El titular de Justicia criticó duramente la aprobación en general de la iniciativa en el Senado y advirtió que podría permitir que miles de condenados, incluso por delitos graves o de lesa humanidad, cumplan sus penas fuera de la cárcel.

Un intenso debate político generó la aprobación en general en el Senado del proyecto que busca permitir el cumplimiento alternativo de penas para reos de avanzada edad o con graves enfermedades, iniciativa que obtuvo 23 votos a favor y 22 en contra y que ahora continuará su tramitación legislativa.

La propuesta, impulsada por senadores de oposición, plantea que internos mayores de 70 o 75 años —según las indicaciones que se discutan— o con enfermedades terminales puedan cumplir sus condenas bajo modalidades alternativas, como arresto domiciliario. El proyecto abrió un fuerte debate debido a que también podría beneficiar a condenados por delitos de lesa humanidad o crímenes graves, lo que motivó el rechazo del Gobierno.

Tras conocerse el resultado de la votación, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se mostró visiblemente afectado e incluso se quebró al referirse al impacto que podría tener la iniciativa para víctimas de violaciones a los derechos humanos. Luego de conversar con familiares de detenidos desaparecidos, el secretario de Estado expresó que para ellos “es un día terrible… han sufrido 50 años y vuelven a ver cómo lamentablemente los poderes públicos no están a la altura”.

En su crítica al proyecto, Gajardo sostuvo que la iniciativa representa un retroceso en materia de justicia y seguridad pública. “Hoy es un día negro para la democracia, para la protección de los derechos humanos y para la persecución penal en nuestro país”, afirmó el ministro, agregando que la aprobación de la propuesta abre la puerta a beneficios penitenciarios para personas condenadas por delitos extremadamente graves.

El titular de Justicia también advirtió que la normativa podría permitir que “criminales peligrosos” —incluidos condenados por homicidio, parricidio, femicidio, violaciones o abusos sexuales contra menores— cumplan sus penas fuera de la cárcel, lo que a su juicio “pone en grave peligro la seguridad de nuestra sociedad”.

Además, el ministro aseguró que el Gobierno manifestó su rechazo durante toda la tramitación. “El Ministerio de Justicia nunca estuvo de acuerdo con este proyecto”, enfatizó, señalando que la cartera participó en las comisiones parlamentarias advirtiendo que la iniciativa podría contradecir tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Según estimaciones entregadas por el propio Ejecutivo, el proyecto podría llegar a beneficiar hasta a 12 mil personas privadas de libertad, lo que equivaldría aproximadamente al 20% de la población penal del país, lo que explica la preocupación manifestada por el Gobierno.

Pese a la polémica, el proyecto seguirá su tramitación en el Congreso. El Senado fijó plazo hasta el 16 de marzo para presentar indicaciones, tras lo cual se retomará la discusión en particular de una iniciativa que ya se ha transformado en uno de los debates más sensibles en materia de justicia y derechos humanos en el país.