El dirigente agrícola sostiene que el aumento del diésel solo expone un problema más profundo en el sector: un mercado agroalimentario —especialmente en regiones productivas como La Araucanía— donde, afirma, la industria concentra el poder para fijar precios y trasladar los costos hacia productores, transportistas y consumidores.

Por Italo Soto Villarroel.

En medio del reciente incremento en el precio de los combustibles y de un escenario económico que presiona con fuerza al sector agrícola, el debate sobre el futuro de la producción de alimentos vuelve a instalarse con fuerza en el sur del país. Desde el campo, agricultores advierten que el encarecimiento de insumos y transporte está profundizando una crisis que, aseguran, se arrastra desde hace años.

En conversación con Tiempo 21, Camilo Guzmán, presidente del gremio Agricultores Unidos, abordó el impacto que el alza del diésel está generando en la producción de cereales y otros cultivos, especialmente en La Araucanía, históricamente considerada el “granero de Chile”.

A su juicio, el problema no se limita a los costos de producción, sino que responde a una estructura de mercado donde la agroindustria concentra el poder de compra y define los precios a lo largo de la cadena alimentaria.

Guzmán también advierte sobre el progresivo abandono de la actividad por parte de pequeños y medianos productores, el aumento de la dependencia de importaciones de alimentos y la falta —según sostiene— de respuestas políticas de fondo para enfrentar una crisis que podría tener efectos directos en el empleo rural y en el precio de los alimentos para las familias chilenas.

El reciente aumento en el precio de los combustibles vuelve a presionar los costos del agro. ¿Cómo está impactando concretamente esta situación en los productores de trigo y otros cultivos en La Araucanía?

— El alza del combustible golpea duro, pero expone algo que ya estaba roto. La agroindustria tiene el poder para fijar lo que le paga al agricultor, lo que le cobra al transportista, y lo que finalmente llega al consumidor. Y ese poder lo usa de manera sistemática: comprime hacia abajo a los que producen y transportan, y traslada hacia arriba, rápido y completo, cualquier alza de costos.

El productor absorbe. El transportista absorbe. El trabajador agrícola absorbe. El único que no absorbe nada es el intermediario que controla el mercado.

Usted ha señalado que muchos agricultores están trabajando con márgenes cada vez más estrechos. ¿Existe hoy un riesgo real de que pequeños o medianos productores abandonen la actividad agrícola si los costos siguen subiendo?

— Ya está ocurriendo. No siempre es un cierre formal: es el productor que no siembra la próxima temporada, que no renueva maquinaria, que arrienda y se va.

Eso destruye empleo rural de forma silenciosa y sostenida. Y cuando el campo se vacía, los precios en la feria del barrio suben.

La inflación alimentaria que sufren las familias chilenas tiene nombre: es el resultado directo de un mercado que la agroindustria distorsionó a su favor durante décadas. Pusieron a Chile de rodillas, y la cuenta la paga el ciudadano común.

Desde Agricultores Unidos han cuestionado el funcionamiento del mercado del trigo. ¿Dónde cree que está hoy el principal problema: en los costos de producción, en el poder de compra de la industria o en las políticas públicas hacia el sector?

— El poder de mercado de la agroindustria. Sin rodeos.

Ellos tienen la capacidad de imponer precios hacia abajo, castigando al agricultor, al transportista y al trabajador, y de traspasar cualquier alza hacia arriba, al consumidor, de manera inmediata y completa.

La asimetría es total: las pérdidas las distribuyen hacia la base de la cadena, y las ganancias las concentran en el centro. Eso no es libre mercado. Es extracción de renta con poder de mercado. Mientras no se corrija esa distorsión, todo lo demás es parche.

Considerando el escenario económico actual, y en relación a sus demandas, ¿han tenido acercamientos con el nuevo Gobierno? ¿Qué soluciones les han planteado? ¿Es suficiente?

— El Ministro de Hacienda aún no nos ha recibido. Eso lo decimos con todas sus letras, porque refleja la urgencia con que el Gobierno está tratando este tema.

Ha habido conversaciones con equipos técnicos del Ministerio de Agricultura, que valoramos, pero no alcanzan. Necesitamos que quienes toman las decisiones se sienten a mirar los números. Seguimos disponibles. El problema no espera.

¿Qué medidas concretas debería tomar el gobierno para evitar que la agricultura del sur entre en una crisis más profunda?

— Lo primero y más urgente es terminar con la formación arbitraria de precios que opera en toda la cadena agroalimentaria. Cuando el precio no se forma de manera transparente, la extracción de renta es inevitable, y esa extracción empobrece a todos: al agricultor, al trabajador, al consumidor. Eso incluye el mal uso de los subsidios: el chileno de a pie paga IVA, ese IVA financia subsidios al sector, y esos subsidios terminan capturados por la agroindustria en múltiples rubros, granos, frutas, carnes, lácteos, semillas, insumos, porque mientras el precio se forme de manera arbitraria, cualquier ayuda que el Estado entregue queda atrapada en la cadena antes de llegar a quien la necesita. El Estado subsidia, el ciudadano financia, y la agroindustria cobra. Eso hay que terminarlo.

Lo que le pedimos al Gobierno es concreto: combatir y eliminar todas las distorsiones de mercado, y aplicar el rigor de la ley a quienes abusan y dañan el sistema. Sin excepción y sin

contemplación. Porque cuando el mercado funciona limpio, no hay que pedirle nada más a nadie: las iniciativas que son económicamente viables prosperan solas, generan empleo, generan riqueza, generan bienestar para todos. El problema no es falta de potencial.

El problema es que con este esquema lleno de distorsiones y de abuso, ningún futuro es posible.

Y hay algo que grafica mejor que cualquier estadística el nivel de captura que tiene la agroindustria sobre este sistema: en décadas de abuso documentado, en múltiples rubros, a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, existe una sola demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Una sola empresa tuvo la valentía de denunciar. El resto, silencio.

Eso no es casualidad, es la medida exacta del poder que tienen estos grupos y del costo que tiene enfrentarlos. Es una causa que está activa hoy, en el rubro lácteo, y que cualquier periodista con acceso al tribunal puede consultar. Le invito a buscarla. Vale la pena leerla.

La Araucanía históricamente ha sido considerada el “granero de Chile”. Con los actuales costos de producción y el alza de combustibles, ¿cree que el país está en riesgo de depender cada vez más de la importación de alimentos?

— No es un riesgo futuro: es una realidad que ya está aquí, y que muy pocos se atreven a decir en voz alta. Chile importa cerca del 50% de los cereales y legumbres que consume. En trigo, la mitad de la demanda nacional se satisface con importaciones. El maíz y la soya son prácticamente importados en su totalidad, al igual que el arroz, los aceites y gran parte de la carne bovina. Las grandes empresas productoras de pollo y cerdo que muchos creen que son industria nacional son, en los hechos, simples ensambladores: compran el maíz y la soya afuera, los transforman aquí, y los venden como si fueran producción propia. No producen alimentos: procesan insumos importados.

Camilo, ¿cómo fue que llegamos a importar nuestra comida?

— No fue un accidente. Fue el resultado de décadas de un modelo que priorizó la agricultura de exportación, desmanteló la producción de alimentos básicos y dejó que la agroindustria capturara las rentas de toda la cadena. El campo chileno que pudo haber alimentado al país fue sistemáticamente desplazado porque no era negocio para los que controlaban el mercado.

Y la pregunta que nadie quiere responder es esta: ¿qué pasa si mañana Argentina decide no exportarnos el trigo porque lo necesita para sí misma? Ningún país exporta lo que necesita para comer: los países exportan sus excedentes. Chile apostó a depender de esos excedentes, y hoy estamos de rodillas esperando que a otros les sobre. Eso no es política alimentaria. Es una ruleta rusa con la comida de todos los chilenos.

En el contexto del alza de combustibles, es innegable que el gremio agrícola debe trabajar de la mano con el de camioneros. Teniendo en cuenta que los transportistas paralizaron actividades en circunstancias críticas, como la pandemia, por ejemplo, ¿cuál es tu parecer con respecto a la pasividad de los camioneros frente a esta alza histórica?

— No me corresponde opinar sobre las decisiones internas de otros gremios. Lo que sí podemos observar es que la misma presión que ha debilitado al sector agrícola opera también

en el transporte: cuando los márgenes se comprimen durante años, los gremios pierden masa crítica, capacidad de movilización y poder de negociación.

Quizás lo que estamos viendo no es pasividad, sino el síntoma de un desgaste más profundo, el mismo que nosotros conocemos bien desde el campo. Si es así, la causa es la misma y la solución también debería serlo.