Publicado por: Tiempo 21 | lunes 4 de mayo de 2026 | Publicado a las: 21:46
La Asociación de Agricultores de Malleco emplazó al Gobierno a aplicar “mano dura” frente a los llamados a movilización que circularon durante el fin de semana, en el marco de una convocatoria a una “Semana de Agitación” en apoyo a comuneros mapuche imputados por atentados incendiarios en el sur del país.
Las convocatorias, difundidas a través de redes sociales, buscan presionar por la liberación de personas detenidas en causas vinculadas a hechos de violencia rural, entre ellos el ataque al Molino Grollmus, ocurrido en agosto de 2022 en la provincia de Arauco.
En ese atentado —que afectó al museo y al histórico molino— desconocidos habrían disparado más de 400 veces, dejando a un adulto mayor y a un trabajador con heridas graves, además de provocar la destrucción del recinto. Por estos hechos, 21 personas, identificadas como integrantes de la Resistencia Mapuche Lafkenche, enfrentan actualmente a la justicia en Cañete, imputadas por delitos como homicidio calificado frustrado, incendio y porte ilegal de armas.
Frente a este escenario, el presidente del gremio, Sebastián Naveillán, fue enfático en su llamado al Ejecutivo: “el gobierno haga valer lo que prometió, que es seguridad, mano dura contra todas las personas que incitan a las diferentes rebeliones”.
El dirigente agregó que “como Asociación de Agricultores de Malleco esperamos que haya mano dura contra todas estas personas, pero que también que haya una mano blanda para el desarrollo, para la inversión y para poder seguir sacando la Región adelante”.
En esa línea, insistió en la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho en la zona: “necesitamos que la región tenga certezas jurídicas y es por eso que, en esta situación, el Gobierno tiene que aplicar el mayor rigor de la ley hacia todas estas personas que están haciendo este tipo de llamados”.
El pronunciamiento del gremio se produce en un contexto de alta sensibilidad en la macrozona sur, donde los llamados a movilización y los procesos judiciales en curso vuelven a tensionar el debate sobre seguridad, inversión y desarrollo en La Araucanía y regiones vecinas.