Casi la mitad de las asignaciones presupuestarias destinadas directamente a niños, niñas y adolescentes registró una reducción durante el primer semestre de 2026, según un análisis elaborado por la Defensoría de la Niñez y UNICEF Chile.

El informe comparó los recursos aprobados originalmente en la Ley de Presupuestos 2026 con aquellos vigentes a junio y examinó 188 asignaciones correspondientes a programas, prestaciones e instituciones vinculadas directamente con la niñez y adolescencia.

Los resultados muestran que 86 asignaciones disminuyeron, equivalentes al 45,7% del total, mientras otras 90 no presentaron variaciones y solamente 12 aumentaron sus recursos. Además, 54 de las partidas estudiadas registraron reducciones superiores al 3%.

El análisis se realizó en medio del ajuste fiscal implementado durante 2026, que contempló una reducción transversal del 3% del presupuesto vigente de organismos de la Administración del Estado.

En términos globales, los recursos considerados en el estudio disminuyeron un 0,1%, equivalente a $12.438 millones. Sin embargo, el resultado está influido por un incremento de $71.216 millones destinado a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Al excluir ese aumento, los demás programas e instituciones considerados registran una reducción conjunta de $83.654 millones, equivalente a un 0,8% respecto del presupuesto inicialmente aprobado.

Entre las áreas donde se identificaron disminuciones aparecen la primera infancia, protección especializada, bienestar socioemocional, salud escolar, apoyo pedagógico e infraestructura educativa.

Uno de los casos destacados corresponde a la asignación de Diagnóstico Clínico Especializado y Pericia, relacionada con el sistema de protección especializada, que disminuyó un 28%. En educación, dos importantes líneas destinadas al mejoramiento de infraestructura pública disminuyeron en $14.600 millones (-28,1%) y $14.048 millones (-20,5%), respectivamente.

El propio informe advierte, sin embargo, que los antecedentes presupuestarios disponibles no permiten determinar por sí solos los efectos concretos de las reducciones sobre la cobertura o calidad de las prestaciones. Para establecer ese impacto sería necesario conocer, entre otros antecedentes, el número de beneficiarios, prestaciones entregadas, metas comprometidas y calidad de los servicios.

Asimismo, señala que algunas modificaciones presupuestarias pueden obedecer a razones de ejecución, eficiencia o reasignaciones, por lo que plantea la necesidad de contar con justificaciones técnicas que permitan conocer sus efectos.

De cara a la discusión del Presupuesto 2027, la Defensoría de la Niñez y UNICEF recomendaron resguardar la prioridad presupuestaria destinada a niños, niñas y adolescentes y prestar especial atención a los programas preventivos y de intervención temprana.