Por Camilo Guzmán, presidente de Agricultores Unidos.

El problema del Plan de Reconstrucción Nacional no es que carezca de medidas. El problema es que parte de un diagnóstico equivocado sobre cómo funciona realmente la economía chilena.

Sobre el papel, varias de sus propuestas parecen razonables: bajar impuestos, incentivar la inversión, facilitar permisos, estimular el empleo formal. El punto es que esas herramientas solo funcionan bien en mercados competitivos. Y Chile, en demasiados sectores clave, no opera así. Opera con alta concentración, con poder dominante y con actores capaces de capturar para sí mismos buena parte de cualquier beneficio público que se anuncie.

Ese es el dato incómodo que el debate político sigue evitando.

Cuando se rebaja el impuesto corporativo, se dice que eso impulsará inversión y crecimiento. Pero en un mercado donde unos pocos ya controlan la mayor parte del negocio, esa rebaja no necesariamente se traduce en más competencia, mejores precios o más oportunidades para las pymes. Muchas veces se transforma, simplemente, en mayor margen para el actor dominante. Y la pyme que no tiene utilidades, precisamente porque viene asfixiada por ese mismo mercado, no recibe nada.

Lo mismo ocurre con otros incentivos tributarios. En teoría, pueden tener lógica. En la práctica, suelen favorecer a quienes ya tienen rentabilidad, escala y espalda financiera. Es decir, al gran grupo económico, no al pequeño productor. Al incumbente, no al que intenta entrar o sobrevivir.

Desde el mundo agrícola esto se conoce demasiado bien. Cuando el productor recibe apoyo, pero vende en mercados donde pocos compradores concentran la demanda, el beneficio muchas veces no se queda en quien produce. Se lo absorbe la cadena. Se lo queda el poder de compra. Se lo traga el mercado antes de llegar a destino.

Por eso el principal vacío del plan no es técnico, sino estructural. No enfrenta la concentración económica que distorsiona el resultado de muchas políticas públicas. No aborda el problema de fondo: que en Chile el Estado puede poner recursos, crear subsidios o entregar incentivos, pero si el mercado está capturado, una parte relevante de ese esfuerzo termina fortaleciendo a los mismos de siempre.

También ocurre en vivienda. Se anuncian exenciones o alivios para facilitar el acceso, pero si la oferta está concentrada, el beneficio puede terminar reflejado en el precio y no en un verdadero alivio para la familia compradora. El Estado ayuda; el mercado absorbe.

Eso no significa que todo el plan sea inútil. Hay medidas que sí pueden funcionar, especialmente cuando el beneficio llega de manera directa a la persona, sin pasar por una estructura intermedia capaz de apropiarse de ese valor. Pero justamente por eso la pregunta central no debiera ser cuántas medidas hay, sino cuáles realmente llegan a destino y cuáles serán capturadas en el trayecto.

Chile no necesita solo más anuncios. Necesita un diagnóstico más honesto. Mientras no se enfrente la concentración de mercado, muchas políticas seguirán repitiendo el mismo patrón: grandes promesas, alto costo fiscal y resultados mucho más modestos de lo que se ofrece.

No se trata solo de reconstruir. Se trata de entender primero por qué tantas veces lo que se construye termina beneficiando a quienes menos lo necesitan.