El caso encendió preocupación en el ámbito sanitario tras la posible administración de un antipsicótico sin indicación médica, lo que expertos califican como una grave vulneración a los derechos de los menores.

Un caso registrado en un jardín infantil de Tiltil encendió las alarmas en el ámbito de la salud y la educación, luego de que se denunciara el presunto suministro de quetiapina a niños sin indicación médica.

La situación, que actualmente es materia de investigación, ha generado preocupación tanto en la comunidad como entre especialistas, debido a los riesgos asociados al uso de este tipo de fármacos en población pediátrica.

El toxicólogo Fernando Torres, director de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello, explicó que la quetiapina es un antipsicótico atípico utilizado para tratar patologías como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, y que su uso en menores debe ser estrictamente evaluado por especialistas.

“Su uso en niños es restringido y debe ser evaluado caso a caso por un especialista, bajo una estricta supervisión médica. No se trata de un medicamento diseñado para inducir el sueño ni menos para controlar conductas en menores sanos”, enfatizó.

El experto advirtió que el uso inapropiado de este fármaco puede generar efectos adversos significativos, como sedación excesiva, disminución del nivel de conciencia, compromiso respiratorio y alteraciones cardiovasculares.

En casos más graves, pueden presentarse convulsiones, arritmias e incluso situaciones de riesgo vital, lo que refuerza la necesidad de limitar su administración exclusivamente a contextos clínicos debidamente justificados.

A nivel neurológico, la exposición a este tipo de medicamentos también puede afectar funciones cognitivas como la memoria, la atención y la conducta, además de provocar efectos secundarios como náuseas, vómitos, estreñimiento, congestión nasal, dificultad para hablar, aumento de peso y alteraciones en los niveles de glucosa.

Desde el ámbito sanitario, el especialista fue enfático en señalar que la administración de medicamentos sin indicación médica constituye una práctica de alto riesgo y una vulneración grave de los derechos de los niños. “El uso de psicofármacos con fines de sedación o control conductual en contextos educativos es considerado inaceptable”, sostuvo.

El caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de fortalecer la fiscalización en establecimientos educacionales y promover una mayor educación respecto al uso seguro de medicamentos, mientras las autoridades continúan con las diligencias para establecer eventuales responsabilidades.