Un estudio de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advierte que la inseguridad ciudadana afecta la democracia y los derechos humanos en el país. Plantea una hoja de ruta con reformas urgentes para frenar el avance del crimen organizado.

LIMA.- El aumento de la inseguridad y la expansión del crimen organizado en Perú se han vuelto parte de la vida cotidiana, afectando la gobernabilidad y la vigencia de los derechos humanos, según un informe presentado este martes en Lima por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh).

El estudio, titulado “Perú: seguridad ciudadana y derechos humanos”, advierte que la ausencia de seguridad pone en riesgo al Estado y al régimen democrático, en un contexto global adverso a las políticas inclusivas.

Ricardo Soberón, autor del informe, explicó que el documento surge a partir del “profundo deterioro” de los indicadores de seguridad y de una serie de leyes aprobadas por el Congreso que, según dijo, “debilitan al Estado y fortalecen economías ilegales”.

Durante la presentación participaron representantes de la Generación Z, gremios de transporte —afectados por la extorsión— y expertos en derechos humanos, quienes coincidieron en que la violencia se ha vuelto parte de la vida diaria.

“No estamos hablando de incidentes aislados, sino de una situación que afecta a todos los peruanos y que se ha incrementado peligrosamente”, advirtió el abogado Germán Vargas.

El informe plantea que el debate político entre “mano dura” y “garantismo” ha sido mal abordado, señalando que las medidas represivas “no resuelven los problemas, sino que los agravan”. En cambio, propone un enfoque garantista bien estructurado que permita atacar eficazmente a las cúpulas criminales.

Asimismo, el documento recomienda construir un pacto social interinstitucional, separar la base social de las organizaciones ilegales y ofrecer alternativas estatales a quienes hoy trabajan en actividades ilícitas como la minería irregular o el narcotráfico, que involucran a más de un millón de personas.

El estudio también sugiere fortalecer las unidades de flagrancia, los juzgados especiales y las áreas de inteligencia financiera, además de revisar las leyes sobre criminalidad aprobadas en los últimos años.

En cuanto a la crisis penitenciaria, el informe llama a implementar políticas de excarcelación controlada, arresto domiciliario y la construcción de nuevos penales para enfrentar el hacinamiento.

“La seguridad ciudadana y los derechos humanos no son negociables; son la base para combatir eficazmente la criminalidad organizada”, concluyó Soberón.