A dos meses de asumir como diputado por La Araucanía, el exconcejal de Vitacura defendió la estrategia de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast, respondió a las críticas por “turismo electoral” y abordó temas como violencia rural, salud, contribuciones y las deudas históricas que —a su juicio— el Estado mantiene con la región.

Por Italo Soto Villarroel.

A dos meses de haber asumido como diputado por el Distrito 23 de La Araucanía, Tomás Kast sigue enfrentando cuestionamientos por su arribo político a una de las regiones más complejas y golpeadas del país.

Exconcejal de Vitacura y militante de Evópoli, su desembarco en la zona fue criticado incluso desde sectores de la derecha, donde se le acusó de “turismo electoral” y de no tener vínculos históricos con el territorio que hoy representa en el Congreso.

En medio de un escenario marcado por la violencia rural, la pobreza, las listas de espera en salud y el debate por las reformas impulsadas por el Gobierno de su tío, José Kast Rist, el parlamentario defiende su trabajo en terreno y asegura que La Araucanía “es una causa país”.

En conversación con Tiempo 21, el parlamentario abordó las críticas a su gestión, respaldó la estrategia de seguridad del Ejecutivo, respondió a los cuestionamientos sobre su proyecto para eximir de contribuciones a víctimas de violencia rural y entregó su visión sobre las deudas estructurales que, a su juicio, el Estado mantiene con la región.

— Una de las principales críticas que usted enfrentó en campaña, incluso en su mismo sector, fue el tratarlo de “afuerino”, de realizar turismo electoral y de no conocer la realidad de la región ni sus problemas históricos ¿qué responde a dos meses de asumir el cargo?

Esas críticas son de la vieja política que se siente amenazada, no de las personas. La ciudadanía valora el trabajo en terreno, el compromiso y la presencia en la región, ahí se ve la verdadera representación, no en un certificado de nacimiento. Todas las semanas recorro nuestras comunas, me reúno con agricultores, vecinos, pescadores, dirigentes y autoridades locales. Mi primer proyecto de ley fue justamente dirigido a las víctimas de la región. Ese será mi foco durante estos 4 años, con hechos, no discursos.

Uno no elige dónde nace, pero sí puede elegir dónde servir. Y yo elegí servir a La Araucanía.

— Usted ha sido concejal de Vitacura y ahora diputado por La Araucanía, ¿por qué el salto territorial del distrito 11 al distrito 23?

Mi paso por el mundo municipal no fue solo una etapa, fue entender que el municipio es la primera puerta que toca el vecino y la institución donde se canalizan los problemas más urgentes. Ese aprendizaje, sumado al trabajo en seguridad que desarrollamos con liderazgos técnicos de excelencia, es precisamente lo que vengo a aportar a la Cámara: una visión donde la descentralización no es un discurso, sino la capacidad de traer soluciones concretas de gestión local al nivel legislativo.

Además, creo que hay algo importante, la política no puede ser una actividad encerrada en zonas de confort. Uno tiene que estar donde siente que puede aportar. Y yo estoy convencido de que en La Araucanía hay una causa país. Lo que ocurre acá no es solo un problema regional, es una deuda del Estado de Chile con una región completa.

— En una región marcada por la pobreza, la crisis de seguridad y las listas de espera en salud, ¿cómo evalúa el rol que ha tenido su sector político para enfrentar estas problemáticas estructurales que por años siguen afectando a miles de familias en La Araucanía?

Durante demasiado tiempo la política ha mirado La Araucanía desde Santiago, con diagnósticos incompletos, ideología o soluciones parciales que varían con cada cambio de gobierno. Ese tironeo constante, lo que ha provocado, en la práctica, es que las personas quedan atrapadas al medio sin soluciones integrales.

Nuestro sector, realizó importantes avances en materia de seguridad, especialmente a través de los Estados de Excepción, que recordemos, fueron rechazados una y otra vez por quienes más tarde fueron gobierno, incluyendo al Presidente Boric. Eso cambió para bien una vez que llegaron a La Moneda, pero evidenció la falta de una mirada país.

Cuando una región sigue teniendo estos niveles de pobreza, violencia, falta de especialistas, listas de espera, problemas de conectividad y falta de inversión, lo que hay es una Estado que falló y que no ha estado a la altura, y en eso hay responsabilidades de lado y lado.

Yo espero y tengo la convicción en que eso va a cambiar. Que vamos a ser capaces de instalar con fuerza que lo ocurre en la Araucanía no es un problema local, sino un problema país que requiere unidad para ser enfrentado y que trasciende a las fuerzas políticas que les toque gobernar.

— Considerando las históricas deudas del Estado con La Araucanía en materia de salud, y yendo a la actualidad, el Gobierno ha recortado casi 8.500 millones de pesos en la red de salud pública de La Araucanía, ¿cuál es su visión de estos recortes impulsados por el ministro Jorge Quiroz?

Nuestro país enfrenta una estrechez fiscal inédita que obliga al Estado a actuar con responsabilidad, ordenar sus prioridades y hacer ajustes donde sea necesario. En ese contexto, entendemos que este recorte busca mejorar la eficiencia, optimizar el gasto administrativo y asegurar una gestión más responsable de los recursos públicos en hospitales. Sin embargo, para mí hay un límite muy claro: aquí no se puede afectar la atención de los vecinos, sus tratamientos ni la ejecución de programas.

El Gobierno nos ha transmitido que la salud de las personas será resguardada, y mi labor como parlamentario es fiscalizar que eso se cumpla. Vamos a velar para que cada peso llegue donde realmente importa y que cualquier ahorro se concentre en la burocracia, no en los pacientes.

— La seguridad es un ítem que sigue dando que hablar en la región, informes de la Multigremial de La Araucanía advierten que existe una “contención frágil”, si sumamos que esta semana han habido atentados todos los días (lo que nos hace pensar en un aumento de hechos de violencia), ¿ha sabido el gobierno de José Kast llevar las riendas del asunto? ¿Cuál es la fórmula para acabar con este problema?

El Gobierno ha demostrado que la seguridad en La Araucanía dejó de ser un tema postergado y pasó a ser una prioridad de Estado. Lo vimos, por ejemplo, con el ingreso a Temucuicui. Más allá del simbolismo, ahí hay una señal política y operativa muy importante, y es que no pueden existir territorios vedados para el Estado, ni lugares donde la ley no se cumpla.

Naturalmente, este cambio de mano, en comparación con la anterior administración, produce una reacción que es lo que estamos viendo en las últimas semanas con nuevos atentados. Por eso no basta con una acción puntual ni con una señal aislada. se requiere una estrategia sostenida, con inteligencia, control territorial, persecución penal efectiva y apoyo real a las víctimas.

Y aquí hay un punto clave que ya he señalado, la justicia también tiene que hacer su trabajo. No basta con que Carabineros y la PDI arriesguen su vida, ingresen a zonas complejas, detengan a responsables y recuperen presencia territorial, si después quienes están vinculados a hechos de violencia, terrorismo o crimen organizado terminan libres al poco tiempo. Esa puerta giratoria debemos cerrarla de una vez por todas.

En definitiva, la fórmula para enfrentar este problema a mi juicio debe partir primero por un Estado donde antes no estaba, policías con respaldo y herramientas, fiscales con capacidad para perseguir estos delitos, tribunales aplicando todo el peso de la ley y víctimas acompañadas por el Estado.

— Usted ha abogado para exhimir a los agricultores afectados por hechos de violencia del pago de Contribuciones. Si tomamos en cuenta que antaño han existido autoatendados de vehículos y maquinarias para, a posteriori, cobrar los seguros, ¿cómo fiscalizaremos que inescrupulosos lleven a cabo autoatentados para acceder al beneficio? ¿Qué nos asegura que eso no va a pasar?

Este proyecto está pensado exclusivamente para víctimas reales de ataques incendiarios, atentados terroristas o hechos de violencia rural debidamente acreditados durante los últimos 10 años. No estamos hablando de una condonación general ni automática, sino de un mecanismo excepcional para quienes han sido afectados por una crisis de seguridad real, prolongada y documentada.

La fiscalización tiene que considerar por supuesto la existencia de denuncias formales, informes policiales, antecedentes administrativos, registros de Fiscalía, resoluciones de organismos competentes y todos los elementos que permitan comprobar que efectivamente hubo un hecho de violencia. No puede bastar una simple declaración del propietario. Debe existir respaldo institucional que acredite el daño, el riesgo o la afectación del predio. De eso nos vamos a preocupar.

Ahora bien, tampoco podemos usar la posibilidad de fraude como excusa para abandonar a las víctimas. Tenemos familias que han sufrido de forma reiterada, pérdida de bienes, imposibilidad de habitar sus hogares, de trabajar sus campos o de invertir con tranquilidad. Incluso hay predios que, aunque no estén ocupados, se encuentran en zonas de alto riesgo donde sus dueños viven con el temor permanente de perderlo todo. Esa realidad no puede seguir siendo ignorada por el Estado que ha incumplido en su deber de protección.

— Pensando en las municipalidades del Distrito 23 (Carahue, Cholchol, Cunco, Curarrehue, Freire, Gorbea, Loncoche, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Pitrufquén, Pucón, Saavedra, Temuco, Teodoro Schmidt, Toltén, Villarrica), a las cuales usted representa, ¿cuál es su posición frente a la Ley Miscelánea y la eliminación de contribuciones?

Esta es una ley que Chile necesita con urgencia.

Desde la reforma tributaria del 2014 que nuestro país quedó atrapado en un crecimiento cercano al 2%, con efectos directos en el empleo, la inversión y los sueldos de las familias. Si no nos atrevemos a cambiar el rumbo, vamos a seguir condenados a cifras mediocres y a menos oportunidades para las personas que hoy más que nunca necesitan mejorar su calidad de vida.

Respecto a la eliminación de las contribuciones para los adultos mayores de 65 años, quiero ser claro, esto no puede significar un deterioro de las arcas municipales y por eso el gobierno ha establecido que esa pérdida será compensada.

En la última reunión entre el gobierno y los alcaldes, se explicitó que esto se hará a través de este proyecto y no por la ley de presupuestos para que no dependa de los futuros gobiernos. Yo confío en que eso se respetará.

— Los siguientes números representan el porcentaje de dependencia de la recaudación de contribuciones para el Tesoro Municipal: Nueva Imperial: 81,91%, Curarrehue: 80,96%, Pitrufquén: 80,92%, ¿cómo aseguramos que esos municipios sigan funcionando sin afectar a los vecinos en caso de aprobarse la megarreforma del Gobierno?

La ley tiene que salir con una compensación y ese ha sido el compromiso que ha asumido el presidente Kast y que reafirmó el ministro de Interior hace pocos días.

La reforma sigue su trámite y espero que esto quede debidamente señalado en la ley, alineando 2 objetivos centrales: aliviar a los adultos mayores y proteger a los municipios del efecto de esa exención, porque si se eliminan contribuciones, pero se desfinancia la municipalidad, al final el vecino igual paga el costo, a través de menos programas, menos apoyo social, menos mantención, menos seguridad y menos servicios.