de una actividad. Si el SII sobrepasó ese límite, la resolución podría ser declarada nula.

El ministro de Hacienda defendió la medida argumentando que el rol del SII es cobrar impuestos, no pronunciarse sobre la legalidad de las actividades. Esa distinción es atendible desde la teoría, pero difícil de sostener cuando el propio acto administrativo crea condiciones operativas para quienes están fuera de la ley. Cobrar no es simplemente declarar una obligación; es, también, construir una relación jurídica entre el fisco y el contribuyente.

Desde mi punto de vista, el SII actuó con buena intención recaudatoria, pero sin la cobertura legal suficiente. La equidad tributaria que el Servicio invoca es un objetivo legítimo, y resulta evidentemente injusto que los casinos presenciales tributen mientras sus competidores digitales operan en la opacidad. Pero la solución correcta pasa por la ley, no por una resolución que intenta resolver de facto lo que el legislador aún no ha resuelto de derecho. Mientras Contraloría no se pronuncie, esa distinción sigue siendo todo menos secundaria. Esto no es un tema resuelto y seguramente dará para muchos debates y análisis desde lo técnico, pero también desde lo político.

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Hay una frase que parece haberse instalado en el corazón de nuestro tiempo: ganar. Ganar más. Ganar primero. Ganar siempre.

No importa si hablamos de política, de negocios, de redes sociales o de la vida cotidiana. La lógica parece ser la misma: el éxito se mide por cuánto logras acumular, cuánto avanzas respecto de los demás, cuánto consigues para ti. El resto es secundario.

Durante años se nos ha repetido una promesa seductora. Que si cada uno persigue su propio interés, el bienestar terminará derramándose sobre todos. Que menos impuestos significan más prosperidad. Que menos Estado significa más libertad. Que el mercado, por sí solo, encontrará el camino correcto.

La palabra elegida para envolver esa promesa ha sido «libertad». Una palabra hermosa, indispensable para cualquier democracia. Pero también una palabra que puede ser vaciada de contenido cuando se utiliza para justificar que cada cual se salve solo.

Porque hay una diferencia fundamental entre la libertad de construir una vida propia y la libertad entendida como indiferencia frente a los demás.

Nos dicen que los impuestos son una carga. Pero pocas veces se pregunta quién construye los puertos por donde salen las exportaciones. Quién mantiene las carreteras que conectan al país. Quién financia los tribunales que garantizan los contratos. Quién sostiene las policías, las universidades, los hospitales y los sistemas que permiten que exista una economía moderna.

La respuesta es simple: todos.

Detrás de cada empresa exitosa existe una infraestructura colectiva. Detrás de cada emprendimiento que prospera existe una sociedad que hizo posible ese éxito. Detrás de cada fortuna hay carreteras, puertos, escuelas, instituciones y trabajadores formados gracias a esfuerzos compartidos durante generaciones.

Por eso resulta inquietante observar cómo algunos sectores vuelven una y otra vez sus ojos hacia los recursos públicos, no para fortalecer aquello que es común, sino para capturarlo en beneficio propio. Las reformas tributarias, las exenciones especiales o los privilegios regulatorios suelen presentarse como herramientas para impulsar el crecimiento. Pero muchas veces terminan pareciéndose más al cobro de favores que a una estrategia de desarrollo.

La pregunta de fondo no es económica. Es moral.

¿Qué clase de país queremos construir?

Uno donde cada persona compita contra todas las demás en una carrera interminable. O uno donde entendamos que el progreso individual depende también de la fortaleza de la comunidad que lo rodea.

Chile necesita crecer. Necesita inversión. Necesita productividad. Necesita crear riqueza. Negarlo sería absurdo.

Pero también necesita recordar algo que parece estar desapareciendo del debate público: el crecimiento es un medio, no un fin.

Un país no se mide únicamente por el tamaño de su economía. Se mide por la calidad de sus escuelas, por la confianza en sus instituciones, por la posibilidad de que un niño nacido en una familia vulnerable pueda desarrollar sus talentos, por la tranquilidad de una persona mayor que sabe que no será abandonada cuando más necesite ayuda.

Las sociedades más exitosas del mundo no son aquellas donde triunfa el más fuerte. Son aquellas donde existe suficiente cohesión para que el éxito de unos no dependa del abandono de otros.

Quizás el mayor riesgo del populismo contemporáneo no sea la izquierda ni la derecha. Quizás sea esta idea persistente de que la sociedad es apenas una suma de individuos aislados, cada uno luchando por lo suyo.

Porque cuando una comunidad deja de reconocerse como comunidad, la política se transforma en una disputa por botines. Los impuestos se convierten en castigos. Los derechos en privilegios. Y la libertad en una excusa para no mirar al que quedó atrás.

Tal vez ha llegado el momento de recuperar una verdad sencilla.

Nadie se salva solo.

Y ningún país llega lejos cuando convierte el egoísmo en proyecto nacional.



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En 1981, en el álbum Peperina de Serú Girán, Charly García ponía en palabras —y en música— una advertencia que con los años no ha perdido vigencia: la existencia de “fabricantes de mentiras”. Lo que en ese entonces podía leerse como una crítica situada, incluso generacional, hoy parece describir con inquietante precisión una realidad mucho más extendida y difícil de delimitar.

Vivimos en una época donde la verdad ha dejado de ser un punto de partida compartido. Como advertía Hannah Arendt, la verdad en política siempre ha sido frágil, pero nunca como ahora había estado tan expuesta a la erosión sistemática. No se trata únicamente de noticias falsas o de errores informativos: se trata de la instalación de relatos que buscan sustituir la realidad por versiones convenientes de ella.

En este escenario, el problema no puede reducirse a la acusación fácil contra “los medios” o “los gobiernos”. Pensadores como Noam Chomsky han mostrado cómo los sistemas de información pueden responder a intereses estructurales, pero también es cierto que hoy esos sistemas han sido desbordados por nuevas dinámicas: redes sociales, algoritmos y economías de la atención que premian la rapidez por sobre la veracidad.

A esto se suma un fenómeno inquietante: la progresiva renuncia ciudadana a profundizar. El acceso a la información es más amplio que nunca, pero la disposición a cuestionarla parece debilitarse. Como sugiere Byung-Chul Han, el exceso de estímulos no necesariamente produce más pensamiento, sino muchas veces lo contrario: saturación, cansancio y una peligrosa indiferencia.

Así, los fabricantes de mentiras no solo producen contenidos; encuentran también un terreno fértil en una sociedad fatigada, fragmentada y, en ocasiones, más inclinada a confirmar sus propias creencias que a confrontarlas. En ese contexto, la mentira no se impone únicamente por su fuerza, sino también por nuestra disposición a aceptarla.

La política, por su parte, no ha quedado al margen. Campañas construidas sobre la deslegitimación del adversario, estrategias comunicacionales que priorizan el impacto por sobre la verdad y discursos que tensionan deliberadamente los hechos forman parte de un paisaje cada vez más habitual. Como lo retrató de forma inquietante George Orwell, cuando el lenguaje se degrada, la realidad misma comienza a volverse difusa.

Sin embargo, reducir este fenómeno a una conspiración omnipresente puede resultar tan simplificador como negar su existencia. El desafío es más complejo y, por lo mismo, más exigente: recuperar la verdad como una tarea colectiva. Esto implica no solo exigir estándares a quienes informan o gobiernan, sino también asumir una responsabilidad personal en la forma en que consumimos, compartimos y validamos la información.

Tal vez, entonces, la advertencia sobre los “fabricantes de mentiras” sigue vigente, pero con un matiz distinto. Ya no basta con identificarlos; es necesario preguntarse por las condiciones que les permiten prosperar. Porque en tiempos donde la verdad compite con versiones de la realidad diseñadas a medida, defenderla deja de ser un acto pasivo y se convierte, inevitablemente, en una forma de compromiso.

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Durante décadas, el mapa vitivinícola chileno parecía escrito en piedra. Colchagua, Maipo, Casablanca o Maule concentraban el relato histórico del vino nacional, mientras el sur profundo permanecía asociado a cereales, ganadería y bosques. Sin embargo, en silencio, algo comenzó a cambiar en La Araucanía.

Hoy, los valles de Malleco y Cautín representan una de las apuestas más audaces de la viticultura chilena contemporánea. Lo que hace apenas quince años parecía una excentricidad agrícola —plantar viñedos bajo lluvias intensas, inviernos largos y heladas frecuentes— comienza a consolidarse como un laboratorio natural de vinos de clima frío, identidad territorial y turismo experiencial.

Las cifras son pequeñas, pero simbólicamente poderosas. La superficie vitícola regional creció más de 500% en la última década, pasando de proyectos experimentales a un ecosistema de viñas boutique, emprendimientos familiares y bodegas premium que hoy llaman la atención de críticos internacionales y del turismo especializado.

Sin embargo, el fenómeno merece una mirada menos romántica y más estructural.

El éxito de Malleco no está en la cantidad

Uno de los errores más frecuentes al analizar el crecimiento del vino en La Araucanía es medirlo bajo los parámetros tradicionales de la industria: volumen, exportación masiva o presencia en supermercados.

Malleco y Cautín jamás competirán con los gigantes vitivinícolas de Chile ni de Argentina. Sus condiciones climáticas, su escala productiva y sus costos estructurales simplemente no lo permiten. Y probablemente ahí reside su mayor fortaleza.

El sur no está construyendo un modelo industrial; está construyendo un relato.

Las cepas que mejor se han adaptado —Pinot Noir, Chardonnay, Riesling o Gewürztraminer— encuentran en el frío una identidad distinta: vinos más tensos, minerales y elegantes, alejados de la sobremadurez que durante años caracterizó parte de la producción sudamericana.

Viñas como Clos des Fous, William Fèvre Chile, Kutralkura o proyectos emergentes como Quimey, Trayenko, Pukem entendieron rápidamente que el verdadero valor del territorio no está solo en la botella, sino en la experiencia emocional que la rodea.

El nuevo lujo: autenticidad

El consumidor premium mundial cambió. Ya no busca únicamente prestigio o tradición centenaria; busca autenticidad, origen y narrativa.

En ese contexto, La Araucanía posee atributos difíciles de replicar:

• volcanes,
• bosques milenarios,
• cultura mapuche,
• lluvias permanentes,
• gastronomía local,
• y la sensación geográfica de estar “al borde del mundo”.

Eso transforma al vino en algo más profundo que un producto agrícola: lo convierte en una experiencia territorial.

Por eso muchas viñas del sur ya no dependen exclusivamente de vender botellas. El verdadero crecimiento económico aparece en:

• el enoturismo,
• las bodas destino,
• las experiencias privadas,
• la gastronomía,
• el turismo de lujo natural,
• y la construcción de marcas emocionales.

El vino se vuelve excusa y vehículo de algo mayor.

Pero el escenario también tiene sombras

El entusiasmo no debe ocultar las fragilidades estructurales que enfrenta la industria en el sur.

La primera es evidente: el consumo global de vino está cambiando. Las nuevas generaciones consumen menos alcohol, privilegian experiencias ocasionales y muestran hábitos más fragmentados que los mercados tradicionales europeos o latinoamericanos.

Eso obliga a que los proyectos de La Araucanía deban posicionarse rápidamente en segmentos premium y turísticos antes de quedar atrapados en una escala demasiado pequeña para sobrevivir comercialmente.

La segunda fragilidad es logística y comercial. Muchas viñas del sur aún carecen de:

• redes sólidas de distribución,
• capacidad exportadora estable,
• inversión hotelera,
• infraestructura turística,
• y estrategias profesionales de marketing internacional.

Existe prestigio enológico creciente, pero todavía no una marca territorial consolidada equivalente a Napa Valley, Mendoza o incluso Casablanca.

La tercera dificultad es climática. Paradójicamente, el mismo frío que entrega identidad también aumenta el riesgo agrícola:

• heladas,
• lluvias excesivas,
• enfermedades de la vid,
• y temporadas impredecibles.

El cambio climático, lejos de resolver todos los problemas, podría volver aún más extremos ciertos ciclos productivos.

El futuro: menos vino, más territorio

Quizás la principal lección que dejan Malleco y Cautín es que el negocio del vino ya no se trata solamente de vino.

Las viñas más exitosas del mundo hoy funcionan como ecosistemas de experiencia:

• hotel,
• arquitectura,
• gastronomía,
• paisaje,
• bienestar,
• cultura,
• eventos,
• arte,
• y turismo emocional.

En ese escenario, La Araucanía posee una ventaja competitiva extraordinaria: aún conserva una sensación de autenticidad no saturada.

El desafío será enorme.

Crecer sin perder identidad.

Abrirse al turismo sin banalizar el territorio.

Y transformar una promesa en una industria sostenible.

Porque quizás el mayor riesgo para el vino del sur no sea el clima ni el mercado, sino olvidar aquello que lo volvió distinto desde el principio: su capacidad de emocionar desde el paisaje, el silencio y el origen.

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