Por Marco Antonio Vásquez Ulloa, Ingeniero Comercial-Contador Público y Auditor, Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de La Frontera.

A diario me encuentro, casi al llegar a mi trabajo con una postal muy bella. Un papá y en otras ocasiones una mamá llevando a su pequeña hija al jardín de Integra. Les veo las caras, sus ojos, tanta esperanza puesta en la formación de una pequeña que solo sabe, en esta etapa de su vida, entregar amor. Esta pequeña no sabe que se enfrentará en Chile a un muro invisible que decidirá su futuro.

El economista Seth D. Zimmerman, en su estudio sobre universidades de élite, revela que ingresar a estas instituciones multiplica las posibilidades de acceder a empleos de liderazgo y altos ingresos, pero solo para un grupo reducido de hombres de colegios privados de alto costo. Mujeres y estudiantes de origen menos privilegiado no obtienen los mismos beneficios. Así, la universidad, que debería ser motor de movilidad social, se convierte en un filtro que reproduce privilegios.

Autores como Raymond Boudon y John Goldthorpe han señalado que la educación es el principal mecanismo de movilidad social en las sociedades modernas. En América Latina, Fernando Reimers y José Joaquín Brunner destacan que escuela y universidad deben romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Sin embargo, los datos del SIMCE en Chile muestran que ese ideal está lejos: las brechas de aprendizaje entre estudiantes de colegios particulares pagados y municipales superan los 60 puntos en lectura y matemáticas. En la Araucanía, región históricamente rezagada, los puntajes se ubican por debajo del promedio nacional, reflejando exclusión desde la educación básica.

El muro no es solo educativo: también se traduce en desigualdad de acceso a empleos de calidad, salud, previsión y conectividad digital. La pandemia evidenció que la falta de internet en zonas rurales profundizó las brechas, consolidando un círculo de exclusión que se perpetúa en la universidad y el mercado laboral.

Frente a ello, programas como Proenta UFRO y los propedéuticos universitarios han intentado derribar ese muro, ofreciendo acompañamiento académico y socioemocional a estudiantes vulnerables. Gracias a ellos, jóvenes de liceos municipales han accedido a la universidad y desarrollado competencias que el currículum escolar no garantiza. Sin embargo, la decisión del gobierno de José Antonio Kast de eliminar su financiamiento representa un retroceso, cerrando una de las pocas vías de movilidad ascendente para sectores desfavorecidos.

La pregunta de fondo es por qué competencias básicas como pensamiento crítico, habilidades socioemocionales y preparación para la vida universitaria dependen de programas externos y no están integradas en la educación media. Si la educación es realmente un vehículo de movilidad social, el Estado debe garantizar que todos los estudiantes, sin importar su origen, reciban las herramientas necesarias para transitar hacia la universidad y el mundo laboral.

La investigación de Zimmerman recuerda que las universidades de élite pueden ser motores de movilidad, pero también reproductores de privilegios. Los datos del SIMCE y la realidad de la Araucanía muestran que el muro de exclusión se construye mucho antes de la admisión universitaria. Derribarlo exige políticas públicas que fortalezcan la educación media, integren competencias transversales en el currículum y mantengan programas de apoyo como Proenta UFRO. De lo contrario, la movilidad ascendente seguirá siendo un privilegio reservado para unos pocos.