“La ciudadanía espera justicia real. Quien le quita la vida a otra persona o intenta hacerlo debe cumplir íntegramente la pena que le imponga la justicia. No es comprensible para las familias de las víctimas que condenados por delitos tan graves accedan a beneficios que les permitan cumplir sus condenas en libertad. Nuestro proyecto busca que las penas por homicidios y delitos que atenten contra la vida sean efectivas, completas y acordes al daño irreparable causado”.

El diputado Republicano, Cristián Neira, presentó un proyecto de ley destinado a fortalecer el cumplimiento efectivo de las penas privativas de libertad para quienes cometan delitos especialmente graves contra la vida y la integridad física de las personas.

La iniciativa surge en un contexto marcado por el aumento de delitos violentos registrados en el país durante los últimos años, particularmente homicidios, secuestros, lesiones graves y hechos vinculados al crimen organizado. El objetivo central de la propuesta es restringir el acceso a beneficios penitenciarios y mecanismos sustitutivos de cumplimiento de condena para quienes hayan sido condenados por delitos que ocasionen la muerte o graves daños a la integridad física de las personas.

“Las penas tienen que cumplir su propósito. No podemos seguir enviando señales equivocadas a la ciudadanía permitiendo que personas condenadas por delitos gravísimos accedan tempranamente a beneficios que terminan desvirtuando el sentido de la condena impuesta por los tribunales”, sostuvo Neira.

El parlamentario explicó que la propuesta recoge además la preocupación ciudadana generada por diversos casos de alta connotación pública, entre ellos el acceso a libertad condicional del único condenado por el homicidio de Viviana Haeger; los beneficios penitenciarios solicitados por condenados por el crimen de Daniel Zamudio; la liberación y posterior fuga de uno de los imputados por el homicidio del empresario José Felipe Reyes Ossa, conocido como el caso del “Rey de Meiggs”; y el caso de Hugo Humberto Bustamante Pérez, conocido como el “Asesino del Tambor”, quien obtuvo beneficios penitenciarios tras una condena previa por homicidio y posteriormente asesinó a Ámbar Cornejo, generando un amplio debate sobre los mecanismos de evaluación para acceder a este tipo de beneficios.

El proyecto incorpora criterios más exigentes para acceder a eventuales beneficios penitenciarios, considerando factores como la conducta al interior de los recintos penales, la ausencia de reincidencia, la colaboración efectiva con la investigación y evaluaciones de riesgo para la seguridad pública y para las víctimas.

Finalmente, el diputado Neira señaló que la iniciativa busca fortalecer la confianza en el sistema de justicia penal y entregar una señal clara de respaldo a las víctimas y sus familias. “Cuando hablamos de homicidios y delitos violentos que destruyen vidas y familias completas, el Estado debe actuar con firmeza. La protección de la ciudadanía y el respeto por las víctimas deben estar en el centro de nuestra legislación penal”, concluyó.