El magistrado argentino Alejandro Patricio Maraniello, juez civil y comercial federal que ordenó frenar la divulgación de grabaciones de Karina Milei —hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia—, enfrenta al menos ocho denuncias en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por acoso sexual, según medios trasandinos como La Nación.

La resolución del juez ocurre en medio de un escándalo de corrupción desatado por audios de un funcionario que describía un supuesto esquema de recaudación de sobornos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en el que se habría mencionado como beneficiaria a la hermana del mandatario.

Si bien las grabaciones difundidas hasta ahora no incluyen referencias a sobornos por parte de Karina Milei, el periodista Mauro Federico aseguró disponer de más material —cerca de 50 minutos de conversaciones—, lo que motivó al Gobierno a presentar una denuncia judicial y exigir allanamientos tanto al medio digital que publicó los audios como a los domicilios de Federico y otro periodista.

Denuncias contra el juez

De acuerdo con los expedientes abiertos entre 2023 y 2025, Maraniello niega todas las acusaciones y las califica como “falacias”. Sin embargo, testimonios de trabajadoras de su juzgado relatan situaciones de hostigamiento, mensajes por redes sociales, comentarios sobre la vestimenta, amenazas de represalias laborales y, en al menos un caso, tocamientos y besos no consentidos.

Una de las denunciantes afirmó que los episodios la llevaron a tener ideas suicidas, por lo que acudió a la Unidad de Bienestar Laboral, aunque sin iniciar una causa penal. La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura será la encargada de analizar las denuncias, que podrían derivar en sanciones o incluso en la remoción del juez si se elevan a la Comisión de Acusación.

Prohibición de difusión

En paralelo, Maraniello dictó una orden judicial para “el cese de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno atribuidos a Karina Elizabeth Milei”, instruyendo al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a bloquear su circulación en cualquier medio escrito, audiovisual o digital, incluidas redes sociales.

El portavoz presidencial Manuel Adorni defendió la medida, señalando que se trata de “una violación grave a la privacidad institucional y no de un caso de libertad de expresión”. Agregó que el Ejecutivo denunció una presunta “operación de inteligencia ilegal” cuyo objetivo sería desestabilizar al país en plena campaña electoral de cara a los comicios legislativos del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires.

“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, aseguró Adorni.

Fuente: biobiochile.cl