Flor Contreras y Tamara Ramírez solicitaron información al Ministerio de Seguridad Pública y a la Fiscalía Nacional para conocer el alcance de las redes de explotación sexual asociadas al crimen organizado transnacional y los avances en las investigaciones vinculadas al Tren de Aragua.

Las diputadas del Partido de la Gente (PDG), Flor Contreras y Tamara Ramírez, presentaron oficios dirigidos al Ministerio de Seguridad Pública y a la Fiscalía Nacional para requerir antecedentes detallados sobre las acciones desplegadas por el Estado frente a los delitos de explotación sexual y trata de personas asociados al crimen organizado transnacional.

La solicitud surge luego de las declaraciones realizadas por el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, quien advirtió que organizaciones criminales como el Tren de Aragua mantienen presencia en actividades relacionadas con la explotación sexual dentro del país, fenómeno que ha encendido las alertas respecto del alcance que han logrado estas estructuras delictuales.

Las parlamentarias señalaron que este tipo de delitos representa una de las expresiones más violentas y lucrativas del crimen organizado, afectando principalmente a personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica, social o migratoria. Por ello, consideran necesario conocer con precisión la magnitud del problema y los resultados obtenidos por las instituciones encargadas de su persecución.

“Cuando una organización criminal logra instalarse en actividades tan graves como la explotación sexual, estamos frente a una amenaza que va mucho más allá de la seguridad pública. Aquí hay personas que están siendo sometidas, explotadas y vulneradas por estructuras criminales que operan con altos niveles de organización. Por eso necesitamos conocer con claridad cuál es la magnitud real de este fenómeno y qué resultados concretos están obteniendo las instituciones encargadas de combatirlo”, afirmó la diputada Flor Contreras.

Por su parte, Tamara Ramírez sostuvo que “el Estado tiene la obligación de perseguir con toda su fuerza a quienes lucran con la explotación de personas. No basta con desarticular células o detener individuos; necesitamos saber si realmente se está afectando la estructura financiera y operativa de estas organizaciones criminales para impedir que vuelvan a reorganizarse y seguir operando en nuestro país”.

A través de los oficios, las legisladoras solicitaron información sobre investigaciones en curso, procedimientos policiales, personas detenidas, víctimas identificadas y organizaciones desarticuladas por delitos de explotación sexual y trata de personas durante los últimos años. Asimismo, pidieron antecedentes sobre las causas que vinculan al Tren de Aragua y otras redes criminales transnacionales con este tipo de ilícitos, además de conocer las principales dificultades que enfrentan las instituciones para combatir estas estructuras.