El ajuste afecta programas clave como subsidios y operaciones complementarias, además de reducir presupuestos en organismos autónomos, en medio de la estrategia del Gobierno para contener el gasto fiscal.

El Ministerio de Hacienda ingresó el pasado 24 de abril a la Contraloría General de la República un decreto que contempla un recorte de $150.379 millones en el Tesoro Público, como parte del proceso de ajuste del Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno.

La reducción se concentra principalmente en dos programas: Operaciones Complementarias, con una disminución de $92.082 millones, y Subsidios, con un recorte de $58.280 millones, configurando uno de los ajustes fiscales más relevantes en lo que va del año.

Dentro del primer ítem, destaca la baja aplicada al Fondo de Emergencia Transitorio, creado para enfrentar los efectos de los incendios que afectaron a la región de Valparaíso en febrero de 2024. Para este año, el fondo contaba con una asignación de $502.069 millones, pero el decreto propone reducir $17.581 millones, equivalente a un 3,5% de su presupuesto total.

Este fondo ya había registrado movimientos durante los primeros meses del año, con traspasos por cerca de $82.000 millones hacia los ministerios de Vivienda y Desarrollo Social, destinados a la ejecución de medidas en terreno.

El ajuste también impacta a diversas instituciones públicas, varias de ellas con recortes cercanos al 3% de sus presupuestos. Entre ellas se encuentran el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con una disminución de $490 millones; el Consejo para la Transparencia, con $262 millones; los Tribunales Ambientales, con $213 millones; la Defensoría de la Niñez, con $155 millones; y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, con $85 millones.

Sin embargo, los recortes más significativos en términos proporcionales afectan a organismos del sistema electoral. El Tribunal Calificador de Elecciones enfrenta una reducción del 16% de su presupuesto, equivalente a $195 millones, mientras que los Tribunales Electorales Regionales registran una baja del 18%, correspondiente a $773 millones.

El decreto se encuentra actualmente en revisión por parte de la Contraloría, instancia que deberá pronunciarse sobre la legalidad del ajuste en el marco del proceso presupuestario vigente.