El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó estado de emergencia económica por 30 días en todo el país, argumentando una “inminente crisis fiscal” luego de que el Congreso archivara una reforma tributaria con la que el Gobierno buscaba obtener recursos adicionales para el presupuesto de 2026.

Según explicó el mandatario, la declaratoria abre la puerta a impuestos especiales con el objetivo de reunir cerca de US$41.000 millones que, aseguró, se requieren para sostener las finanzas públicas el próximo año. En ese marco, Petro sostuvo que “los nuevos recursos solo deben salir de los megarricos”, planteando que se trata de una devolución parcial a la sociedad de los beneficios que —según su postura— han acumulado los grupos de mayores ingresos.

El anuncio se da en un escenario mixto: la economía colombiana muestra señales de fortalecimiento y los analistas proyectan un crecimiento del PIB en torno a 2,6%–2,7% hacia el cierre del año. Sin embargo, el Ejecutivo enfrenta presiones por el aumento del gasto público junto al endeudamiento, sin que exista un alza equivalente en la recaudación.

En el plano fiscal, el déficit se ha ampliado en los últimos años y distintos análisis anticipan que el indicador podría cerrar por encima del 7% en 2025. Para reducir esa brecha, el Gobierno había impulsado una reforma que aspiraba a recaudar alrededor de US$4.000 millones adicionales para el presupuesto del próximo año, pero el proyecto fue archivado a inicios de diciembre.

Desde el Ejecutivo, la medida se justificó señalando que la situación fiscal adquirió un carácter “grave” y que, sin acciones, podría derivar en un ajuste drástico que impacte el bienestar y la continuidad de servicios públicos esenciales. De todos modos, aún no se conocen los alcances concretos de los tributos que se implementarían bajo esta emergencia.

Fuente: biobiochile.cl