El subsecretario de Pesca, Julio Salas, condenó la presunta colusión de siete empresas procesadoras de centolla en la Región de Magallanes, que según la Fiscalía Nacional Económica (FNE) habrían coordinado durante años para fijar precios, afectando directamente a los pescadores artesanales.

“La colusión en el mercado de la centolla no solo vulnera la libre competencia, sino que golpea directamente a los pescadores que dependen de esta actividad para sostener a sus familias. Es inaceptable que empresas se coordinen para maximizar ganancias en perjuicio de quienes realizan el esfuerzo pesquero real”, afirmó Salas.

Según la autoridad, en Magallanes hay 857 embarcaciones inscritas con el recurso centolla, de las cuales alrededor de 400 trabajan cada año, con cuatro o cinco tripulantes cada una. Esto implica que unas 2.000 familias se ven afectadas anualmente por esta práctica ilegal.

La investigación, actualmente en manos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), busca sancionar a los responsables y proteger el precio justo que deben recibir los pescadores artesanales. Además, la Subpesca está coordinando con la delegación presidencial de Magallanes para mantener informados a los trabajadores afectados.

La FNE detalló que los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2021, período durante el cual las empresas procesadoras de centolla habrían fijado de manera concertada los precios de compra a los pescadores, configurando un claro cartel que vulnera la competencia.

El subsecretario Salas aseguró que se espera que la investigación llegue a buen término y que se tomen las medidas necesarias para sancionar a los responsables, asegurando justicia para los trabajadores que dependen de este recurso para su sustento.