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Publicado por: Tiempo 21 | sábado 9 de mayo de 2026 | Publicado a las: 10:11
En entrevista exclusiva con Tiempo 21, la diputada Ericka Ñanco realizó un duro análisis del actual escenario político y social que enfrenta el país bajo la administración del Presidente José Antonio Kast. La parlamentaria acusó improvisación, falta de conducción política y una mirada excesivamente tecnocrática del Ejecutivo, asegurando incluso que “el Gobierno le ha estado mintiendo a la ciudadanía”.
Durante la conversación, Ñanco también abordó las tensiones generadas por el denominado Plan de Reconstrucción Nacional, la crisis de violencia en establecimientos educacionales y el impacto de los recortes e incertidumbres presupuestarias en regiones como La Araucanía. Además, defendió el rol fiscalizador de la oposición y llamó al Gobierno a abrirse a un diálogo “real” con las regiones y distintos sectores políticos.
Durante los primeros meses del gobierno de Gabriel Boric, sectores liderados por Kast fueron especialmente duros en sus críticas, cuestionando gestión, conducción y prioridades. Hoy, con Kast en La Moneda, el estándar de evaluación vuelve a estar en disputa, especialmente en áreas como seguridad, economía y manejo político. Si se aplicara el mismo nivel de exigencia y crítica que Kast utilizó en los primeros meses del gobierno de Boric, ¿cómo evaluaría usted el desempeño inicial del actual gobierno y dónde cree que están sus principales debilidades?
— Creo que lo más evidente en estos primeros meses ha sido la falta de experiencia política y de conducción del actual gobierno. Hemos visto improvisación, contradicciones públicas, errores comunicacionales graves y una dificultad constante para comprender que gobernar no es administrar una planilla Excel, sino conducir una sociedad compleja con empatía y responsabilidad institucional.
Y esto no es solo una percepción política. La propia Contraloría tuvo que intervenir luego de que autoridades instalaran públicamente la idea de un ‘Estado en quiebra’, algo falso y profundamente irresponsable por el impacto económico y social que puede generar. Hemos visto errores reiterados de vocerías, ministros tensionando innecesariamente el debate público y un Gobierno que muchas veces comunica antes de pensar las consecuencias de lo que dice.
El problema de fondo es que pareciera existir una lógica muy ideológica de gobierno, donde el ajuste fiscal se transforma en un fin en sí mismo y no en una herramienta subordinada al bienestar de las personas. Eso se refleja en el llamado Plan de Reconstrucción, que tiene muy poco de reconstrucción y mucho de reforma estructural promercado, favoreciendo principalmente a sectores de mayores ingresos mientras se debilitan capacidades del Estado y se anulan derechos sociales.
Además, hemos visto desorden en nombramientos, seremis que duran días en sus cargos, anuncios que después se corrigen y promesas de campaña que simplemente no se han materializado. Eso genera mucha incertidumbre. Gobernar exige prudencia, capacidad técnica y coherencia. Y hoy el Gobierno está mostrando más improvisación que conducción.
En el último tiempo, la violencia en entornos educativos —incluyendo agresiones entre estudiantes, ataques a docentes y presencia de armas— se ha instalado como una preocupación creciente en distintas regiones del país, tensionando el equilibrio entre políticas de convivencia escolar y medidas más punitivas. ¿Esta crisis es la respuesta a un problema mayor que arrastramos por años? ¿El Estado ha sido lento o ambiguo en enfrentar esta crisis? ¿Cómo compatibiliza la necesidad de medidas urgentes con evitar una lógica excesivamente punitiva dentro de los establecimientos?
— Acá hay que tener mucho cuidado, porque el riesgo es terminar criminalizando la educación y transformando las escuelas en espacios de control antes que de formación. La violencia escolar es un problema real y grave, pero no apareció de un día para otro: viene acumulándose hace años y refleja fracturas sociales mucho más profundas, como el deterioro de la salud mental, la precarización de la convivencia y la ausencia de redes de apoyo para niños, niñas y adolescentes.
El Estado ha llegado tarde y muchas veces ha respondido desde la reacción y no desde la prevención. Pero tampoco podemos caer en la lógica de creer que todo se resuelve llenando colegios de medidas punitivas o dispositivos de vigilancia. Porque cuando el miedo organiza la educación, lo que se termina afectando son precisamente los procesos educativos y las trayectorias de vida de los estudiantes.
La seguridad dentro de los establecimientos es necesaria, por supuesto, pero debe ir acompañada de apoyo psicosocial, fortalecimiento de comunidades educativas, trabajo con familias y políticas públicas sostenidas. Si reducimos esta crisis solo a un problema policial, vamos a seguir administrando síntomas sin resolver las causas.
La Ley Miscelánea —o Plan de Reconstrucción Nacional— mezcla más de 40 medidas distintas en un solo paquete, obligando a aprobar o rechazar todo junto. En una región con conflictos complejos y demandas históricas, ¿no es esto legislar de forma superficial, evitando discutir a fondo los problemas reales de La Araucanía?
— Sí, y ese es uno de los principales problemas de este proyecto. Se está utilizando la reconstrucción como argumento para medidas distintas en un solo paquete, mezclando temas tributarios, ambientales, administrativos y sociales, sin permitir una discusión seria y profunda de cada uno de ellos.
En la práctica, lo que hace este proyecto es aliviar la carga de los sectores de mayores ingresos mientras se traspasa el costo del ajuste a las familias y se debilita el rol del Estado. Se habla de reconstrucción, pero los recursos concretos para aquello son mínimos en comparación con la magnitud de los cambios estructurales que se quieren introducir.
Además, hay un riesgo muy delicado en materia ambiental y territorial. Se intenta tensionar la protección ambiental frente al desarrollo económico acelerando permisos y debilitando evaluaciones. En regiones como La Araucanía, donde existen conflictos históricos, desigualdad territorial y alta fragilidad social, legislar de manera superficial y empaquetada solo profundiza la sensación de abandono y desprotección.
La reconstrucción no puede transformarse en una excusa para desmontar derechos sociales ni para reducir la capacidad del Estado.
Este proyecto ha sido transversalmente criticado por generar más dudas que certezas, especialmente en materia fiscal y de inversión. Sin ir más lejos, el alza de combustibles y la incertidumbre generada por la eliminación del pago de contribuciones ha obligado a municipios a apretarse el cinturón. Diputada, en una región como La Araucanía, donde la incertidumbre ya es alta y las realidades —y por ende, también las necesidades— son diferentes, ¿cree que este tipo de leyes termina aumentando la desconfianza en lugar de entregar estabilidad real? ¿Cómo respondemos a necesidades urgentes de la región sin financiamiento?
— Sí, absolutamente. Lo que uno percibe es que el Gobierno está gobernando desde una lógica centralista, tecnocrática e incluso autoritaria, sin comprender las realidades concretas de regiones como La Araucanía. Acá la incertidumbre ya es alta por múltiples factores históricos, económicos y sociales, y cuando además se impulsan reformas confusas o medidas sin financiamiento claro, lo que se genera es más desconfianza.
La discusión sobre contribuciones, el alza de combustibles o los recortes presupuestarios impacta mucho más fuerte en regiones donde las distancias son mayores, los municipios tienen menos capacidad financiera y las familias destinan una parte importante de sus ingresos a transporte y servicios básicos.
El problema es que el Gobierno pareciera mirar el país solo desde cifras macroeconómicas y no desde cómo viven realmente las personas. Y cuando se debilita el financiamiento local sin ofrecer alternativas claras, se termina dejando a municipios y comunidades completamente tensionados para responder necesidades urgentes.
Ante esta crisis, ¿hay alguna coordinación entre los parlamentarios de la región y el Gobernador Regional, René Saffirio, ante eventuales recortes presupuestarios y fórmulas para dar respuesta a las necesidades de la región?
— Existe coordinación y diálogo, porque entendemos que la situación de La Araucanía requiere responsabilidad institucional y trabajo conjunto más allá de las diferencias políticas.
Hoy hay preocupación transversal respecto al impacto que podrían tener los recortes presupuestarios y la incertidumbre fiscal en proyectos regionales, inversión pública y programas sociales.
La región no puede seguir enfrentando improvisación desde Santiago. Por eso es importante fortalecer espacios de coordinación entre parlamentarios, municipios y el Gobierno Regional para priorizar necesidades y defender recursos que son fundamentales para las comunidades.
Y desde su trinchera parlamentaria, ¿qué se está haciendo para revertir esta inestabilidad? ¿Existe una oposición unida y firme para contrarrestar la posición del Gobierno hacia las diferentes problemáticas nacionales?
— Sí, hemos estado trabajando de manera articulada no solo para contrarrestar posiciones del Gobierno, sino también para transparentar y desenmascarar propuestas que se presentan con un relato distinto a sus efectos reales.
Nuestro rol como oposición no es bloquear por bloquear, sino fiscalizar, exigir transparencia y evitar que decisiones apresuradas terminen debilitando derechos o aumentando la desigualdad. Lo hicimos cuando se instaló información falsa sobre el supuesto “Estado en quiebra”, lo hemos hecho frente a proyectos mal diseñados, y también frente a medidas que afectan directamente a las regiones.
Hoy más que nunca la oposición tiene la responsabilidad de actuar con seriedad, porque hay un Gobierno que anuncia más de lo que efectivamente ejecuta y que le ha estado mintiendo a la ciudadanía. Y cuando existe improvisación o falta de conducción, el deber del Parlamento es poner límites democráticos y exigir responsabilidad.
¿Cree posible construir acuerdos reales con el Gobierno o estamos frente a un escenario donde el conflicto es permanente?
— Yo espero que sí, pero para construir acuerdos reales el Gobierno tiene que abrirse genuinamente al diálogo. Y hasta ahora muchas veces hemos visto lo contrario: decisiones tomadas de manera unilateral, proyectos empaquetados y poca disposición a escuchar observaciones legítimas desde las regiones o desde la oposición.
Los acuerdos no pueden construirse desde la imposición ni desde la lógica de que quien critica está obstruyendo. Gobernar también implica escuchar, corregir y entender que ningún sector tiene por sí solo todas las respuestas. Chile necesita estabilidad y responsabilidad política, y eso requiere diálogo real y respeto por nuestra democracia.
