La iniciativa avanzó por unanimidad en la Comisión de Educación y continuará su discusión esta semana. Especialistas cuestionaron medidas como la pérdida de gratuidad para alumnos condenados por violencia y pidieron fortalecer la prevención y la resolución de conflictos dentro de las comunidades educativas.

La Comisión de Educación aprobó por unanimidad la idea de legislar el proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas”, iniciativa que busca establecer medidas de seguridad, orden y respeto en los establecimientos educacionales del país.

Tras la votación, la instancia acordó un cronograma de trabajo que contempla escuchar a los últimos invitados durante las jornadas del miércoles 13 y jueves 14 de mayo, para posteriormente avanzar a la votación de indicaciones el viernes 15.

Durante la sesión expusieron representantes de instituciones como CELITEC, la Universidad de Columbia y Fundación 2020, quienes coincidieron en que el proyecto presenta un marcado enfoque punitivo frente a la violencia escolar.

Los especialistas señalaron que las sanciones, por sí solas, no garantizan una disminución de los hechos de violencia si no van acompañadas de estrategias preventivas, mediación y fortalecimiento de la convivencia escolar.

Uno de los puntos que generó mayor debate fue la propuesta que permitiría eliminar la gratuidad a estudiantes condenados por actos violentos. Según los expertos, la medida podría transformarse en una “doble sanción”, afectando las posibilidades de reinserción pedagógica de los alumnos involucrados.

Además, se planteó la necesidad de aplicar las medidas disciplinarias de manera gradual y con pertinencia pedagógica, junto con establecer que revisiones de mochilas o pertenencias sean realizadas exclusivamente por personal capacitado.

Los expositores también insistieron en diferenciar la violencia extrema —como hechos relacionados con armas blancas o de fuego— de situaciones más frecuentes como bullying, ciberbullying o acoso escolar, que representan gran parte de las denuncias registradas en el sistema educativo.

Pese a las críticas, parlamentarios como los senadores Cristián Vial, Rojo Edwards y Gustavo Sanhueza defendieron la necesidad de avanzar en la discusión legislativa, argumentando que existe una alta demanda de mayor seguridad desde las propias comunidades educativas.

En tanto, el senador Vlado Mirosevic planteó la posibilidad de otorgar autonomía a los consejos escolares para definir si aplican o no esta normativa dentro de sus establecimientos.

Por su parte, la senadora Yasna Provoste criticó que el proyecto esté centrado en una lógica de control más que en una protección integral de derechos, advirtiendo además que la ciudadanía podría generar expectativas excesivas respecto a la capacidad de la ley para resolver la violencia cotidiana en las aulas.