La iniciativa busca mayor control sobre ONG y fundaciones, con sanciones estrictas y un registro centralizado que aumente la transparencia en el manejo de recursos públicos.

Registro Público fundaciones: más control y transparencia

El Gobierno anunció un proyecto de ley que moderniza la regulación de fundaciones y corporaciones que reciben recursos del Estado, tras el escándalo del Caso Convenios que involucró a más de 30 ONG y $60 mil millones en fondos públicos.

La propuesta contempla la creación de un Registro Público fundaciones, una plataforma digital de acceso abierto que centralizará información clave sobre juntas de vecinos, organizaciones comunitarias y fundaciones sin fines de lucro. Este registro reemplazará al actual del Registro Civil, garantizando mayor supervisión y uniformidad legal.

Además, el proyecto introduce sanciones más estrictas para personas naturales y jurídicas. Los directivos podrían enfrentar inhabilitación por hasta tres años, mientras que las instituciones podrían perder su personalidad jurídica si se comprueba mala conducta. Todo esto se aplicará tras un proceso administrativo que permitirá apelaciones ante los tribunales.

Según el Ministerio de Justicia, la reforma busca no solo castigar irregularidades, sino también prevenirlas mediante mecanismos sostenibles de control. El objetivo es fortalecer la relación entre el Estado y las organizaciones civiles, asegurando que los fondos públicos se utilicen de forma responsable y transparente.

La iniciativa se presenta como una respuesta a las críticas sobre la debilidad de la normativa actual, que muchos consideran insuficiente para garantizar la correcta fiscalización de las fundaciones y corporaciones colaboradoras del Estado.

Con este Registro Público fundaciones, el Ejecutivo apunta a mejorar la transparencia, proteger los recursos del Estado y generar mayor confianza en la sociedad civil.