La investigación, publicada en The Lancet Regional Health – Americas, analizó antecedentes de más de 13 mil mujeres y encontró que quienes sufrieron abuso sexual durante la infancia presentaban mayores probabilidades de experimentar violencia sexual de pareja, agresiones y acoso sexual por parte de terceros.

Una investigación liderada por académicas de la Universidad de Chile identificó el antecedente de abuso sexual infantil como un factor de riesgo común asociado a distintas formas de violencia sexual contra las mujeres, evidenciando la importancia de fortalecer la prevención y la atención de las víctimas desde la infancia.

El estudio, publicado en la revista científica The Lancet Regional Health – Americas, examinó tres manifestaciones de este fenómeno: violencia sexual ejercida por la pareja, agresiones sexuales cometidas por personas ajenas a la relación y acoso sexual por parte de terceros.

La investigación fue desarrollada por Francisca Crispi y Alejandra Fuentes-García, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, junto a Nicolás Libuy, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Para el análisis se utilizaron antecedentes de las encuestas nacionales de Violencia Intrafamiliar y en Otros Espacios de 2017 y 2020, que reunieron información de 13.128 mujeres de 15 años o más residentes en zonas urbanas de Chile.

Las cifras de violencia sexual

Los resultados mostraron que, durante los 12 meses anteriores a las encuestas, el 2,8% de las mujeres había sufrido violencia sexual de pareja, el 2,5% había experimentado una agresión sexual por parte de terceros y el 11,3% había enfrentado acoso sexual de personas que no eran su pareja.

Uno de los principales hallazgos fue la asociación entre antecedentes de abuso sexual infantil y mayores probabilidades de experimentar las tres formas de violencia analizadas.

En comparación con mujeres sin ese antecedente, quienes habían sufrido abuso sexual durante la infancia presentaron aproximadamente el doble de posibilidades estadísticas de reportar violencia sexual de pareja y acoso sexual por parte de terceros, mientras que para las agresiones sexuales cometidas por terceros la relación fue cercana al triple.

Estos resultados corresponden a asociaciones estadísticas ajustadas y no implican que una experiencia de abuso durante la infancia determine necesariamente nuevas situaciones de victimización.

La investigadora Francisca Crispi advirtió que la violencia sexual continúa siendo un problema vigente en Chile.

“Muchas veces se piensa que no, que la violencia de género quedó en el pasado, y los datos de estas encuestas muestran que todavía, anualmente, tenemos una victimización que va del 3% al 11%, dependiendo del tipo de violencia sexual que medimos”, señaló.

Prevención desde la infancia

Para las investigadoras, los resultados refuerzan la necesidad de prevenir el abuso sexual infantil y fortalecer la coordinación entre los sistemas de protección de la niñez, salud y salud mental.

Alejandra Fuentes-García destacó la importancia de mejorar la respuesta institucional cuando una persona ha sufrido violencia sexual durante sus primeros años de vida.

“¿Cómo podemos tener una atención informada por el trauma y cómo entonces se puede articular la respuesta entre sistemas de protección de la infancia, sistemas de protección de salud y salud mental?”, planteó.

La investigación también identificó otros factores asociados a la violencia sexual, entre ellos los antecedentes de violencia de las parejas y determinadas condiciones de vulnerabilidad social.

Las académicas señalaron que las mujeres jóvenes presentan mayores vulnerabilidades frente a agresiones sexuales cometidas por terceros, mientras que el acoso sexual muestra patrones relacionados con la participación en espacios públicos, educativos y laborales.

En este último ámbito, Crispi enfatizó que la prevención debe centrarse en generar entornos más seguros para las mujeres, en lugar de restringir su participación en ellos.

Los resultados apuntan a la necesidad de abordar la violencia sexual como un problema de salud pública, con medidas de prevención diferenciadas y mecanismos de atención capaces de responder a las distintas experiencias de las víctimas.