Marcelo Moya, condenado a 12 años de cárcel por delitos vinculados a pornografía infantil y abuso sexual, ganó un recurso de protección tras obtener puntaje nacional en la PAES. La Justicia determinó que Gendarmería deberá facilitarle acceso controlado a internet para cursar Ingeniería de manera online.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por Marcelo Moya, condenado por delitos de pornografía infantil y abuso sexual, y ordenó a Gendarmería entregarle acceso restringido a internet para que pueda cursar estudios superiores desde la cárcel.

Moya cumple una condena total de 12 años de presidio, luego de ser detenido tras una alerta emitida desde Alemania, donde Interpol detectó descargas de pornografía infantil asociadas a una dirección IP en Chile. Al momento de su captura, colaboró con la investigación y entregó voluntariamente sus dispositivos electrónicos.

Los antecedentes recopilados permitieron acreditar delitos de almacenamiento y producción de pornografía infantil, además de abuso sexual. Su condena se extiende hasta octubre de 2029.

Sin embargo, durante los últimos años el interno retomó sus estudios y rindió la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), donde obtuvo puntaje nacional, según antecedentes certificados por el DEMRE.

Tras los resultados, solicitó a Gendarmería autorización para matricularse en la carrera de Ingeniería bajo modalidad online, además de acceso a un computador e internet restringido exclusivamente a fines académicos.

La institución penitenciaria rechazó la solicitud argumentando problemas de infraestructura y seguridad. Según expusieron ante el tribunal, el penal no cuenta con salas habilitadas, equipos disponibles ni conexiones de red suficientes para permitir estudios telemáticos.

Además, señalaron que dentro del recinto existen restricciones especiales debido al tipo de delitos por los que Moya fue condenado y que los equipos computacionales disponibles están destinados a actividades internas de Gendarmería y programas educativos ya existentes.

Pese a ello, la Corte concluyó que el interno mantiene su derecho a la educación, aun estando privado de libertad, y cuestionó los argumentos entregados por la institución penitenciaria.

El fallo sostuvo que las dificultades técnicas descritas por Gendarmería “solo requieren un lugar con acceso a internet” y que no se trataría de una imposibilidad absoluta, sino de una decisión administrativa de no reasignar recursos disponibles. “La negativa de la recurrida a la solicitud del actor debe considerarse antijurídica”, concluyó el tribunal.

De esta forma, la Corte ordenó a Gendarmería realizar las gestiones necesarias para proporcionar un espacio físico y acceso controlado a internet, con restricciones y supervisión, para que el interno pueda desarrollar sus estudios superiores.

El abogado defensor de Moya, Ricardo Bravo Cornejo, aseguró que la educación es una herramienta clave para la reinserción social y defendió la posibilidad de acceso controlado a internet dentro del recinto penal. “No estamos frente a un permiso general para navegar en internet, sino ante una medida acotada, fiscalizable y compatible con la seguridad penitenciaria”, sostuvo.

Además, afirmó que negar este tipo de solicitudes “desincentiva el esfuerzo” y limita las posibilidades de reconstrucción personal una vez cumplida la condena.

Cabe destacar que Gendarmería ya no puede apelar la resolución, luego que venciera el plazo legal para recurrir del fallo.