Durante años, adolescentes desaparecieron en el norte del país mientras sus familias buscaban respuestas. La verdad emergió en 2001: un asesino serial había actuado impunemente en el desierto de Tarapacá.

A fines de los años noventa, en la polvorienta ciudad de Alto Hospicio, comenzó a repetirse una historia que parecía demasiado frecuente para ser casualidad. Adolescentes desaparecían sin dejar rastro. Sus familias recorrían comisarías, hospitales y calles preguntando por ellas, mientras el tiempo pasaba y las respuestas nunca llegaban. Muchas eran jóvenes de sectores vulnerables que salían de sus casas buscando trabajo o intentando sobrevivir en medio de la pobreza que marcaba la zona.

Entre 1998 y 2001, al menos una decena de familias denunciaron la desaparición de sus hijas. Sin embargo, durante años las investigaciones avanzaron lentamente. En más de una ocasión se insinuó que las jóvenes se habían ido voluntariamente o que estaban relacionadas con el comercio sexual en Iquique. Aquellas explicaciones, repetidas una y otra vez, terminaron convirtiéndose en un muro de indiferencia que retrasó la búsqueda de la verdad.

Pero la verdad estaba ahí, oculta en el desierto.

El 23 de febrero de 2001, un hallazgo estremeció al norte del país. En un sector eriazo cercano a Alto Hospicio comenzaron a aparecer restos humanos. La escena fue tan impactante que obligó a las autoridades a abrir una investigación a gran escala. Poco a poco, los peritajes confirmaron el peor de los temores: se trataba de varias de las jóvenes que habían desaparecido en los años anteriores.

Las pesquisas llevaron finalmente a un nombre: Julio Pérez Silva. El hombre, un trabajador del sector minero que se movía con aparente normalidad por la zona, fue detenido y posteriormente confesó una serie de crímenes que estremecieron al país. Según la investigación judicial, contactaba a adolescentes vulnerables, las engañaba con promesas de dinero o ayuda y luego las trasladaba a lugares apartados del desierto. Allí las agredía sexualmente y las asesinaba.

El expediente judicial terminó estableciendo al menos 14 víctimas, aunque algunas versiones plantean que la cifra podría haber sido mayor. La brutalidad de los hechos y la forma en que los cuerpos fueron abandonados en el desierto convirtieron el caso en uno de los más impactantes de la historia criminal chilena.

En 2004, la justicia condenó a Pérez Silva a cadena perpetua por los asesinatos. Sin embargo, para muchas familias la sentencia nunca logró cerrar completamente la herida. Durante años habían advertido que algo estaba ocurriendo en Alto Hospicio, pero sus denuncias no siempre fueron escuchadas con la urgencia necesaria.

El caso provocó una profunda reflexión nacional sobre la desigualdad social, el abandono institucional y la forma en que el sistema respondía frente a víctimas provenientes de sectores vulnerables. También impulsó cambios en los protocolos de investigación de desapariciones y en la coordinación entre policías y fiscalías.

Hoy, más de dos décadas después, el nombre del Psicópata de Alto Hospicio sigue siendo sinónimo de uno de los capítulos más oscuros de la crónica policial chilena. Un recordatorio de que, durante años, el desierto guardó un secreto terrible mientras madres y padres buscaban respuestas que tardaron demasiado en llegar.

La historia dejó una lección amarga: que el silencio y la indiferencia pueden ser tan peligrosos como el propio criminal. Y que detrás de cada denuncia ignorada puede esconderse una tragedia que aún no ha salido a la luz.