Fiscalización revela bajo cumplimiento en información clave como remuneraciones, presupuesto y adquisiciones, con un promedio nacional de solo 73,7%.

Un preocupante diagnóstico sobre transparencia en el ámbito municipal dio a conocer el Consejo para la Transparencia (CPLT), tras detectar que 50 entidades vinculadas a municipios operan sin siquiera contar con una página web donde publiquen información obligatoria por ley.

La fiscalización, correspondiente al período 2025, analizó a 257 organismos, entre ellos corporaciones municipales, asociaciones, fundaciones y entidades regionales. El informe no solo evidenció la ausencia total de plataformas en algunos casos, sino también múltiples incumplimientos en quienes sí cuentan con ellas.

De hecho, el promedio de cumplimiento en transparencia activa alcanza apenas un 73,7%, muy por debajo del estándar esperado. Al desglosar los resultados, 90 organismos se ubican en nivel “bajo”, 89 en nivel “medio” y solo 78 alcanzan un nivel “alto”.

Las principales falencias se concentran en áreas sensibles para el control ciudadano. La publicación de la escala de remuneraciones presenta menos de un 21% de cumplimiento, seguida por información sobre presupuesto, participación ciudadana y procesos de contratación.

La presidenta del CPLT, Natalia González, fue categórica al advertir el impacto de estas brechas. “Cuando no existe siquiera una página donde publicar información, lo que hay es opacidad total. Y cuando la información está incompleta o desactualizada, el efecto es el mismo: la ciudadanía no puede saber cómo se usan los recursos públicos”, afirmó.

En la misma línea, enfatizó que “las principales brechas se concentran precisamente en lo más relevante para el control ciudadano: cuánto se paga, a quién se contrata y en qué se gastan los recursos”, subrayando que se trata de información básica para seguir la ruta del dinero público.

Ante este escenario, el organismo impulsa una modernización a la Ley de Transparencia para ampliar su alcance a todas las entidades que administran recursos públicos, incluso aquellas regidas por derecho privado. Además, recordaron que el acceso a esta información es un derecho y que su incumplimiento puede derivar en sanciones para los responsables.