Desde Hacienda afirman que ya se ha ejecutado más de la mitad del ajuste fiscal comprometido de US$3.000 millones, en un contexto de cuestionamientos parlamentarios y dudas sobre el impacto de la reforma económica.

En medio del inicio de la discusión de la denominada “megarreforma” económica del gobierno de José Kast, el Ejecutivo aseguró haber avanzado significativamente en su plan de ajuste fiscal, informando que ya se han recortado US$1.980 millones del presupuesto nacional, de un total comprometido de US$3.000 millones.

El dato fue entregado por el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, durante una sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, instancia que marcó el inicio del debate legislativo del proyecto y que estuvo cruzada por cuestionamientos desde la oposición respecto a los alcances y beneficiarios de las medidas impulsadas por el Ejecutivo.

En ese contexto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la necesidad del plan económico y puso el foco en el crecimiento como eje central de la estrategia gubernamental, afirmando que “sin inversión no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay empleo”.

El ajuste fiscal responde a una política de reducción del gasto público equivalente al 3% del presupuesto, medida impulsada por el Ejecutivo para ordenar las cuentas fiscales y financiar parte de su agenda económica. Según detalló Gómez, el recorte ya ejecutado se ha logrado principalmente mediante la revisión de contratos administrativos y el cruce de datos dentro del aparato estatal.

Pese a la magnitud del ajuste, desde el Gobierno aseguraron que ciertas áreas estratégicas no han sido afectadas. En particular, se indicó que los presupuestos de ministerios sociales, así como los recursos destinados a Defensa, Seguridad y organismos autónomos, se han mantenido sin modificaciones.

La discusión parlamentaria, sin embargo, se desarrolla en un clima de escepticismo. Legisladores han planteado dudas sobre la “idea matriz” del proyecto y han solicitado mayor claridad respecto a quiénes serán los principales beneficiarios de las medidas proinversión incluidas en la reforma.

A esto se suma la complejidad del cronograma legislativo impulsado por el Ejecutivo, que busca despachar la iniciativa en un plazo acotado. El propio Quiroz reconoció las dificultades del proceso, luego de que se acordara incorporar a las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo en la tramitación, ampliando así el análisis del proyecto.

En paralelo, el Ministerio de Hacienda presentó estimaciones sobre el impacto económico de la reforma en el largo plazo, proyectando un aumento acumulado del PIB de hasta 4,31% en diez años, impulsado por medidas como la reducción del impuesto a las empresas, la invariabilidad tributaria y la reintegración del sistema tributario.

El avance del ajuste fiscal y la tramitación de la reforma se posicionan así como ejes clave del inicio del gobierno, en un escenario marcado por la necesidad de ordenar las finanzas públicas y, al mismo tiempo, impulsar el crecimiento económico en el país.