El Presidente cuestionó el avance en el Senado de una iniciativa que permitiría cumplir condenas fuera de la cárcel a reos de edad avanzada o con enfermedades graves. Desde el Ejecutivo advirtieron que la norma podría beneficiar también a condenados por delitos graves como homicidio o violación.

El Presidente Gabriel Boric criticó con dureza el proyecto aprobado en general por el Senado que busca establecer un sistema de cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, iniciativa que podría permitir que algunos condenados cumplan sus sentencias fuera de la cárcel bajo determinadas condiciones.

La propuesta fue respaldada por una estrecha mayoría en la Cámara Alta —23 votos a favor y 22 en contra— y contempla mecanismos que permitirían conmutar o sustituir el cumplimiento de la pena para reclusos de edad avanzada o con graves problemas de salud, lo que abrió un intenso debate político y jurídico.

A través de sus redes sociales y en declaraciones públicas, el mandatario manifestó su preocupación por los alcances de la iniciativa, advirtiendo que podría beneficiar a personas condenadas por delitos de alta gravedad. “Los crímenes de lesa humanidad son una de las acciones más horribles que reconoce nuestra legislación y también el mundo entero”, afirmó el jefe de Estado.

En esa línea, Boric sostuvo que el proyecto “no solo permitiría que estos condenados estén en sus domicilios, sino que también aquellos con condenas por homicidio, parricidio y violación”, lo que —a su juicio— podría abrir un escenario complejo para el sistema penal chileno.

El Presidente fue aún más categórico al advertir sobre las consecuencias de la iniciativa si avanzara sin modificaciones en el Congreso. “Este proyecto de ley consagra la impunidad para criminales que le han hecho grande daño a nuestro país”, señaló, llamando a los parlamentarios a reflexionar durante su discusión legislativa.

El debate sobre esta normativa se ha intensificado en los últimos días, debido a que algunos sectores sostienen que podría beneficiar a condenados por violaciones a los derechos humanos, mientras que sus defensores argumentan que el objetivo es “humanizar” el cumplimiento de las penas en casos de reclusos de edad avanzada o con enfermedades terminales.

Tras su aprobación en general, el proyecto continuará su tramitación legislativa, abriéndose un plazo para presentar indicaciones antes de que vuelva a discutirse en el Senado, en medio de un clima político marcado por fuertes divisiones respecto a su alcance y consecuencias.