El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aseguró que existe un “cierto consenso” entre parlamentarios respecto de algunos aspectos de la cuestionada reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, pese a los fuertes reparos que la iniciativa ha generado durante los últimos días.

Las declaraciones llegan mientras La Moneda intenta recomponer apoyos para un proyecto que ha recibido críticas desde distintos sectores políticos y que ahora será tramitado con menor urgencia para abrir espacio a negociaciones y modificaciones.

Arrau sostuvo que el Ejecutivo ha mantenido reuniones con senadores, diputados, presidentes de partidos y expertos constitucionales y afirmó que existiría coincidencia en materias relacionadas con el combate al crimen organizado, organizaciones criminales y modificaciones al sistema penitenciario.

Sin embargo, reconoció que todavía deben mejorarse aspectos relacionados con los controles y plazos contemplados en la reforma.

Gobierno dispuesto a ceder

Uno de los puntos que más controversia ha provocado es el nuevo estado de excepción constitucional propuesto por el Ejecutivo.

La iniciativa contempla que pueda extenderse inicialmente por 120 días y prorrogarse por otros 120 sin requerir autorización del Congreso, además de establecer facultades extraordinarias como restricciones a derechos e interceptación de comunicaciones.

Frente a las críticas, Arrau reconoció ahora que la duración de este estado de excepción no constituye una “línea roja” para el Gobierno y aseguró que están dispuestos incluso a dejar sus plazos en condiciones similares a las figuras actualmente existentes.

El Ejecutivo también se abrió a modificar las facultades relacionadas con la interceptación de telecomunicaciones, otro de los aspectos que ha concentrado los cuestionamientos.

Pese a ello, el ministro descartó abandonar la idea de crear un estado de excepción específico para enfrentar al crimen organizado. Según aseguró, en las conversaciones técnicas mantenidas con parlamentarios existiría coincidencia respecto de la necesidad de contar con alguna herramienta excepcional para intervenir sectores donde operan organizaciones criminales.

Críticas continúan

El escenario político, sin embargo, continúa lejos de mostrar un respaldo transversal.

Este miércoles, el senador Daniel Núñez (PC) aseguró que la reforma está “muerta” y sostuvo que el Ejecutivo no tendría los votos necesarios para aprobarla en el Senado. Sus declaraciones se suman a los cuestionamientos formulados durante los últimos días desde distintos sectores políticos.

El propio Gobierno decidió disminuir la urgencia legislativa del proyecto. Arrau señaló que esperan tener la reforma despachada hacia fines de año, pero que ahora se dará mayor espacio al diálogo con los senadores.

La discusión continuará así en el Congreso, con un Ejecutivo que insiste en defender la necesidad de su reforma, pero que al mismo tiempo comienza a flexibilizar precisamente algunos de los puntos que provocaron las mayores críticas desde que la iniciativa fue presentada.