Parlamentarios del Partido de la Gente anunciaron una ofensiva fiscalizadora tras revelarse un presunto desfalco por raciones alimenticias no entregadas a estudiantes vulnerables en la región de O’Higgins.

Los diputados del Partido de la Gente (PDG), Fabián Ossandón, Flor Contreras, Tamara Ramírez y Patricio Briones, anunciaron la solicitud formal de una Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputados para esclarecer las presuntas irregularidades detectadas en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

La medida surge luego de conocerse una investigación interna del organismo, revelada por Reportajes T13, que apunta a un eventual fraude superior a los $14 mil millones en la región de O’Higgins, relacionado con miles de raciones alimenticias escolares que habrían sido cobradas, pero nunca entregadas a estudiantes vulnerables.

Los antecedentes ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismos que actualmente mantienen diligencias en curso para determinar eventuales responsabilidades administrativas y penales.

El diputado Fabián Ossandón calificó el caso como “inaceptable”, asegurando que “no toleraremos que miles de millones de pesos públicos desaparezcan en raciones fantasmas”. Además, afirmó que llegarán “hasta las últimas consecuencias para determinar quiénes permitieron este desfalco”.

En la misma línea, la diputada Tamara Ramírez sostuvo que “la crisis de probidad toca fondo cuando afecta a la infancia”, agregando que impulsarán la comisión investigadora de manera transversal para exigir explicaciones públicas a los directivos de Junaeb.

Por su parte, la diputada por La Araucanía, Flor Contreras, señaló que solicitarán auditorías inmediatas a las licitaciones regionales vigentes. “Si esto pasó en O’Higgins, es altamente probable que se replique en otras zonas del país. La impunidad no puede ser la norma”, afirmó.

El diputado Patricio Briones indicó que el caso representa “una inmoralidad e ilegalidad” que debe perseguirse con todas las herramientas de fiscalización que tiene el Congreso, confirmando además que ya comenzaron la recolección de firmas para concretar la creación de la comisión investigadora.