Desde el inicio del Gobierno del Presidente José Kast, siete ataques violentos se han registrado en La Araucanía, todos concentrados en la provincia de Malleco. El gremio agrícola cuestionó la falta de un plan claro para enfrentar a las organizaciones armadas que continúan operando en la zona pese al Estado de Excepción.

La preocupación volvió a instalarse en la provincia de Malleco luego de una nueva seguidilla de atentados incendiarios y ataques armados registrados en distintos sectores rurales del norte de La Araucanía. Según cifras entregadas por la Asociación de Agricultores de Malleco, desde el 11 de marzo —fecha en que asumió el actual Gobierno— ya se contabilizan siete hechos violentos en la región, todos ocurridos en comunas de la provincia.

Los ataques se han concentrado principalmente en Collipulli, Ercilla y Victoria, afectando tanto a trabajadores forestales como a infraestructura considerada estratégica. Entre los hechos reportados se encuentran la quema de cinco camionetas y dos camiones, atentados a torres de alta tensión y telecomunicaciones, además de disparos contra personal de Carabineros en procedimientos policiales.

El presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillan, aseguró que existe inquietud en el mundo rural debido a que los grupos responsables “han demostrado que siguen operativos”.

“En lo que va de la actual administración de Gobierno se han registrado siete atentados en La Araucanía, todos ellos en la provincia de Malleco”, afirmó el dirigente, agregando que todavía no conocen una estrategia concreta para enfrentar la violencia en la zona.

Naveillan señaló además que, pese a la visita realizada por el Presidente Kast a La Araucanía durante marzo, los gremios productivos siguen esperando anuncios específicos en materia de seguridad rural. “Aún no hemos podido conocer ningún tipo de planificación para saber cómo se va enfrentar a estos grupos armados y terroristas que han demostrado que siguen operativos, portando armamento y atacando a trabajadores y emprendedores rurales”, sostuvo.

El dirigente también cuestionó que los atentados continúen ocurriendo incluso bajo Estado de Excepción Constitucional, medida que mantiene presencia militar en rutas y zonas estratégicas de la Macrozona Sur. Aunque valoró los operativos realizados por Carabineros y coordinados por el Ministerio Público, aseguró que los ataques evidencian que las organizaciones radicalizadas todavía mantienen capacidad operativa en el territorio.

Desde el gremio agrícola insistieron en que el problema no puede abordarse únicamente desde el punto de vista policial. Según plantearon, se requiere un plan integral que considere seguridad, apoyo a los sectores productivos, recuperación económica y generación de empleo en las comunas rurales más afectadas por la violencia.