Las cuentas de la luz volverán a subir desde el 1 de julio, en un reajuste que afectará de manera desigual a los hogares del país. El aumento promedio será de 4,9% a nivel nacional, aunque en el sur podría llegar hasta un 16%, mientras el Ejecutivo trabaja en medidas de mitigación para reducir el impacto en las familias.

En la Región Metropolitana, el alza sería de 2,7% para clientes de Enel, mientras que en zonas del sur los usuarios de SAESA enfrentarían incrementos que podrían alcanzar el 16%. La variación responde a diferencias en los sistemas de distribución y cargos asociados a cada zona.

El director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, Javier Piedra, explicó que el alza “tiene que ver con temas como el dólar, el IPC de Estados Unidos, el precio de los combustibles”, además de la infraestructura asociada a la transmisión. Sobre las diferencias territoriales añadió que “si bien es solo un 10% de la cuenta de la luz, este es un cargo que se paga distinto, depende de la zona donde se encuentre”.

Ante este escenario, el Ejecutivo anunció que la próxima semana ingresará un proyecto de ley para rebajar tarifas y enfrentar las deudas con las empresas sin afectar directamente a los consumidores.

En esa línea, el diputado republicano Carlo Arqueros afirmó que “es necesario contar con un mecanismo de mitigación que protejan a las familias más vulnerables y, por supuesto, a la clase media frente a estos aumentos”.

Por su parte, el diputado Bernardo Salinas valoró la iniciativa, pero pidió que avance “sin letras chicas” y que no solo contemple al 40% del Registro Social de Hogares, sino que “además considere hasta el 80%, y también los arrendatarios”.

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La decisión de IANSA de no adquirir remolacha para la temporada 2026-2027 marca el fin de una actividad agrícola que durante más de 70 años estuvo ligada a la producción de azúcar en Chile. Según informó The Clinic en un amplio reportaje, la empresa continuará elaborando azúcar en su planta de Chillán, pero utilizará como materia prima una mezcla cruda proveniente de caña de azúcar importada, dejando atrás el cultivo nacional que dio sustento a cientos de productores y miles de trabajadores.

La noticia tomó por sorpresa a los agricultores, quienes esperaban las habituales negociaciones de contratos para la próxima temporada. Carlos Sepúlveda, director de la Federación Nacional de Remolacheros (Fenare), relató que las señales de incertidumbre comenzaron cuando la compañía no abordó temas como semillas, precios o acuerdos para futuras siembras. Tras participar en la reunión donde se comunicó la decisión, afirmó que “la remolacha no tiene vuelta atrás” y lamentó que toda la infraestructura desarrollada durante décadas quede sin uso.

El impacto trasciende a los productores. Marcelo San Martín, ex presidente de la Asociación de Remolacheros de Ñuble, sostuvo que la remolacha fue históricamente uno de los cultivos más rentables y tecnificados del país, además de una verdadera escuela para la modernización agrícola. “La remolacha cambió la agricultura en Chile. Todos los que nos metimos a la agricultura de punta lo aprendimos en la remolacha”, señaló, agregando que el cierre responde a las condiciones del mercado internacional y no a una falta de competitividad de los agricultores nacionales.

La ingeniera agrónoma María Eugenia Reyes, quien trabajó durante décadas en investigación ligada a la remolacha, describió la situación como una pérdida profunda para el sector. “Siempre la remolacha fue la madre de todos los cultivos”, afirmó, destacando que muchas innovaciones tecnológicas implementadas por IANSA terminaron beneficiando a otras áreas de la agricultura chilena.

Los agricultores apuntan a que la creciente competencia del azúcar de caña importada terminó por desplazar a la producción nacional. Según explican, los menores costos de producción en países tropicales y subtropicales hacen imposible competir en igualdad de condiciones. Para Sepúlveda, “la caña de azúcar nos mató”, aunque atribuye el problema a la falta de políticas de protección para la agricultura nacional.

La preocupación también se extiende a la seguridad alimentaria. Los productores advierten que, una vez desaparecida la cadena productiva, será prácticamente imposible reactivar el cultivo en el futuro debido a la pérdida de maquinaria especializada, conocimientos técnicos y personal capacitado. “Hoy día toda el azúcar que va a consumir Chile es azúcar extranjera”, cuestionó Sepúlveda.

Tras el anuncio, los remolacheros sostuvieron reuniones con empresas y autoridades para explorar alternativas de reconversión. El Gobierno ofreció líneas de financiamiento y acceso a créditos especiales, aunque los agricultores consideran insuficientes las medidas. San Martín criticó que no existan apoyos específicos para enfrentar la desaparición de una actividad productiva completa y aseguró que los productores deberán buscar nuevas opciones, principalmente en cultivos como trigo o porotos.

En regiones como Ñuble, donde la remolacha tuvo una fuerte presencia histórica, las consecuencias podrían sentirse con fuerza. Los agricultores estiman que alrededor de tres mil empleos directos podrían verse afectados, además de toda la cadena de servicios vinculada al cultivo, transporte y procesamiento de la materia prima.

Mientras las últimas remolachas son cosechadas en los campos del sur, los productores observan con resignación el cierre de un capítulo que definió generaciones completas de familias agrícolas. “Los agricultores siempre hemos sido responsables y nunca vamos a dejar de sembrar”, reflexionó San Martín. Sin embargo, reconoció que el fin de la remolacha representa mucho más que la desaparición de un cultivo: es el cierre de una tradición productiva que marcó la historia agrícola de Chile.

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Además, advirtió que la delincuencia está encareciendo la operación de los locales, frenando inversiones y obligando a muchos comerciantes a destinar recursos a cámaras, alarmas, rejas y guardias, en vez de crecimiento, empleo o modernización.

Por Claudio Núñez Q.

Una mirada crítica sobre el momento económico que atraviesa La Araucanía entregó el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Temuco, Gustavo Valenzuela, quien advirtió que la región muestra señales parciales de recuperación, pero aún lejos de un repunte consolidado.

En conversación con Tiempo21, el dirigente gremial abordó el impacto de la inseguridad en el comercio establecido, la situación del centro de Temuco, la necesidad de recuperar el Mercado Municipal, el déficit habitacional, la llamada megarreforma económica y el crecimiento de los denominados “malls chinos”.

Valenzuela sostuvo que el consumo sigue contenido, que la inversión avanza con cautela y que muchos comerciantes continúan enfrentando mayores costos, menores ventas y la obligación de invertir cada vez más en seguridad.

“Cuando la seguridad se transforma en el principal gasto, la economía local pierde”, afirmó.

Presidente, desde el comercio local, ¿cómo observa hoy la situación económica de La Araucanía? Considerando el empleo, el consumo, la inversión y el movimiento del centro de Temuco, ¿la región está dando señales de recuperación o todavía sigue estancada?

Desde el comercio local vemos una economía regional con señales parciales de recuperación, pero todavía muy frágil y el consumo sigue contenido, la inversión avanza con cautela y el centro de Temuco aún no recupera plenamente su dinamismo histórico.

La Araucanía necesita certezas, seguridad, permisos más ágiles, mejor conectividad, vivienda, mayor empleo formal y una mirada regional en las políticas públicas. No podemos hablar de una recuperación consolidada mientras muchos comerciantes siguen vendiendo cada vez menos, enfrentando mayores costos y postergando inversiones.

La Cámara ha insistido en que la seguridad es clave para reactivar la economía, ¿cuánto está afectando la delincuencia al comercio establecido y qué resultados concretos han visto del trabajo coordinado con el municipio, Carabineros y otras autoridades?

La seguridad es hoy una condición básica para la reactivación, La delincuenta afecta directamente al comercio establecido porque encarece la operación, genera temor en trabajadores y clientes y además desincentiva la inversión.

Valoramos el trabajo coordinado con el municipio, Carabineros, PDI y autoridades, porque ha permitido mayor presencia preventiva y una mejor coordinación. Pero todavía falta constancia, mayor fiscalización y resultados efectivos. El comercio necesita sentir que no está solo.

En Temuco se ha hablado de una alta victimización del comercio y de una sensación de normalización de los delitos. ¿Siente que el comerciante se está acostumbrando a funcionar bajo amenaza, invirtiendo cada vez más en seguridad en vez de crecimiento, empleo o mejoras para sus locales?

Sí, existe un riesgo muy grave, que el comerciante termine acostumbrándose a trabajar bajo amenazas. Eso no puede normalizarse.

Hoy muchos locales destinan recursos en cámaras, alarmas, rejas, guardias, etc., recursos que deberían ir a mejorar sus negocios, contratar más trabajadores o modernizarse. Cuando la seguridad se transforma en el principal gasto, la economía local pierde.

Otro tema sensible es la vivienda. La CChC ha planteado críticas por el déficit habitacional y la necesidad de acelerar proyectos. Desde la mirada del comercio y los servicios, ¿cómo impacta la falta de vivienda, planificación urbana y permisos más ágiles en el desarrollo económico de Temuco y la región?

La falta de vivienda y planificación urbana impacta directamente al comercio y los servicios. Una ciudad que no crece ordenadamente genera más costos, más congestión, menos inversión y menor calidad de vida.

Temuco y La Araucanía necesitan proyectos habitacionales, pero también barrios integrados, servicios, transporte, comercio de cercanía y permisos más ágiles. La vivienda no es solo un tema social también es un importante motor económico.

A nivel nacional se discute la llamada megarreforma económica o Plan de Reconstrucción Nacional, con medidas tributarias, laborales, de empleo y vivienda. ¿La Cámara ve en esta reforma una oportunidad real para reactivar la inversión y el empleo en regiones como La Araucanía, o cree que todavía falta una bajada concreta al territorio?

Toda reforma que busque reactivar inversión, empleo y vivienda puede ser una oportunidad, pero debe tener bajada regional concreta.

La Araucanía no necesita solo anuncios nacionales, necesita medidas aplicables a nuestra realidad, como incentivos a la inversión, apoyo al comercio formal, seguridad, infraestructura, vivienda y reglas claras. Si la reforma no llega al territorio, difícilmente generará confianza en la región.

El Mercado Municipal de Temuco aparece como una de las obras más esperadas por la ciudad. ¿Qué significado tendría para el comercio local recuperar definitivamente este espacio y qué condiciones deberían cumplirse para que no sea solo una obra patrimonial, sino también un motor económico para el centro?

Recuperar el Mercado Municipal sería un hito enorme para Temuco, no solo por su valor patrimonial, sino porque puede transformarse nuevamente en un motor del centro, del turismo, la gastronomía, de nuestra artesanía y del comercio local.

Pero no basta con reconstruir el edificio, debe tener buena administración, seguridad, accesos, estacionamientos, promoción turística, conexión con el comercio del centro y una oferta atractiva. El Mercado debe volver a ser un punto de encuentro y actividad económica permanente.

Un estudio reciente ubicó a Temuco como la tercera comuna del país con más “malls chinos”, con 11 establecimientos activos. ¿Cómo mira la Cámara este fenómeno? ¿Cómo una nueva competencia legítima, como una señal de cambios en el consumo o como un desafío para la fiscalización, la formalidad y la competencia pareja con el comercio local?

Lo miramos con realismo, es una competencia legítima en la medida que cumpla las mismas reglas que todos, como lo son las tributarias, laborales, sanitarias, de seguridad, rotulación y derechos del consumidor.

También refleja cambios en el consumo, la gente busca precio y variedad, pero la competencia debe ser pareja. Lo que preocupa no es el origen del comercio, sino que existan diferencias en fiscalización o cumplimiento normativo frente al comercio local establecido, que paga impuestos, genera empleo y cumple exigencias todos los días.

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La situación demográfica de Chile tiene una mirada económica importante, ya que el rápido envejecimiento de la población genera efectos directos sobre el sistema de pensiones, la salud pública y las cuentas fiscales. El incremento en las expectativas de vida en el país lleva a que cada día gane más relevancia la economía plateada no solo como un problema, sino como una oportunidad para la innovación, la productividad y el desarrollo de nuevos mercados.

Generalmente, el envejecimiento de la población se ha mirado como una carga estructural tanto para las familias como para el país, asumiendo un elemento estático de la vejez. Pero si uno mira a las personas mayores de 60 años en el Chile actual, el escenario es completamente distinto a lo que observaban nuestros padres a nuestra edad. Por ejemplo, hoy las personas de la tercera edad poseen más años de escolaridad, mayor conectividad digital y un firme deseo de mantener una participación en la economía. No se les puede restringir a ser receptores de ayudas del Estado, pues es desperdiciar un capital humano acumulado invaluable. La economía plateada nos invita a modificar la estructura productiva considerando que el empleo sea adaptativo, y generar un consumo especializado.

Para ello, el mercado laboral chileno debe extender la vida laboral de forma voluntaria. Esto puede ser mediante jornadas de trabajo flexibles, teletrabajo o roles de mentoría, lo que permite suavizar el déficit de fuerza laboral joven y mantener la transferencia de conocimiento en sectores complejos.

Asimismo, este desafío requiere una alianza público-privada, donde el Estado actúe como catalizador, modernizando las regulaciones, buscando incentivar la contratación de este segmento de la población, y promoviendo y garantizando la inclusión digital. Por su parte, la academia y el sector privado deben abandonar los estereotipos comerciales y entender que la población mayor es un motor de demanda sofisticado y creciente.

El envejecimiento no es el fin del crecimiento; es la reconfiguración de este. Si logramos articular políticas públicas flexibles y un entorno empresarial que valore la experiencia y la innovación adaptativa, Chile no sufrirá el invierno demográfico. Al contrario, podrá capitalizar un robusto «dividendo canoso», demostrando que una sociedad más longeva es también una economía más resiliente, integrada y desarrollada.

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La Región de La Araucanía concentra el 44,78% de las personas demandadas por deudas en la macrozona sur, según un estudio desarrollado por la firma especializada en análisis de datos Unholster junto a DefensaDeudores.cl, que examinó 116.612 causas de cobranza ingresadas al Poder Judicial entre enero de 2015 y diciembre de 2025.

La investigación cruzó expedientes judiciales con antecedentes sociodemográficos y datos del padrón electoral, permitiendo elaborar el primer perfil longitudinal de quienes enfrentan procesos judiciales de cobranza en Chile.

Los resultados muestran que La Araucanía lidera ampliamente las demandas por deudas en la zona sur, seguida por Los Lagos con un 36,93% y Los Ríos con un 18,30%. A nivel nacional, la región ocupa el sexto lugar entre las zonas con más personas demandadas, detrás de la Región Metropolitana, Valparaíso, Maule, Biobío y Antofagasta.

Al analizar las cifras regionales, el abogado y fundador de DefensaDeudores.cl, Ricardo Ibáñez, sostuvo que “el hecho de que La Araucanía concentre una proporción importante de las personas demandadas por deudas en la zona sur refleja una realidad económica que la región arrastra desde hace años”. Agregó que “se trata de una zona donde muchas familias enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad, ingresos más ajustados y empleos menos estables, por lo que cualquier dificultad económica puede afectar rápidamente su capacidad de pago y derivar en procesos de cobranza judicial”.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que el 82% de las personas demandadas aparece solo una vez en el sistema judicial durante la década analizada. La revisión se limitó exclusivamente a causas de cobranza, lo que pone en cuestión la idea de que la judicialización de deudas esté asociada principalmente a personas reincidentes o permanentemente morosas.

La investigación también identificó que el perfil más frecuente corresponde a hombres de entre 31 y 50 años, es decir, personas en plena etapa laboral y que suelen enfrentar mayores compromisos financieros. El mayor volumen de demandas se registró en 2019, cuando 16.605 personas enfrentaron procesos judiciales de cobranza.

Otro de los resultados destacados es que el fenómeno se distribuye de manera transversal entre distintos grupos socioeconómicos. En ese sentido, Ibáñez explicó que “uno de los resultados más interesantes es que la cobranza judicial aparece distribuida de manera mucho más transversal de lo que normalmente se cree. No es un fenómeno concentrado exclusivamente en sectores vulnerables”. Añadió que “cuando se mira la data longitudinalmente, el endeudamiento judicial cruza distintos niveles socioeconómicos y territorios”.

Respecto de los acreedores, la banca concentra la mayor cantidad de acciones judiciales con el 56,49% de las causas, seguida por el retail con un 21,65% y otras instituciones, como cajas de compensación y cooperativas, con un 21,86%.

Desde Unholster destacaron el valor de la información obtenida para comprender mejor el fenómeno del endeudamiento. El economista y director de Data Science de la firma, Cristóbal Huneeus, señaló que “cruzar 10 años de causas judiciales con el perfil demográfico de los demandados nos permite retratar a quienes enfrentan el sistema de cobranza en Chile: quiénes son, de dónde vienen, cuántas veces lo viven”. Asimismo, indicó que “no es solo una descripción del pasado, es un insumo concreto para diseñar mejores políticas públicas sobre endeudamiento”.

El informe también plantea una advertencia para los próximos meses. Según el análisis, los aumentos en la morosidad suelen anteceder un incremento en las demandas judiciales por cobranza con un desfase de entre 12 y 18 meses. Al respecto, Ibáñez advirtió que “se puede identificar un patrón consistente: los aumentos en la morosidad suelen anticipar incrementos en la judicialización de deudas con un desfase de entre 12 y 18 meses”.

La preocupación surge luego de que el último informe de morosidad elaborado por USS y Equifax registrara más de cuatro millones de personas morosas en Chile durante el primer trimestre de 2026, con una deuda impaga total superior a los US$10.800 millones.

Frente a ese escenario, el abogado concluyó que “con ese telón de fondo, de repetirse la tendencia histórica, Chile podría enfrentar durante el segundo semestre de 2026 un nuevo aumento en las demandas de cobranza judicial, en un contexto marcado por desempleo persistentemente sobre el 8%, desaceleración económica y mayor presión sobre los hogares”.

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El exministro de Hacienda, Mario Marcel, reapareció en la escena pública con una serie de críticas al manejo económico del Gobierno del Presidente José Kast, defendiendo además la gestión fiscal desarrollada durante la administración de Gabriel Boric.

Las declaraciones fueron realizadas en una extensa entrevista concedida a The Clinic, a propósito del lanzamiento de su libro La Montaña Rusa: crónica de una crisis y cómo se superó (2019-2024), donde repasa su experiencia al frente del Banco Central y posteriormente del Ministerio de Hacienda durante uno de los períodos más complejos de la economía chilena reciente.

Marcel sostuvo que la situación fiscal heredada al actual gobierno ha sido objeto de cuestionamientos injustificados y defendió los principales indicadores económicos alcanzados durante la administración anterior. “No cumplir con la meta fiscal duele, a mí me dolió más que a nadie. Pero tengamos claro dónde estamos parados”, afirmó, agregando que Chile mantiene una deuda pública considerablemente menor que el promedio de América Latina y de los países emergentes.

El exsecretario de Estado también cuestionó las críticas que ha recibido la gestión económica del gobierno de Boric, asegurando que existe una fuerte politización del debate económico. “Me parece que hay una lógica política que se impone sobre las necesidades de la economía y de la ciudadanía, donde importa más culpar al gobierno anterior que resolver las cosas”, señaló.

En esa línea, fue particularmente crítico con sectores de la derecha, acusando un doble estándar respecto de medidas fiscales que hoy son respaldadas, pero que anteriormente fueron duramente cuestionadas. “Si nosotros en el gobierno anterior hubiéramos pedido más endeudamiento o presentado proyectos sin financiamiento, nos habrían hecho pedazos”, sostuvo.

Marcel también abordó la situación fiscal actual y manifestó preocupación por algunas de las medidas impulsadas por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, advirtiendo que ciertas decisiones podrían afectar la credibilidad financiera del país. “Creo que se está jugando con fuego”, afirmó al referirse a las nuevas metas fiscales y al aumento proyectado del déficit estructural.

Respecto a la acusación constitucional presentada contra el exministro Nicolás Grau, Marcel calificó la acción como inédita y cuestionó que se fundamente en diferencias respecto de proyecciones económicas futuras. “La acusación contra un ministro de Hacienda es inédita y más aún cuando se basa en una discusión sobre proyecciones económicas”, indicó.

El exministro también repasó episodios clave de los últimos años, incluyendo el proceso constituyente, la pandemia, los retiros previsionales y la instalación del gobierno de Boric, reconociendo errores en la estrategia frente a la Convención Constitucional y señalando que faltó una reflexión más profunda tras el rechazo de la primera propuesta constitucional.

Pese a las críticas, Marcel sostuvo que el país mantiene una posición económica sólida en comparación con otros países de la región y llamó a evitar que las diferencias políticas terminen debilitando la confianza en las instituciones económicas.

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La agroindustria chilena encendió las alertas luego de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propusiera aplicar un arancel adicional de 12,5% a las importaciones provenientes de 60 países, entre ellos Chile, en el marco de una investigación relacionada con cadenas de suministro y trabajo forzado.

Aunque la medida aún se encuentra en etapa de consulta pública y no tiene carácter vinculante, el sector privado comenzó a movilizarse para evitar que la iniciativa prospere, argumentando que la agroindustria nacional cumple con estrictos estándares internacionales de trazabilidad y certificación laboral.

El presidente de Chilealimentos, Juan Manuel Mira, señaló que la propuesta genera especial preocupación debido a la relevancia del mercado estadounidense para los alimentos procesados chilenos, especialmente berries congelados, jugos y pulpas de fruta. Según explicó, la industria opera bajo auditorías y certificaciones internacionales que garantizan el cumplimiento de normas laborales y de producción.

«Para nosotros es altamente preocupante el arancel que se quiere colocar sobre los productos chilenos en Estados Unidos, ya que ese país es uno de los principales socios comerciales para los alimentos procesados», afirmó.

La inquietud se acrecienta considerando que Estados Unidos representó durante 2025 cerca del 16% de las exportaciones agroindustriales chilenas, con envíos que alcanzaron los US$561 millones. Una sobretasa de esta magnitud impactaría directamente la competitividad de los productos nacionales frente a otros proveedores internacionales.

Desde el gremio también advierten que Chile competiría en desventaja frente a países como Canadá y México, que mantienen acuerdos comerciales y ventajas logísticas con Estados Unidos, además de no verse afectados por esta eventual medida.

La preocupación llega además en un momento particularmente sensible para el sector. Entre enero y mayo de 2026, la agroindustria de alimentos procesados acumuló exportaciones por US$1.057 millones, registrando un crecimiento de 6% y consolidándose como uno de los pocos segmentos agroexportadores con cifras positivas durante el año.

Por ello, Chilealimentos hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre el sector público y privado para presentar antecedentes técnicos durante el período de consulta que finaliza en julio, con el objetivo de evitar una medida que podría afectar el empleo, la inversión y la competitividad internacional de la industria nacional.

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Los mercados financieros internacionales cerraron la semana con ganancias generalizadas, impulsados por las crecientes expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que permita reabrir el estrecho de Ormuz y reduzca las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

En Europa, las principales bolsas finalizaron con avances significativos. Madrid lideró las alzas con un incremento de 1,7%, seguida por Fráncfort (+1,5%), París (+1,49%), Milán (+1,26%) y Londres (+0,79%). El Euro Stoxx 50, que reúne a las mayores compañías del continente, avanzó 1,53%.

En Asia, el optimismo también se hizo sentir con fuerza. El índice Nikkei de Tokio subió 2,81%, mientras que el Kospi de Corea del Sur se disparó 4,63%. Shanghái ganó 1,12% y Hong Kong avanzó cerca de 1,5%.

El mejor ánimo de los inversionistas se reflejó además en las materias primas. El petróleo Brent cayó más de 2% y se ubicó en torno a los US$88 por barril, su nivel más bajo desde marzo, ante la expectativa de una normalización del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una de las rutas estratégicas más importantes para el comercio energético mundial.

En la misma línea, el gas natural europeo TTF retrocedió 5,65%, hasta los 46,86 euros por megavatio hora.

Los metales preciosos, en cambio, mostraron un comportamiento mixto. El oro rebotó con fuerza tras las caídas de la sesión anterior y avanzó 2,09%, alcanzando los US$4.200 por onza, mientras que la plata subió 3,99%, cotizando en US$66,57.

En Estados Unidos, los futuros de Wall Street operaban con variaciones acotadas luego del fuerte repunte del jueves, cuando los principales índices reaccionaron positivamente a la suspensión de los ataques que el presidente Donald Trump había ordenado contra Irán.

Los inversionistas también mantienen la mirada puesta en la política monetaria internacional. Esta semana, el Banco Central Europeo elevó su tasa de interés en 25 puntos base, hasta el 2,25%, mientras que el mercado espera que la Reserva Federal mantenga sin cambios los tipos en su próxima reunión. Además, Alemania informó una inflación interanual de 2,6% en mayo, cifra inferior a la registrada en abril.

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El exministro de Hacienda, Andrés Velasco, lanzó duras críticas al megaproyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno del presidente José Kast y liderado por el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cuestionando especialmente sus efectos sobre las finanzas públicas.

Las declaraciones fueron realizadas durante la presentación del libro “La montaña rusa. Crónica de una crisis y cómo se superó”, escrito por el exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central, Mario Marcel, donde se analizan los efectos de la crisis social de 2019 y la pandemia en la economía chilena.

En su intervención, Velasco destacó el trabajo desarrollado por Marcel durante distintos períodos, aunque también manifestó diferencias respecto de algunas interpretaciones contenidas en la publicación. Sin embargo, fue en la parte final de su discurso donde apuntó directamente al principal proyecto económico impulsado por la actual administración.

El economista sostuvo que el principal problema fiscal de Chile no está relacionado con el gasto público, sino con la capacidad de generar ingresos permanentes para financiar las obligaciones del Estado. “Me parece a mí que una rebaja tributaria como la que el Parlamento hoy discute, sin compensación alguna, no hará otra cosa que agravar los problemas de ingresos que el Fisco chileno ya tiene”, afirmó.

Velasco argumentó además que una de las bases de la estabilidad fiscal construida desde el retorno a la democracia ha sido la existencia de mecanismos de compensación para cualquier aumento de gasto o disminución de impuestos. En esa línea, cuestionó que la iniciativa actualmente en discusión se aparte de ese criterio.

“Si hay algo que la cultura fiscal chilena consolidó desde la llegada de la democracia es un principio muy sencillo: usted quiere gastar más, dígame cómo lo va a financiar; usted quiere bajar un impuesto, dígame qué otro impuesto va a subir. Esta es la primera reforma ambiciosa que se ha mandado al Congreso que viola esa lógica esencial”, sostuvo.

Finalmente, el exministro hizo un llamado tanto al Gobierno como al Senado a buscar mecanismos de compensación que permitan mantener el equilibrio fiscal y resguardar la sostenibilidad financiera del Estado en el largo plazo.

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El nuevo reporte del Termómetro Laboral del Observatorio Laboral de La Araucanía, ejecutado por la Universidad de La Frontera, da cuenta de que la tasa de desempleo cayó al 7,9%, posicionando a la región en el sexto lugar a nivel nacional. En términos absolutos, son 38.648 las personas desocupadas, tras una baja de -16,7% en doce meses.

Salud y educación: los sectores que sostienen el empleo regional

Durante este período, la región sumó 8.776 empleos, llegando a 449.254 personas ocupadas. Detrás del alza de la ocupación hay un patrón sectorial ya que el sector Salud es el principal impulsor del empleo regional en esta coyuntura, con más de 10.400 nuevas personas ocupadas en doce meses, seguido por la actividad Silvoagropecuaria, con cerca de 6.500 personas más, y la Educación, con más de 4.000 nuevos personas ocupadas asalariados formales. Los tres sectores concentran buena parte del dinamismo laboral que caracteriza a La Araucanía en este trimestre.

El Comercio concentra la mayor caída de empleo anual de la región, con cerca de 15 mil personas ocupadas menos. Sin embargo, el dato requiere una lectura matizada ya que el sector presentó un 2025 excepcionalmente activo, con niveles de empleo por sobre sus parámetros históricos. Lo que registra el Termómetro es una estabilización hacia cifras más habituales, coherente con la desaceleración de las ventas minoristas desde el cuarto trimestre del año pasado. El aspecto que sí merece atención es que esa normalización afecta principalmente al empleo formal, en especial en las micro y pequeñas empresas que sostienen el Comercio en La Araucanía.

Informalidad al alza: el empleo crece, pero no siempre con protección

El crecimiento del empleo regional tiene una sombra que el Termómetro no deja pasar. La tasa de informalidad llegó al 37,6%, la más alta del país, con un alza de 3,7 puntos porcentuales en doce meses. En total, son 168.997 las personas que trabajan de manera informal en la región, cerca de 20 mil más que en el mismo período de 2025. El aumento se explica por el crecimiento de los trabajadores por cuenta propia y de los asalariados privados sin contrato, mientras el empleo formal cae un -3,7% en el período.

También destaca el alza de personas contratadas bajo la modalidad de honorarios en el sector público, un fenómeno vinculado al crecimiento de los servicios públicos y que expresa una forma de inserción laboral en la región, aunque con menores niveles de protección social que el empleo asalariado formal.

«Los datos del Termómetro Laboral muestran que La Araucanía si bien presenta avances importantes, con más personas ocupadas, menor desempleo y una recuperación importante en sectores clave como la salud y la educación, aún mantiene brechas que no podemos normalizar. Así, se evidencia un alza en la informalidad, especialmente en mujeres, dando una señal de alerta de que estamos generando más empleo, pero no necesariamente empleo de mejor calidad. El crecimiento no basta si no va acompañado de mayor formalidad y protección social», señaló Juan Pablo Carrasco, Seremi del Trabajo y Previsión Social de La Araucanía.

Por su parte, el director del Observatorio Laboral de La Araucanía, Camilo Rosas Flores, señaló que «la informalidad sigue siendo la expresión más visible de las tensiones estructurales del mercado laboral regional. Que el alza del empleo femenino ocurra en gran medida desde la informalidad nos dice que aún hay una distancia importante entre el acceso al trabajo y el acceso a un trabajo de calidad. Esa brecha es el desafío que los datos nos obligan a mirar».

Los datos del Termómetro Laboral sitúan a La Araucanía en una trayectoria de crecimiento no exenta de matices y complejidades. La pregunta que queda abierta, y que los próximos trimestres deberán responder, es si ese crecimiento puede transformarse en empleo formal, estable y con protección social para quienes hoy trabajan en la informalidad.

Encuentra todos los datos del Termómetro Laboral de La Araucanía aquí

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