La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una ley de amnistía que podría liberar a cientos de presos políticos y personas procesadas desde 1999, aunque incluye exclusiones y límites que han generado críticas tanto dentro como fuera del país. 

La nueva legislación, impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, busca otorgar amnistía general por delitos vinculados a la confrontación política en Venezuela en diferentes episodios desde 1999 hasta 2025; sin embargo, excluye a quienes promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza, así como a quienes enfrentan procesos por violaciones graves a derechos humanos, homicidio, narcotráfico y corrupción, entre otros. 

Tras la aprobación en el Parlamento dominado por el oficialismo, el proyecto fue firmado por Rodríguez en el Palacio de Miraflores, quien declaró: “Hay que saber pedir perdón y también hay que saber recibir perdón” como parte de la implementación de la nueva norma. 

La ley contempla periodos marcados por crisis políticas, como eventos desde el intento de golpe de Estado de abril de 2002 hasta manifestaciones y protestas de años posteriores, abarcando décadas de tensión sociopolítica en el país. 

Organizaciones de derechos humanos y sectores opositores han observado que el texto aprobado presenta “deficiencias” y un “exceso de exclusiones”, señalando que no proporciona una amnistía verdadera ni inmediata para todos los que consideran presos políticos, pese a la expectativa de liberaciones masivas. 

Aunque se espera que la ley marque un giro en la política interna venezolana y pueda favorecer la liberación de miles de personas detenidas por razones políticas, críticos advierten que el alcance real de la norma dependerá de cómo se implemente y de si los criterios de exclusión impiden la salida de muchos de los detenidos.