Aunque los ataques han disminuido en los últimos años, el gremio sostiene que aún existen grupos activos y advierte que retirar las medidas extraordinarias podría provocar un nuevo aumento de la violencia.

La Multigremial de La Araucanía advirtió que la violencia en la Macrozona Sur no ha desaparecido y pidió mantener el Estado de Emergencia vigente en la zona, pese a que los atentados han mostrado una disminución en los últimos años.

La advertencia surge a partir de un informe elaborado por el gremio, el cual analiza la evolución de los ataques registrados en la región durante los últimos años. Según el documento, si bien actualmente se observa una baja en la frecuencia de los hechos violentos, estos continúan ocurriendo con regularidad y mantienen un impacto significativo en el territorio.

De acuerdo con el análisis presentado, entre marzo de 2024 y marzo de 2026 se registró un promedio de 4,8 atentados mensuales, una cifra menor a periodos anteriores, pero que —según la organización— sigue siendo alarmante. “El terrorismo sigue presente, con alrededor de cuatro atentados por mes, algo que no es normal en ninguna parte del mundo”, señaló el presidente de la Multigremial, Patricio Santibáñez.

El informe divide la evolución reciente de la violencia en cuatro etapas. La primera corresponde al periodo de Estado de Emergencia completo, entre octubre de 2021 y marzo de 2022, cuando se registró un promedio de 21 hechos mensuales. Luego, durante una fase que el gremio denomina de “debilitamiento del Estado”, entre marzo de 2022 y junio de 2023, el promedio aumentó a 33 ataques mensuales, alcanzando incluso un peak de 42 incidentes en un mes.

Posteriormente, el documento identifica una etapa de “reacción tardía” entre julio de 2023 y febrero de 2024, con 23,8 ataques mensuales. Finalmente, desde marzo de 2024 hasta marzo de 2026 se observa una reducción significativa en los hechos, aunque el gremio insiste en que no existe una desarticulación completa de las organizaciones violentas que operan en la zona.

Otro de los puntos destacados del informe es que la menor cantidad de atentados no necesariamente implica una disminución en su gravedad. El documento recuerda hechos de alto impacto, como el asesinato de tres carabineros en Cañete en 2024 o el atentado contra la central Rucalhue en 2025, donde fueron destruidas más de 50 máquinas.

El reporte también advierte sobre el impacto económico del conflicto. Entre marzo de 2024 y marzo de 2026 se contabilizan más de 110 camiones quemados, lo que representa pérdidas millonarias para empresas forestales, contratistas y plantas de áridos.

Asimismo, el documento señala que al menos siete grupos distintos se mantienen activos en la zona y que cerca del 35% de los atentados han sido reivindicados mediante panfletos o comunicados atribuidos a distintas organizaciones.

Frente a este escenario, Santibáñez advirtió que retirar el Estado de Emergencia podría resultar riesgoso. “El doble retiro del estado de emergencia en la zona sur puede ser una decisión anticipada y, al menos, riesgosa”, afirmó, recordando que en el pasado la violencia aumentó cuando se levantaron estas medidas.

El dirigente gremial agregó que la condición mínima para terminar con el estado de excepción debería ser la desarticulación total de los grupos violentos, señalando que, mientras ello no ocurra, la violencia no está resuelta, sino simplemente contenida.